A la espera de lo que decidan los servicios jurídicos de las tres administraciones implicadas en cuanto a la posible legalización de los apartamentos Don Pepe, el Govern balear ha descartado finalmente el solar de Can Raspalls previsto para la reubicación del centenar de vecinos.
La Dirección General de Territorio del Govern ya alertó de las dudas jurídicas surgidas en torno a la valoración de este terreno que en su día realizó el arquitecto técnico que fue detenido en la misma operación junto al exalcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero. Una tasación que concluía que el Ayuntamiento de Sant Josep debía pagar al propietario de este terreno 3.083.624,32 euros.
Una compensación aprobada por el pleno de la corporación ‘josepina', aún con el PSOE y Unidas Podemos en el equipo de gobierno, en abril de 2023. Una propuesta aprobada por todos los grupos a excepción de Vox, cuya concejala entonces, Pino Vidal, advirtió que la tasación realizada no se ajustaba a la normativa y que se tendría que haber hecho en base al reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo de 2011.
Según explicó este jueves la consellera balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, la nueva tasación realizada ha concluido que el solar rústico tiene un valor de 323.000 euros, «por lo que se tiene que descartar como solución». Vidal explicó que la valoración de este terreno como suelo rústico «es lo que marca la normativa. La anterior valoración era una tasación que valoraba la expectativa de desarrollo urbanístico, pero hubo una prescripción por parte del Govern para que se justificara por qué se hacía esta valoración con este sistema y no con otro».
Ca n'Escandell
Tras descartar el solar de Can Raspalls, la solución de realojamiento para los vecinos de los Don Pepe «pasaría por las primeros VPO que se puedan hacer y, prioritariamente, en Ca n'Escandell, pero hablamos de periodos de tiempo largos», apuntó la consellera Vidal.
Cabe recordar, que en esta zona del municipio de Ibiza está prevista la construcción de más de 500 viviendas por parte del Sepes. Una alternativa que pasaría por un procedimiento de expropiación cuyo valor lo determinará la valoración ambiental que se hará del suelo donde ahora se levantan los Don Pepe.
El Govern tiene previsto sacar próximamente a licitación la valoración ambiental de los terrenos de los Don Pepe. Esta valoración, que estará lista antes del mes de noviembre, aportará el justiprecio por el cual el Govern podrá adquirir las viviendas a los propietarios de los Don Pepe en el caso de que se tengan que derribar. «Lo que diga el justiprecio es lo que tendremos, ni un euro arriba ni un euro abajo», señaló la consellera Vidal.
Hay que tener en cuenta que el valor de las viviendas del bloque A, declaradas en ruina por el Ayuntamiento de Sant Josep, sería muy inferior al de las del bloque B, que tienen la condición de habitables, por lo que apenas podrían percibir el valor ambiental que la tasación otorgue al terreno donde se ubican.
Un tema de vital importancia ya que si finalmente deben ser realojados en una vivienda de nueva construcción, deberán pagar la diferencia entre el valor de este piso nuevo y el que la valoración ambiental otorgue a su propiedad. «No sabemos lo que les podremos ofrecer hasta que no tengamos la valoración ambiental, que nos dará el justiprecio. Es un camino incierto y así se lo hemos (a los vecinos) dicho desde el primer momento», insistió la consellera Vidal.
La representante de los propietarios de los Don Pepe, Silvia Hernández, destacó que la mayoría de los vecinos aún no conocían la propuesta que ayer pusieron sobre la mesa a los administraciones públicas implicadas, aunque señaló que «no tomaremos ninguna decisión sin que pase por una asamblea de vecinos».