Patronales de Ibiza y colectivos de taxistas aceptaron ayer con resignación la resolución del Tribunal Constitucional que avala la suspensión de los 30 minutos de precontratación mínima de los Vehículos de transporte con conductor (VTC) establecidos en una ley del Govern balear.
El Ejecutivo autonómico manifestó ayer que respetará y acatará la sentencia del Tribunal, mientras que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad estudiará el fallo para tomar adoptar próximas medidas.
La Federación Insular del Taxi de Ibiza (FITIE) reconoció este martes que, de alguna manera, tenía asumida esta posible resolución que «no evita la obligatoriedad de la precontratación, ya sean cinco o 10 minutos antes».
Para la FITIE, la sentencia deja claro que son las instituciones autonómicas las que deben regular este tipo de licencias, siendo así relativamente fácil dicha regulación tanto en número como en funcionamiento. «Queda demostrado que tanto en Canarias como en Baleares las competencias son plenamente autonómicas», insistieron.
Desde Élite Corsaris d´Eivissa consideraron que «desde el minuto cero» Uber ha incumplido en Ibiza la precontratación de los 30 minutos, siendo conscientes de las pocas posibilidades existentes a la hora de recibir una sentencia favorable en este sentido.
El Pleno del Constitucional estimó este martes por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre un artículo del Decreto-ley 1/19, de 22 de febrero, que establecía la obligación de reservar el servicio de los VTC con una antelación de 30 minutos a su prestación.
La sentencia considera la medida contraria a la libertad de empresa, afirmando que «obstaculiza de forma no razonable» la actividad de los VTC. Dicha medida, según la Justicia, perseguía finalidades constitucionalmente legítimas, aunque esta norma concreta «no es adecuada y no está justificada» al dejar a las VTC en «una desventaja competitiva».