La Junta Insular de Aguas de Ibiza se ha reunido por segunda vez en lo que va de año con el fin de analizar la situación que atraviesa la isla ante la sequía y la sobreexplotación de los pozos. Esta situación, ha admitido el conseller balear del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, es «preocupante». Pero el Ejecutivo autonómico ha preparado para afrontarla una batería de inversiones que sube hasta los 34 millones de euros y que, según ha señalado el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, tiene como objetivo fundamental «garantizar el suministro a la población y preservar las aguas subterráneas para usos agrícolas».
El director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, ha explicado, por su parte, que de los 36 hectómetros cúbicos de agua de pozo y desalada de que dispone Ibiza anualmente, una tercera parte es para suministrar a viviendas y empresas que no están conectadas a las redes de abastecimiento municipales. Calafat ha explicado, además, que en 2023 se presentaron 152 solicitudes para nuevas perforadas.
Estas solicitudes constan de dos trámites: por un lado, la petición de autorización en sí y, por otro, la puesta en marcha de la extracción de agua, que es la que consolida el permiso. De estas 152 solicitudes presentadas, ha señalado Calafat, solo un 16% llegó a la puesta en marcha del servicio. «Hay que ver qué pasa con el 84% restante», ha indicado el responsable balear de Recursos Hídricos.
«Ambicioso»
Vicent Marí, por su parte, ha calificado el plan de inversiones del Govern para paliar el problema de la falta de agua en la isla como «ambicioso» y ha afirmado que permitirá «revertir la situación». «Hacen falta nuevas infraestructuras», ha dicho el presidente, que también ha apostado por aumentar la vigilancia y el control sobre las extracciones. El conseller Lafuente ha asegurado que «la situación es complicada» porque, por un lado, no llueve y, por otro, las infraestructuras hídricas de Ibiza necesitan importantes inversiones para ponerse al día.
De ahí que el Govern haya preparado una partida de 34 millones de euros para proyectos de abastecimiento, saneamiento y eficacia que deberán permitir afrontar el problema «a corto, medio y largo plazo».
Entre estos proyectos, algunos ya están en marcha, como la apertura de puntos de carga en las desaladoras para las empresas suministradoras de agua. Además, se va a sacar a licitación «en breve» el sistema de control de los grandes consumidores, que se basará en la digitalización del consumo con el fin de poder llevar a cabo una comprobación «exhaustiva y en tiempo real». Buena parte de este dinero, algo menos de 16 millones, se irá para financiar la desaladora de Santa Eulària, que está previsto que pueda suministrar 5.000 metros cúbicos de agua diarios. Otra parte, 1 millón, se utilizará para los estudios previos a la construcción de una cuarta desaladora, muy probablemente en Sant Josep.
En este caso, la previsión es que estas instalaciones puedan suministrar anualmente entre 4 y 6 hectómetros cúbicos de agua desalada. Los estudios previos tendrán un plazo de ejecución de entre 22 y 24 meses. 7,4 millones de euros serán destinados a intervenciones de saneamiento como la reparación del colector de Sant Antoni o la retirada del emisario de Talamanca, entre otros. Todo con el fin de «garantizar el tratamiento eficaz del agua depurada y mejorar su calidad».
Además, otros 2,3 millones de euros servirán para implantar la reutilización de las aguas depuradas en Ses Païsses, Sant Antoni y Santa Eulària. Una partida de 4,7 millones de euros, finalmente, se destinará a la eficiencia energética de estas instalaciones en Ibiza. Al sector agrícola, especialmente afectado por esta situación, ha trasladado Lafuente el mensaje de que se implantarán sistemas de control para los grandes consumidores a finales de este año o principios de 2025. Esto permitirá «saber si se hace un uso legal» del agua. Además, no se autorizará la apertura de nuevos pozos en la isla.
6.600 pozos en la isla
Ahora mismo, ha explicado el conseller, hay 6.600 pozos en Ibiza, de los cuales 31 son explotados por las empresas comercializadoras de agua. Estos tienen un límite de extracción fijado en 0,7 hectómetros cúbicos anuales. A partir de ahora, todo lo que esté por encima de esa cifra tendrán que sacarlo de las desaladoras.
En cuanto a la posibilidad de actuar sobre los grandes consumidores, sobre todo las villas, Vicent Marí ha señalado que tanto los residentes como los turistas han de «ver que el agua es un bien escaso». De ahí campañas de las campañas de concienciación o acciones como el cierre de las duchas en las playas. Pero el presidente ha admitido que es necesario actuar de forma contundente contra quienes más agua utilizan: «El uso abusivo se monitorizará y se sabrá quien malgasta. Esto tiene que tener un límite. El agua tiene que ser un bien para uso doméstico y no se puede malgastar».
El presidente ha lamentado la situación de las infraestructuras hídricas en Ibiza así como el hecho de que cualquier obra en este sentido en la isla «tarde décadas», como ha sucedido con la nueva depuradora de Vila. Sin embargo, ha insistido en que «hay que garantizar el consumo» y «reducir el de las aguas subterráneas». De ahí que haya aplaudido intervenciones como las que se llevarán a cabo para evitar las fugas o las destinadas a reducir la salinidad del agua que llega a las depuradoras para así poder reutilizarla una vez depurada.