El pleno del Consell d’Eivissa ha aprobado este jueves la declaración del casco antiguo y el Paseo Marítimo de Ibiza, Platja d’en Bossa y el ámbito de Talamanca correspondiente al municipio de Ibiza como zonas turísticas saturadas y de reconversión. El acuerdo ha salido adelante con los votos favorables del PP, mientras que el PSOE se ha abstenido y Vox y Unidas Podemos han votado en contra.
La declaración pretende activar un conjunto de instrumentos destinados a renovar estas áreas mediante inversiones en infraestructuras públicas, modernización de establecimientos turísticos, movilidad, espacio público, agua, saneamiento, prevención de inundaciones, gestión de residuos, litoral y patrimonio. Se han previsto más de 35 millones de euros en actuaciones públicas y privadas, aunque las cantidades son todavía estimativas y deberán concretarse mediante proyectos y programaciones presupuestarias.
El vicepresidente primero y conseller de Ordenación Turística, Mariano Juan, ha defendido durante el debate que el objetivo es cambiar el modelo basado en el crecimiento por otro centrado en la mejora de lo existente. «El modelo es de calidad, no de cantidad», ha señalado, antes de remarcar que los hoteles «no pueden aumentar su capacidad sino reconvertir y mejorar lo que ya hay».
El plan contempla 6,9 millones de euros para infraestructuras y accesibilidad, 1,5 millones para movilidad sostenible, 22 millones para reordenación y mejora urbana, tres millones para renovación de la oferta turística, 1,8 millones para gestión de recursos y espacios naturales y otros 500.000 euros para gobernanza y participación.
Según ha explicado Juan, la declaración tendrá efectos jurídicos concretos, entre ellos la tramitación de planes de rehabilitación y reconversión integral y la consideración de estas zonas como prioritarias para recibir determinadas inversiones públicas. Además, el Ayuntamiento de Eivissa prevé que puedan optar a una convocatoria de fondos europeos prevista para este mes.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate fue el régimen extraordinario de modernización de los establecimientos turísticos existentes. Los negocios legalmente implantados podrán ejecutar obras de mejora de la calidad, seguridad, accesibilidad y eficiencia energética e hídrica, entre otras actuaciones, con un incremento máximo ordinario del 10 % de la superficie edificada y de la ocupación existentes o permitidas.
El vicepresidente ha insistido en que este mecanismo no permitirá aumentar el número de plazas turísticas. «Las obras no pueden implicar aumento de plazas hoteleras», ha afirmado, y ha explicado que el incremento de superficie está pensado principalmente para ampliar zonas comunes, servicios o instalaciones.
Desde Unidas Podemos, Óscar Rodríguez ha cuestionado que las inversiones públicas queden vinculadas a la actividad turística. «Necesitamos que el turismo sea el centro de todo», ha criticado, aunque ha asegurado que las inversiones planteadas le parecían positivas. Rodríguez considera que las actuaciones previstas «se pueden hacer sin la declaración» y sostiene que no corresponde a la sociedad asumir las externalidades generadas por el sector turístico. «¿Qué tiene que ver que mejoremos un ‘parking’ con que un hotel se amplíe?», ha planteado durante el debate.
Jaime Díaz de Entresotos, de Vox, también ha rechazado la propuesta al considerar que las actuaciones previstas ya podían realizarse con la normativa existente. «Todo esto se podía hacer con la normativa anterior, todo esto es un postureo», afirma.
Por parte del PSOE, Elena López ha centrado su intervención en las consecuencias que la declaración pueda tener sobre proyectos concretos. En particular, ha preguntado a Mariano Juan si la nueva figura permitiría «desatascar la licencia del Corso» y si supondría una vía para solucionar la situación administrativa de este establecimiento.
Juan ha respondido que la declaración no modifica el régimen de usos vigente. «Si antes no se podía hacer una discoteca, ahora tampoco», afirmó. También ha señalado que cualquier cambio que pudiera producirse en el caso del Corso sería incluso desfavorable para el establecimiento, ya que el porcentaje de ampliación pasaría del 15 al 10 %.
El conseller popular ha defendido que las actuaciones previstas deben entenderse como una estrategia global para unas zonas que considera colmatadas. «Estos planes son para gestionar, para mitigar, para que estas zonas colmatadas puedan tener inversiones importantes», afirma. También ha reivindicado que las inversiones públicas beneficiarán al conjunto de la población y que las actuaciones privadas estarán condicionadas al interés público.
La declaración contempla asimismo proyectos para mejorar los desplazamientos peatonales y ciclistas, reforzar el transporte público, crear aparcamientos disuasorios y ordenar los accesos y la circulación. En materia ambiental, se plantean inversiones en abastecimiento y saneamiento, prevención de inundaciones, gestión de residuos, recuperación de playas y protección del litoral y de las praderas de posidonia.
El acuerdo aprobado por el Consell es el primero de un proceso que pretende extender esta estrategia al conjunto de la isla. La institución insular trabaja ya con documentación correspondiente a otros municipios y prevé aprobar antes de finalizar 2026 las declaraciones de zonas turísticas saturadas o de reconversión del resto de Ibiza.
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