El Ayuntamiento de Santa Eulària ha salido este miércoles al paso de las críticas vertidas del grupo municipal socialista al respecto de las supuestas «gravísimas irregularidades» a través de un contrato de arrendamiento de un local, vinculado familiarmente al concejal Miguel Tur, por 500.000 euros y la posterior reforma integral del mismo por 334.00 euros. Este local será la nueva oficina de Servicios Sociales. En este sentido, el equipo de gobierno de la Villa del Río lamentó que los socialistas saquen de nuevo a relucir este tema cuando es de 2020 y fue archivado el año pasado por la Oficina Anticorrupción del Govern. Recordaron, además, que PSOE y podemos «tuvieron el poder de vetar el alquiler de dicho local, además de no haber alegado o ejercido ninguna acción en contra de ese contrato y de la posterior reforma necesaria para su uso en condiciones adecuadas. Se recuerda, además, que Anticorrupción ni denunció el contrato a Fiscalía ni obligó a resolver el contrato y que sólo estableció que se debía contar con un Plan de Medidas Antifraude, que ya se tenía, y la obligación de que la alcaldesa no forme parte de la Mesa de Contratación en aquellos acuerdos cuyo órgano de contratación es Alcaldía, algo que ya hace tiempo que se viene cumpliendo».
Santa Eulària prosigue explicando que en su momento, «y atendiendo a la posibilidad de surgiesen suspicacias en referencia al procedimiento, se ofreció a los representantes del PSOE y de Podemos el veto al alquiler de dicho local, derecho que no ejercieron ninguno de los dos partidos. Es más, públicamente se manifestó desde Podemos que habían buscado locales adecuados y que no habían encontrado ninguno».
«La transparencia ha sido total y absoluta en este procedimiento. Empezando por el hecho de que se hiciera una licitación para una contratación que, según la normativa, se podría haber hecho de forma directa. Se abrió la posibilidad así de que cualquier propietario con un local que pudiera cubrir las necesidades de espacio de Servicios Sociales pudiera presentarse y ganar el concurso. No hubo otras propuestas», recordaron desde el Consistorio.
Cabe recordar que, una vez que desde Servicios Sociales se analizaron 12 locales de los que se tenía conocimiento que estaban en alquiler, se estimó que ese era el más adecuado, pero, aun así, se realizó un procedimiento abierto para que cualquiera pudiera presentarse y conseguir así el mejor espacio para los usuarios de este departamento y sus trabajadores. Durante dicho procedimiento, así como el de su adecuación, «no se presentaron alegaciones en contra, lo que da idea también de la falta objetiva de irregularidades», según destacaron.
En cuanto a las obras de reforma, éstas eran necesarias para cumplir con los requisitos mínimos de unas oficinas que acogen a cerca de una quincena de personas, que deben ofrecer una atención al público variada garantizando cuestiones como la privacidad y la dignidad en todo momento, además de cumplir con las condiciones suficientes para que los trabajadores cumplan sus funciones en las condiciones mínimas exigibles.
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària han defendido este miércoles de nuevo la honorabilidad de todos sus miembros, desde los directamente afectados en este caso, como la de los técnicos y trabajadores de la casa.