Este 4 de junio se cumplen cuatro años desde que tuvo lugar el primer desalojo y apuntalamiento en los Apartamentos Don Pepe, concretamente se desarrolló en la escalera 1 del bloque A donde vivían unas diez familias. Desde entonces, este caso se ha convertido en un verdadero caos urbanístico lleno de retrasos, estudios, propuestas políticas y cambios urbanísticos legales que han suscitado entre los vecinos mucha angustia e inquietud durante estos cuatro años. A estas 10 familias se sumaron más vecinos del bloque A con el desalojo de la escalera 2 y el resto de plantas del mismo edificio. Finalmente, todos los inquilinos tuvieron que abandonar el edifico porque el juez desestimó todas las medidas legales que solicitaron los vecinos a través del abogado de la comunidad, quien empezó a interponer recursos contra el anterior equipo de Gobierno de Sant Josep.
En total se llegaron a desalojar unas 50 familias de uno de los dos edificios Don Pepe, los cuales fueron construidos fuera de ordenación en 1964 dentro Parque Natural de Ses Salines. No obstante, según los técnicos municipales, sólo el bloque A estaba en estado ruinoso y no tenía licencia de obra. Este informe técnico sobre el estado de la edificación tuvo lugar después de que cayera el 30 de mayo de 2020 un trozo de forjado entre el cuarto y el quinto piso en una de las viviendas, lo que supuso el detonante de esta situación de desalojo que provocó decenas de protestas y exigencias por parte de estos vecinos a representantes del Ayuntamiento de Sant Josep, el Consell d'Eivissa y el Govern balear. Tras lo sucedido algunos de estos afectados fueron realojados de forma temporal en los apartamentos Bon Sol, inmuebles cedidos por el Consistorio, mientras paralelamente el Consell d'Eivissa abría una línea de ayudas de 2.500 euros para las personas desalojadas que vivían en régimen de alquiler y 10.000 euros para los propietarios.
Falta de licencia
Medidas insuficientes para estos vecinos «que lo habían perdido todo» como consecuencia de esta falta de licencia urbanística del bloque A. Por su parte el bloque B sí tiene licencia, pero fue declarado fuera de ordenación porque se levantó una quinta planta de forma ilegal cuando sólo había licencia para construir cuatro pisos. Una distinción entre edificios que provocó dos situaciones muy diferentes. Por un lado, un plan de derrumbe del bloque A y, por otro, la rehabilitación del bloque B, que sí que tiene una licencia parcial. Tras esta noticia, varias propuestas políticas se pusieron sobre la mesa para ofrecer una solución urbanística a los inquilinos desalojados como alternativa habitacional, siendo la propuesta más viable la permuta por una nuevo edifico. Fue entonces cuando el anterior Govern balear aprobó un decreto de medidas urgentes vinculado al planeamiento urbanístico para clasificar como suelo urbanizable los terrenos de una parcela en Sant Jordi: el objetivo era construir dos edificios destinados a las familias de ambos bloques.
Sin compensación
En este sentido, también se aprobó compensar a los propietarios de estos terrenos para la reubicación de los vecinos. Durante estos meses, el exalcalde socialista de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, estaba siendo investigado por corrupción urbanística en diferentes urbanizaciones del municipio; poco después fue detenido por dicha trama. No obstante, antes de su detención se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, que supusieron un cambio político en el Ayuntamiento de Sant Josep y en el Govern balear. Esto provocó una nueva propuesta urbanística que consistió en un cambio de normativa para no derribar el bloque B de los Don Pepe -que está fuera de ordenación- y legalizarlo a través de una amnistía urbanística recogida en el nuevo decreto ley de simplificación administrativa. Cabe recordar que actualmente siguen viviendo unas 48 familias en este edificio de los Don Pepe. También en uno de los plenos celebrados a finales de 2023, el alcalde del municipio, Vicent Roig, se comprometió a prorrogar las ayudas temporales al alquiler que perciben estas personas.
No obstante, en los últimos meses el Consistorio se ha mostrado dudoso respecto al solar escogido para la construcción de las VPO en la zona de Can Raspalls, adelantando que hay otras opciones en la localidad para poder edificar. También reculó en relación a la compensación económica destinada a los propietarios de los terrenos, ya que en el último pleno Roig afirmó que se eliminaba de la propuesta urbanística esta indemnización, para sorpresa de los partidos de la oposición. Hay que señalar que dos meses antes la consellera de Vivienda, Marta Vidal, desconfió de la valoración que realizó un arquitecto técnico contratado por el PSOE para compensar a los propietarios del solar. No obstante, este rechazo económico que anunció Roig volvió a levantar recelo entre algunos vecinos de Sant Josep, incluso algunos de ellos utilizaron el hashtag ‘Justicia para los Don Pepe' durante la emisión del pleno a través de las redes sociales.
No obstante, sí que valoraron positivamente que Sant Josep aprobara solicitar al Consell d'Eivissa la suspensión del planeamiento urbanístico vigente en el municipio desde 1986, y la aprobación de unas Normas Provisionales de Planteamiento (NPP) que regirán el urbanismo municipal hasta que no se apruebe el nuevo Plan General de ordenación Urbana (PGOU). Con motivo de estos cuatro años, este medio se ha intentado poner en contacto con algunos vecinos del bloque desalojado, pero optaron por no hablar sobre la situación urbanística actual «hasta no ver soluciones». Sí que optó por valorar esta realidad otra inquilina que vivía en el bloque A, quien subrayó que este proceso está lleno de «actuaciones ilegales». En esta misma línea, lamentó que, debido a este desalojo y la falta de soluciones viables, «van a perder todo su patrimonio». «Pasaremos de recibir ayudas a pagar un alquiler social, si es que se construyen estas VPO», destacó.