La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha referido este martes en el Parlament al desalojo de las familias de Can Rova del pasado 31 de julio. Prohens aseguró ayer que el Govern ya está tramitando el expediente sancionador contra el propietario que alquiló ilegalmente los terrenos, el cual se enfrenta a una multa «millonaria, por lo que no le será rentable haberse aprovechado de la vulnerabilidad de otros».
Prohens respondió así a una pregunta parlamentaria de la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien le preguntó cuánto le preocupan del uno al diez las familias de Can Rova y calificó de «imperdonable» que se produjera el desalojo del asentamiento «sin un estudio previo de vulnerabilidad o que no se hubiera paralizado el lanzamiento, que es lo que hace cualquier ayuntamiento con un mínimo de humanidad».
La diputada de Podemos señaló que en Can Rova vivían «mil personas y muchas familias con menores». Y ha culpado a los dirigentes políticos: «Aquí quienes han fallado son los responsables políticos, todos del PP».
Por el contrario, la presidenta Prohens ha señalado que el desalojo de las familias de Can Rova «nos muestra con crudeza la peor cara de la situación de acceso a la vivienda en Balears, la peor cara de los resultados de ocho años de políticas equivocadas de acceso a la vivienda». Prohens ha pedido «respeto para los técnicos municipales e insulares, que dieron respuesta a todas las familias vulnerables». Y ha insistido en que «se pusieron todos los recursos y medios para que todas las familias en situación de vulnerabilidad fueran atendidas».
Finalmente, y después de que Gómez solicitara a Prohens que pidiera disculpas a las familias, la presidenta apuntó que «si alguien tiene que pedir disculpas es» precisamente la diputada de Unidas Podemos «por hacer un uso demagógico y partidista» de una cuestión como el desahucio de Can Rova.
Todo ello, según precisó Prohens, porque además «en solo un año de legislatura el Govern ha aprobado un decreto de emergencia habitacional, que permitirá que se puedan sacar nuevas viviendas a precios limitados, se han desbloqueado viviendas de protección oficial, así como también se está a punto de sacar el programa ‘build to rent’ y el programa de Alquiler Seguro».
Actuaciones que permitirán sacar a la luz «300 viviendas a precios limitados en Santa Eulària», enfatizó Prohens.
Portavoz de los desalojados
La portavoz de los desalojados del asentamiento ilegal de Can Rova, Ana Loaiza, denunció ayer en el Parlament el «maltrato institucional» que han sufrido y acusó al Ayuntamiento de Santa Eulària, al Govern balear y el Gobierno de España de «mirar hacia otro lado».
Al hilo de la pregunta sobre el caso planteada a la presidenta del Govern, Loaiza declaró en los pasillos de la cámara que el Ayuntamiento de Santa Eulària «presume de su competitividad turística y de ser uno de los municipios más grandes» de la isla mientras trata a personas con residencias precarias como «ciudadanos de segunda».
«Se pone en duda la vulnerabilidad de las familias afectadas ignorando el sufrimiento que han soportado, detrás de una ola de calor, una DANA y ahora se enfrentan a una vuelta al cole que viola los derechos de los niños», aseveró la portavoz de los desalojados, quien puso el acento en la paradoja de que en «la isla del lujo de Europa las familias siguen esperando respuestas concretas después de un mes y medio de pérdidas, desamparo y sufrimiento».
Loaiza explicó que tras el desalojo forzoso del pasado 31 de julio, la gran mayoría de las personas que vivían en la finca «siguen en la calle o en asentamientos ilegales», mientras que en Can Rova «se pagaba un alquiler y había gente empadronada». «Si antes eran vulnerables, ahora son personas maltratadas», apuntó.