El pleno del Consell d’Eivissa ha dado este viernes luz verde a la aplicación de la disposición adicional séptima del Decreto Ley 3/2004 de simplificación administrativo que permite la legalización de construcciones en rústico fuera de ordenación anteriores a 1991 o cuyas infracciones urbanísticas hayan prescrito. Un procedimiento de legalización extraordinario que tendrá una vigencia de tres años y que supondrá que los infractores que se adhieran deberán pagar las tasas e impuestos correspondientes además de una multa.
«Se cumple la palabra dada en nuestro programa electoral. Se saca del limbo jurídico a muchas familias que han heredado (alguna vivienda) con algún tipo de infracción. No se puede ignorar a esta gente, porque les aboca a reformar ilegalmente sus viviendas, a la ilegalidad permanente. Se trata de aprovechar lo que ya está hecho hace tiempo: no supone más impacto en suelo rústico, sino reducir los impactos que ya existen», ha señalado el vicepresidente primero del Consell d’Eivissa, Mariano Juan.
Sin embargo, para el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, este proceso «envía un mensaje claro y diáfano a los ciudadanos: ‘Sou bambos’. Vamos a premiar a los infractores, mientras que no se beneficia a la gente que ha hecho un esfuerzo para cumplir la legalidad».
Desde el PSOE mostraron su preocupación por el desconocimiento sobre el impacto real de esta medida en Ibiza. «¿Sabemos cuántas piscinas ilegales tenemos? ¿Cuántas ampliaciones ilegales?», se preguntó la consellera Elena López. «Castigan a quien lo ha hecho bien y premiando al infractor», añadió la socialista.