Un informe jurídico externo encargado este mes determinará si el Ayuntamiento de Sant Antoni puede sancionar o, incluso, rescindir el contrato con la empresa que desde 2020 se ocupa del alumbrado público en el consistorio ‘portmanyí'. Así lo explicó la primera teniente de alcalde de Sant Antoni, Neus Mateu, en respuesta a una pregunta de Vox en el pleno.
Mateu señaló que después de muchos meses de estar detrás de la UTE Ferrovial-Mespisa requiriendo toda la documentación necesaria para elaborar una auditoría sobre el servicio, al fin han conseguido la mayor parte de los documentos para ello. «No nos lo han entregado todo porque hay cosas que no las han hecho», señaló Mateu.
Según el contrato, la UTE estaba obligada a presentar un informe y una auditoría anual, unos documentos que nunca han entregado desde que están al cargo de este servicio en Sant Antoni.
Adjudicación polémica
El equipo de gobierno de Pep Tur ‘Cires' se vio obligado a adjudicar la concesión del alumbrado público de Sant Antoni a la UTE Ferrovial-Mespisa después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales admitiera el recurso que esta unión temporal de empresas presentó contra el acuerdo del pleno de Sant Antoni de 19 de diciembre de 2018 que la excluía de la licitación, anulando el acuerdo y retrotrayendo el procedimiento al momento anterior a su exclusión.
Cabe recordar que la UTE Ferrovial Servicios-Mespisa fue excluida por la Mesa de contratación al constatar que su oferta económica suponía una bajada del 47,70 %, superior en más de 10 puntos porcentuales a la oferta media de las presentadas, por lo que fue considerada anormalmente baja. Al respecto hay que señalar que Citelum Ibérica, ganadora del concurso en primera instancia, presentó una oferta económica que ascendía a 372.383,69 euros; mientras que la de Ferrovial-Mespisa sería de 278.223,81 euros.
Ses Païsses
Otro de los asuntos tratados en el pleno de ayer fue el proyecto para eliminar barreras arquitectónicas en el barrio de ses Païsses. Desde el PSOE señalaron que estas obras deberían de ser «una prioridad» para el equipo de gobierno y pidieron explicaciones sobre los avances en la elaboración del proyecto, que data de 2021.
En este sentido, la concejala de Obras, Neus Mateu, explicó que ya hay seis convenios firmados con vecinos y se está a la espera de firmar otros siete, por lo que aún no tienen la disponibilidad total de los terrenos para llevar a cabo las obras.
El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Lorenzo, pidió al equipo de gobierno que eche mano de «otras herramientas legales» para avanzar en la ejecución del proyecto. Sin nombrarlo, Lorenzo se refería a llevar a cabo expropiaciones. Un recurso que, de momento, el Ayuntamiento de Sant Antoni descarta.
Los socialistas también criticaron el cambio de ubicación del mercado artesanal de Sant Rafel y pidieron al equipo de gobierno que resuelva los problemas que tiene esta localidad «desde hace décadas». Además, destacaron que el plan piloto para quitar el tráfico del interior del pueblo «ha sido un desastre».