El colectivo de desalojados de Can Rova estudia las acciones legales contra el arrendador del asentamiento, que es uno de los propietarios de la finca que ha estado explotando económicamente el terreno durante los últimos cinco años a espaldas del resto de sus hermanos, razón por la cual éstos iniciaron un procedimiento judicial que culminó este pasado miércoles con el desalojo forzoso de Can Roca. Bajo el el soporte legal de David Fechenbach, abogado penalista de la Comunidad de Madrid, los posibles cauces legales futuros son varios y se tendrá en cuenta la gente desalojada que se pueda sumar al colectivo y las pruebas económicas que puedan aportarse. Es muy importante «la situación de vulnerabilidad que esta persona ha provocado a múltiples personas», añade Fechenbach.
El letrado ha apuntado que se están estudiando las acciones legales a emprender contra el explotador del terreno. Todavía se tiene que decidir los cauces a seguir, pero se están barajando dos opciones. La primera sería la de reclamar daños y perjuicios a la persona arrendadora mediante un procedimiento judicial, lo cual implicaría una multa económica. La segunda opción sería abrir un procedimiento penal que se sustentaría, probablemente, atendiendo a un delito de estafa o de usurpación con el agravante de ir contra «la vivienda habitual de las personas». Las posibles consecuencias de un veredicto condenatorio sería una condena desde un año hasta los seis de prisión, según detalló el abogado. «Si podemos acreditar que hay un engaño, un traspaso patrimonial, se podría encauzar como delito de estafa, superior a los 50.000 euros en total», detalló Fechenbach en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera.
El acuerdo
Gracias a la intermediación legal y a un acuerdo entre ambas partes implicadas, los desalojados pudieron acceder a la finca para recoger sus pertenencias por primera vez desde el pasado miércoles por la mañana, momento en el cual los antidisturbios los desalojaron siguiendo con las órdenes del mandato judicial.
En un documento firmado por los abogados de ambas partes se establecía un protocolo de entrada en grupos de cinco, con media hora para cada grupo, para posibilitar la entrada que seguía teniendo sus pertenencias en el interior del asentamiento. Se establecía como la primera hora de entrada las 14.00 horas y las 23.50 como el momento fijado para la última salida. Todo ello supervisado por la Guardia Civil y la Policía Local de Santa Eulària.
La primera de las entradas se produjo este viernes ya pasadas las 15.00 horas y los respectivos grupos se fueron sucediendo a lo largo de la tarde para recoger sus pertenencias.
Según explicó el abogado del colectivo de los desalojados, David Fechenbach, se llegó a un acuerdo privado entre las partes para que los afectados pudieran entrar «para recoger sus bienes personales». Habían dejado en el lugar «desde medicinas y documentos y eso lo tienen que recuperar», afirmó el letrado. Además de este acuerdo, Fechenbach precisó también a Periódico de Ibiza y Formentera que la intención es que el próximo miércoles por la mañana se vuelva a iniciar un protocolo de entrada para que quienes todavía tienen el vehículo en el interior puedan retirarlo pero solamente «los matriculados», según matizó.
Respecto al supuesto uso desmedido de la fuerza por parte de los cuerpos policiales que algunos de los desalojados manifestaron, el letrado aseguró que les ha pedido a todas las personas que presentaban lesiones que acudan a los servicios médicos para que obtuvieran un atestado. Posteriormente se estudiará «si se puede acreditar que ha habido un uso de la fuerza desmedido o no».