Las últimas horas de la cuenta atrás para el desalojo del asentamiento de Can Rova se han vivido «con muchos nervios, mucho miedo y mucha incertidumbre» por parte de quienes allí habitan, tal como explicaba Alicia Bocuñano como representante de esta ‘comunidad' este mismo martes a Periódico de Ibiza y Formentera.
Hoy, 31 de julio, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Eivissa tiene previsto ejecutar la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia, que estimó la demanda de desahucio por precario interpuesta por V.C.R y J.A.C.R. contra su hermano A.J.C.R. Así, la condena a A.J.C.R supone el desahucio del inmueble del litigio, dejándolo libre, a disposición de la parte actora. Una sentencia que, más allá del lenguaje jurídico, obligará a cientos de personas a abandonar sus viviendas.
Inquietud
«Nos han dicho que vendrán mañana por la mañana (por hoy) con toda la fuerza para echarnos durante todo el día», comentaba la vecina de Can Rova mientras aseguraba que «no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que no nos vamos a mover de aquí, no tenemos dónde ir».
Respecto a cómo van a recibir dicho desalojo, la representante de quienes todavía habitan en Can Rova asegura que «no tenemos ninguna intención de usar la violencia, simplemente nos sentaremos a ver qué pasa».
Sin embargo, la población de Can Rova, tal como reconoce Bocuñano, se ha reducido durante las últimas semanas cuando «se han marchado unas 20 familias en muy pocos días». «Se han ido a casas de amigos que les han dejado algún sofá y cosas por el estilo por miedo a lo que pueda ocurrir mañana», asegura la representante de la comunidad de Can Rova.
Menores
Alicia es solo un ejemplo de los cientos de familias que han llegado a habitar en Can Rova. Ella es madre de un niño de 10 años con el que convive en la caravana que tiene instalada en estos terrenos desde hace «cinco o seis meses». Alicia tiene trabajo como taxista, pero su sueldo, «de unos 2.000 euros», no le alcanza a la hora de encontrar una vivienda. «Yo soy de Ibiza y esta situación nos ha sobrepasado, yo ya no sé qué otra cosa puedo hacer», explica Bocuñano conteniendo la emoción al referirse a «los demás que están aquí, que también están muy nerviosos, todos son gente trabajadora y muchas familias tienen hijos que van a la escuela».
Así, el hijo de Alicia no es el único menor que vive con su familia en Can Rova, «hay 45 menores contados aquí viviendo», asegura mientras augura que «estos 45 niños y niñas se despertarán mañana con los policías que vendrán a echarles».
Tres de estos menores son los hijos de Daniela y John, Gael tiene solo cinco meses y sus hermanos tienen cuatro y nueve años. Todos ellos viven en una caravana instalada en Can Rova «desde hace prácticamente un año», tal como explica la madre de la familia. Ambos son colombianos, trabajan en la limpieza de un restaurante, viven en Ibiza «desde hace tres años» y «estamos esperando que nos lleguen los papeles que ya nos han concedido». Daniela no oculta su inquietud ante el inminente desalojo: «No sabemos dónde vamos a ir». Sin embargo, el mayor temor de Daniela es «que puedan quitarnos a los niños».
«También hay cuatro chicas que están embarazadas que viven aquí», añade Alicia. Una de ellas es Carolina, que está de ocho meses y reconoce que siente «auténtico terror de que nos puedan sacar de aquí a las malas en este estado en el que estoy». Carolina vive en una «miniconstrucción que hemos hecho con una furgoneta estropeada» del terreno de Can Rova junto a su pareja, Leonardo, que trabaja como chófer.
Busca piso en Ibiza
Daniela, que asegura que, «aunque John y yo logramos ahorrar unos 8.000 euros, las inmobiliarias nos dieron la espalda a la hora de encontrar piso y tuvimos que optar por comprar una caravana». Entre Daniela y John ganan «cerca de 2.600 euros, pero eso no nos da para un piso y poder cubrir los gastos de los niños».
«El otro día por fin encontré el piso perfecto: 950 euros al mes (que no es poco dinero), dos habitaciones y cuando lo visité estaba en muy buenas condiciones», aseguraba Alicia antes de matizar que «a la hora de decirle que me interesaba y preguntarle lo que necesitaba para que pudiera entrar, me contestó que 14.000 euros. Quería toda la temporada de golpe».
«Leonardo y yo no hemos parado de buscar piso o habitación», añade Carolina, que asegura que «la razón por la que nos vienen rechazando en todos los lugares es porque estoy embarazada». «Nunca me hubiera imaginado pasar mi primer embarazo en estas condiciones», lamenta.
Ayuda
«Han venido los de Servicios Sociales y lo único que nos han dicho es que lo mejor es que nos vayamos a la Península», asegura Daniela, que explica que «no podemos irnos porque estamos esperando que nos lleguen los documentos, es cuestión de semanas o meses».
Daniela no es la única a quien se ha recomendado dejar la isla como solución, «a otras compañeras que también tienen niños les han dicho que lo mejor es que se vuelvan a Colombia, hasta les han ofrecido los pasajes», tal como asegura Alicia.
El asentamiento también ha recibido la visita, tal como asegura Alicia, «del obispo junto al representante de Cáritas». «Nos pidieron que hiciéramos un censo y salieron 300 familias, unas 650 personas», explica Bocuñano, que opina que «el hecho de que se retrasara el desahucio del día 10 tuvo que ver con la intervención del obispo, han estado siempre pendientes». «Ahora quedaremos unas 300 personas», calcula Bocuñano.
Convivencia
«La única persona que nos está ayudando es el dueño, que ni siquiera nos está cobrando las últimas mensualidades», afirma Alicia mientras explica que «gracias a él mucha gente tenemos dónde estar, pero ahora se ha dado cuenta de que lo ha hecho mal, se siente fatal por toda la gente y ahora no sabe qué hacer». «Es una buena persona que nos ha ayudado más que nadie, como vio a los niños, nos dejó más espacio para que jugaran», añade Daniela respecto a la persona que les alquila las pequeñas parcelas a 400 euros, de quien llega a referirse como «un segundo padre para mí».
«Ninguno de nosotros podíamos pensar que todo esto no era legal», asegura Alicia mientras opina que «al final todo se ha ido de las manos».
«Esto ya es como un barrio», afirma Alicia con contundencia mientras defiende que «nos apoyamos unos a otros en lo que necesitamos y, en estos momentos tan duros, hemos hecho una gran piña».
Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Santa Eulària pondrá a disposición del operativo de desalojo por mandato judicial un total de ocho agentes de la Policía Local (seis policías, un operador de dron y un jefe de servicio).
Asimismo, el personal del departamento de Servicios Sociales estará activado para dar asistencia a las personas vulnerables que no hayan abandonado la zona y sigan en el lugar cuando llegue la comitiva judicial y los efectivos de los diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El objetivo es que estas personas puedan ser realojadas entre la red de asistencia insular y algún caso puntual que deba ir a una solución habitacional privada, aunque se ha habilitado el gimnasio del CEIP S'Olivera para alojar a alguna de estas personas como solución de emergencia.