El abogado Mariano Ramón, defensor de cinco de los seis hermanos propietarios de Can Rova, reitera que «la Justicia nos ha dado finalmente la razón, demostrando quién la tenía». Así se pronuncia una vez cumplido el mandato judicial que ordenaba el desalojo del lugar.
Según explica a Periódico de Ibiza y Formentera, y sin querer entrar en el drama social que ha supuesto esta actuación, sus clientes valoran poder haber recuperado su propiedad en cumplimiento de la orden de un juez. Una vez esto ha sucedido, termina para estos hermanos una pesadilla que comenzó hace algunos años.
Sobre los momentos de tensión protagonizados por la persona que decidió crear el asentamiento, el abogado reconoce que «a mis clientes no creo que les haya sorprendido mucho su actitud». Hay que recordar que, justo antes de que comenzara el desalojo, el explotador de Can Rova increpó y amenazó a los periodistas congregados en la zona, llegándoles a escupir.
Meses atrás, la Audiencia Provincial de Baleares revocó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 5 de Ibiza fallando a favor de los demandantes con un procedimiento de desahucio por precario contra la persona que explotaba el asentamiento ilegal, en la zona de Can Negre. La sentencia judicial determinaba que el demandado debía desalojar este inmueble que «utiliza irregularmente de forma exclusiva, excluyente y abusiva».
Además, establecía que, en relación a las costas procesales, el demandado debe abonar el pago derivado en primera instancia. «El inmueble litigioso debe dejarlo libre a disposición de la parte actora bajo apercibimiento de que, de no hacerlo en el plazo que señale el Juzgado, se procederá al desalojo», determinaba la sentencia contra el demandado, el cual explotaba un terreno rústico en situación «irregular».
En este sentido, el resto de propietarios, que representan el 83,33% de propiedad sobre el total de este solar y sus bienes, reclamaron judicialmente la posesión de este terreno porque su hermano A.C.R. lo estaba ocupando «sin un título legítimo» para ello e incurriendo en ilegalidades.
Entre ellas, según el escrito de denuncia, la utilización de un autobús como vivienda y alquileres contrarios a la normativa urbanística con el arrendamiento de parcelas a usuarios con tiendas de campañas o caravanas con el objetivo de «enriquecerse y aprovecharse de este terreno rústico y todo ello sin la previa autorización municipal para estas actividades». Centenares de personas llegaron a residir en este lugar, previo pago de un alquiler.