Las unidades familiares desalojadas de Can Rova -seis mujeres y cuatro niños- y que fueron reubicadas en el Centro de Acogida Nazaret de Cáritas Ibiza podrán permanecer en este lugar aproximadamente un mes, siguiendo las reglas de este nuevo servicio.
A pesar de ser inaugurado a finales de junio, ha sido esta misma semana cuando las instalaciones han sido estrenadas y en estos momentos acogen ya a 17 personas, cuando el máximo son 21. «La idea es acoger a usuarios con urgencias puntuales; somos flexibles en ese ámbito. La idea no es que una persona esté un largo periodo de tiempo en este nuevo espacio», aseguró en la inauguración Gustavo Gómez, coordinador de Cáritas.Desde la ONG explicaron ayer que estas unidades familiares, tres en total, han estado realizando estos últimos días su actividad habitual, acudiendo las madres a trabajar y los niños a las escuelas de verano. En el centro se les facilita un lugar para pernoctar, pero no se les sirven comidas.
Las valoraciones
Valorando lo sucedido en Can Rova, la secretaria general de CCOO, Consuelo López, consideró que el problema de los asentamientos «se nos ha ido a todos de las manos» desde hace tiempo, con trabajadores viviendo «en condiciones muy indignas en estos lugares».
Según López, si muchas de las personas afectadas no tenían papeles en regla, «¿quién les está contratando?», se cuestionó la sindicalista. También lamentó que, finalmente, todo el mundo tiene parte de responsabilidad «puesto que hemos estado mirando para otro lado y se nos ha generado una bola demasiado grande».
Por su parte, el presidente de la PIMEEF, Alfonso Rojo, expresó también su «malestar y preocupación» por el desalojo de Can Rova y destacó que, por ahora, ningún empresario de la patronal ha comunicado que alguno de sus empleados resultara afectado por el desalojo. «No podemos más que alabar la labor que han realizado las instituciones en la atención a estas personas y deseamos que estas situaciones se puedan corregir, evitando que la gente tenga que vivir así», declaró.
En Cruz Roja, la coordinadora Mary Castaño explicó que ellos trabajan desde hace un tiempo con los ocupantes de infraviviendas como las de Can Rova, detectadas sobre todo durante la pandemia al descubrir en Ibiza numerosos espacios de este tipo. Incluso, Cruz Roja impulsó un programa para visitar estos asentamientos «y entender las circunstancias de sus ocupantes y ver qué necesidades pueden tener, realizando con ellos un trabajo en red».
La sorpresa, según Castaño, se la han llevado en los últimos meses al comprobar cómo muchos de estos ocupantes tienen un trabajo estable y forman parte de familias estructuradas.
Cambio de perfil
«Se ha producido un cambio de perfil y desde esas primeras personas que en Cruz Roja comenzamos a atender, la situación ha variado mucho. Eran vulnerables en casi todos los aspectos de su vida y ahora vemos cómo, en cuanto a vulnerabilidad, el problema es no poder acceder a una vivienda», relató la coordinadora.
También consideró que la proliferación de asentamientos ilegales es un problema «estructural» sobre el que hay que seguir incidiendo.
«Nos preocupa que la población normalice la situación de estas personas que residen en asentamientos y también que las propias personas residentes normalicen ese estilo de vida. En Cruz Roja llevamos a cabo un acompañamiento psicosocial porque estas personas acaban tocadas por esta situación», concluyó.