El drama del asentamiento ilegal en la zona de Can Raspalls, en Sant Jordi, está lejos de solucionarse debido a la existencia de varias dificultades. Entre ellas la «desidia» del propietario del terreno a la hora de actuar sobre el solar, la falta de competencias municipales para intervenir o la negativa de las personas que viven en estas chabolas de abandonar este asentamiento. Es por eso que este jueves el PSOE ha presentado una moción en el pleno del Ayuntamiento de Sant Josep para que el equipo de gobierno actúe en dicha problemática social. En este sentido, Pilar Ribas, del PSOE, ha solicitado al PP que inste a las administraciones superiores para que impulsen las medidas necesarias para dar solución a esta realidad que padecen las 200 personas que viven en este campamento chabolista de Can Raspalls.
Una cantidad que, según ha explicado Ribas, ha aumentado respecto al año pasado, puesto que ahora mismo este campamento abarca la totalidad de dos feixes situadas en la calle de ses Campanes. «También exigimos a este equipo de gobierno que se ponga en contacto con la propiedad del solar para que limpie este terreno y que ofrezca a las familias vulnerables, que residen en este campamento, una alternativa habitacional», ha subrayado Ribas, resaltando que es necesario también que el PP se reúna con las diferentes asociaciones de la zona porque estos usuarios padecen cada día las consecuencias de este asentamiento.
Fondo de inversión
Tras esta intervención, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha destacado que este equipo de gobierno lleva tiempo intentando paliar esta situación, pese a no tener todas las competencias ni todos los medios necesarios. Roig indicó que este solar pertenece a un fondo de inversión, el cual ha mostrado durante todo este tiempo un gran «pasotismo». «Nos hemos reunido con ellos en Ibiza, pero sólo mostraron desidia ante esta situación de okupación del solar», ha apuntado Roig, destacando que desde el Ayuntamiento solicitaron un informe para poder desclasificar el terreno para poder actuar, pero la petición no fue admitida. Es por eso que, durante todo este tiempo, según el alcalde de la localidad, le han reclamado a la propiedad que actué sobre su solar, denunciando esta okupación del terreno, pero, según Roig, no han realizado ningún tipo de actuación al respecto. «Les notificamos este requerimiento, pero no obtuvo contestación y entonces se inició el procedimiento sancionador por no cumplir con su obligación legal de mantenimiento», ha afirmado el alcalde, indicando que esta sanción de 900 euros fue «irrisoria».
Desde entonces el Consistorio, en coordinación con la Policía Local, cerró uno de los accesos para entrar al terreno y ha adelantado que este viernes llevarán a cabo el cierre total de la parcela. «Con la propiedad no podemos contar; han contratado a un abogado en la isla, pero es igual de improductivo», ha lamentado. En este sentido, ha agregado que, actualmente, la Policía Local de Sant Josep se desplaza por esta zona cada 10 días para controlar el asentamiento. «Hemos identificado a todas las personas que viven en estas infraviviendas y hemos contabilizado 98 núcleos diferentes que albergan unas 200 personas», ha destacado. Asimismo, Roig ha afirmado que, según el último informe de Bienestar Social, no hay familias vulnerables viviendo en este campamento. «El problema es el alto precio del alquiler. Por ejemplo, hay una familia de siete personas y todos cobran un salario, y no precisamente malo», ha informado.
Abuso inmobiliario
No obstante, estas personas, según ha subrayado Roig, no están dispuestas a pagar más de 2.500 euros al mes por una vivienda. «No es un problema de vulnerabilidad, sino de abuso inmobiliario. No se quieren marchar de aquí», ha precisado, mientras señalaba que un 40 % de estas personas, la mayoría trabajadores de temporada, no tienen documentación. Al respecto, ha añadido que, tras conocer esta realidad, solicitaron a las empresas que contrataron a estos empleados, que viven en las infraviviendas, colaboración para ofrecerles un hogar porque «estos negocios no se pueden permitir que sus trabajadores estén bajo esta situación». Sin embargo, ha adelantado que algunas de estas empresas sí ofrecieron alojamiento a cambio de un menor salario, pero ha destacado que rechazaron la oferta porque prefieren seguir en este asentamiento.
Asimismo, Roig ha señalado que el tema de los campamentos ilegales «se ha salido de madre» en el municipio e incluso en algunos, como ha sucedido este jueves en Sant Jordi, se han llegado a producir incendios dentro de las chabolas. «Es momento de actuar y ejercer la normativa municipal en los espacios de accesibilidad pública para evitar estos campamentos ilegales. También se instará al Consell d'Eivissa para que actué contra estos asentamientos en suelo rústico», ha apuntado, adelantando que el PP no iba a votar a favor de esta moción porque, según Roig, las actuaciones exigidas por el PSOE ya se están llevando a cabo.
Modelo económico
Por su parte, el concejal de Ara Eivissa Josep Antoni Prats ha afirmado que el asentamiento en sí mismo no es el problema, sino el síntoma del problema. «La cuestión es estructural como consecuencia del modelo económico. Un modelo que nos impide ofrecer una solución habitacional para poder ayudar. Nos incomodan estos campamentos porque no deja de ser un reflejo de lo que tenemos, y lo peor es que no sabemos cómo arreglar esta situación», ha lamentado Prats, haciendo hincapié en que la única solución es que este problema también «incomode» a aquellos que pueden cambiar las cosas en la isla. «Desde las instituciones públicas también tenemos que contribuir a este cambio de modelo», ha señalado, recodando cómo esta semana el Consell de Mallorca anunció que dejará de acudir a tantas ferias turísticas.
«Hay que buscar el decrecimiento en Ibiza», ha precisado. En esta misma línea se ha mostrado Mónica Fernández, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Sant Josep, quien ha señalado que «estos asentamientos son la cara visible de nuestro fracaso». «Es muy doloroso ver esta situación; nuestra prioridad tiene que ser la lucha contra la especulación y el alquiler ilegal», ha subrayado, mientras la concejala del PSOE ha exigido declarar Ibiza zona tensionada y topar los alquileres. «El equipo de gobierno tiene que buscar más recursos y actuar», ha solicitado. Al respecto Roig ha explicado que, dentro de las competencias municipales, se está actuando a la hora de atender esta situación. Y, en relación al decrecimiento solicitado por Prats, ha indicado que hay que enfocarlo a todos aquellos que llegan a Ibiza para aprovecharse y abusar de la isla.
Asimismo, Araceli Colomar, de Vox, ha calificado a estas personas que viven en el campamento de «delincuentes» porque «han tomado por la fuerza una propiedad privada». «Están cometiendo un delito y no están teniendo consecuencias. No entiendo que estas personas nos den pena y otros trabajadores que también padecen el problema de la vivienda en la isla, como son los funcionarios, no nos den pena», ha explicado. Tras todas estas intervenciones, ha llegado el momento de las votaciones de la moción presentada por PSOE, siendo rechazada finalmente por nueve votos a favor (PSOE, Ara Eivissa y Unidas Podemos) y doce votos en contra (PP y Vox).