El nuevo de decreto ley de medidas urgentes en materia de emergencia habitacional permite aprovechar edificaciones inacabadas con licencia caducada, en suelo urbano, para recuperar esas estructuras hoy inservibles, los llamados ‘esqueletos', para la construcción de viviendas a precios asequibles para los residentes en las Islas.
La condición que deben cumplir es que sean vivienda a precios limitados, la nueva figura que ja puesto en marcha el Govern con esta norma y también que la estructura esté completamente finalizada de forma que se puedan poner en marcha pisos con cierta celeridad y se consiga, además una ciudad más compacta con la finalización de estas obras.
El Govern no tiene un listado exacto de cuántos edificios podrían acogerse al régimen especial que marca la ley para completar la construcción del edificio, pero sí tiene constancia de que es una circunstancias que se da en todos los municipios de las islas. En Baleares hay construidas 625.123 viviendas, según el último Censo de Vivienda realizado por el Ministerio. En estos datos no figuran los esqueletos que se ven al pasear por las calles de las ciudades, pero por muy bajo que sea el porcentaje puede haber opciones para construir una importante cantidad de pisos.
En los edificios inacabados que se acojan a esta medida no se pueden incrementar alturas, se establece que no pueden superar el numero de plantas previsto en la licencia caducada. Fuentes de la Conselleria balear de Vivienda señalan que se trata de un régimen especial para edificaciones inacabadas con licencia caducada, en estado ruinoso o en situación de inadecuación.
Eso significa que han podido tener licencia municipal en el pasado pero que actualmente ya no cumplen el planeamiento municipal actual, lo que les deja fuera de ordenación e impide que estas estructuras sean aprovechadas. Con esta medida, se abre una nueva vía para generar más vivienda a precios asequibles, además de las más conocidas de permitir que se crezca en altura, que los locales comerciales se conviertan en viviendas o que se dividan en pisos más pequeños.
El decreto permite poner en marcha otros programas e iniciativas tanto por parte del Govern como de los ayuntamientos. Uno de ellos es el que permite ceder suelo público a la iniciativa privada para la construcción de viviendas de protección que se alquilarán después a un precio limitado. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ya ha dicho que hará uso de esta figura, con la que pretende sacar al mercado en los próximos años unas 13.000 viviendas.
A estas propuestas constructivas se suman las nuevas promociones del Ibavi, pero el Govern tiene la mirada puesta en el servicio de alquiler inmobiliario llamado ‘Alquiler Seguro', por el que alquilará a los propietarios viviendas que estén vacías y después las subarrendará a los ciudadanos por un precio que estará un 30 % más barato que el precio de mercado. El Govern está convencido de que esta medida incentivará la salida de vivienda para los residentes.