El Ayuntamiento de Santa Eulària se reunió este martes por la mañana con los representantes de los desalojados de Can Rova y su abogado, David Fechenbach. La reunión se realizó a petición de unos desalojados que exigen «una solución inmediata» que ponga fin a su situación. El propio colectivo de afectados había convocado una concentración a las 11.00 horas de este martes, a la que se sumaron numerosos políticos de Podemos, algún integrante de Amics de la Terra y representantes de sindicatos mayoritarios. La convocatoria inicialmente fue más bien escasa y, poco a poco, se fueron sumando más personas hasta llegar al medio centenar, según los propios cálculos de los desalojados de Can Rova. Pasada las 12.00 horas, llegó el abogado que representa a los afectados por el desalojo por mandato judicial por un litigio entre particulares.
Las explicaciones
La alcaldesa Carmen Ferrer les comunico que el Consistorio actuará contra la propiedad por la «actividad irregular» que se ha realizado en este entorno. En este sentido, la primera edil les explicó los expedientes municipales que hay actualmente en marcha y añadió que incluyen también actuaciones por el «riesgo» que este asentamiento suponía para las personas, por el peligro de incendios y por las infracciones «graves contra el medio ambiente» que se han producido «durante meses» en este terreno. La alcaldesa de la Villa del Río recordó que «estamos ante un conflicto entre particulares, en un desahucio ejecutado por mandato judicial y en un entorno en el que había un riesgo grave e inminente para las personas en el cual, además, no se nos dejaba actuar». En el encuentro de este martes también estuvo presente Antonia Picó, concejala de Bienestar Social, personal técnico del departamento de Servicios Sociales y un técnico de servicios jurídicos.
Catorce familias
En esta línea, también les explicaron que los Servicios Sociales estuvieron trabajando durante semanas con las 14 familias que tenían menores a su cargo en el campamento ilegal y lo sigue haciendo ahora con todas las personas que se catalogan como vulnerables.
Según detallaron desde el Consistorio, esta pasada noche durmieron en el polideportivo del CEIP S'Olivera un total de 17 personas de las 29 que comenzaron pernoctando en esta instalación. «Se han ido reduciendo al encontrar otras alternativas habitacionales». Además, el Consistorio ha ayudado a cinco personas con billetes de vuelta a su lugar de origen, tal y como habían solicitado, y se ha pagado la fianza para entrar a vivir en pisos a dos familias.
Desde Santa Eulària insistieron en que ninguna de las personas que han dormido en s'Olivera ha sido catalogada como vulnerable y que el servicio estará en marcha hasta el próximo viernes. Después se seguirá trabajando con las familias de manera individualizada por lo que piden que todas las personas que no estén identificadas se dirijan al departamento de Servicios Sociales.
Por otro lado, las familias que están en riesgo de vulnerabilidad, los menores y sus madres, han sido acogidos entre el centro Nazaret de Cáritas y también se dispone del centro de baja exigencia de sa Joveria
Las valoraciones
El abogado de los desalojados, David Fechenbach, calificó de «decepcionante» el resultado de la reunión mantenido en el Consistorio. Consideró que desde el Ayuntamiento «se tiene miedo» a que se establezca un nuevo asentamiento ilegal en otro punto de la isla. El letrado esperaba obtener algunas medidas concretas y compromisos firmes, algo que no se ha cumplido bajo su parecer. «Hemos solicitado medidas que para un Ayuntamiento deberían ser muy sencillas como poner un generador donde la gente sigue acampada, la instalación de unas carpas y una asistencia básica», afirmó Fechenbach respecto a la reunión. El representante legal consideró que «hay reticencias del Ayuntamiento por miedo a que personas que no estén en situación de vulnerabilidad se aprovechen de las ayudas», además de «una falta de coordinación con las ONG como Cáritas».
Fechenbach afirmó, además, que desde el Ayuntamiento se hizo «una invitación a que las familias se personen en Asuntos Sociales para estudiar la vulnerabilidad caso a caso».
Los portavoces de los desalojados también coincidieron con el abogado a la hora de calificar dicha reunión como «sumamente decepcionante». Una de las portavoces más mediáticas, Ana, consideró como «cero empáticas» las soluciones y explicaciones dadas por el Consistorio. «La situación es muy extrema», valoró esta joven reuniendo las demandas que se realizan desde el colectivo, en lo inmediato, relacionadas con «dignificar su vida». «Se nos ha pedido que busquemos nosotros casa por nuestra cuenta, pero no se tiene en cuenta la cuestión psicológica. Se ha hablado de que no hay situación de vulnerabilidad por tener un sueldo, cuando el problema es el acceso a la vivienda», concluyó Ana, visiblemente disconforme.