El GEN-GOB y Amics de la Terra han hecho entrega al Consell d’Eivissa de sus alegaciones al proyecto de la variante de Sant Rafel de sa Creu, que prevé la construcción de una nueva carretera de 1,2 kilómetros para abordar los problemas de tráfico en el centro del pueblo. Este proyecto, que contempla dos rotondas en superficie y una elevada, tiene un coste inicial estimado en 21 millones de euros y ha suscitado preocupaciones respecto a su impacto en el entorno rural y la biodiversidad de la isla.
Ambas organizaciones han expresado su disconformidad con la respuesta de las administraciones, que consideran inadecuada al intentar resolver el problema del exceso de vehículos a través de la creación de nuevas infraestructuras. Advierte que este enfoque transformará de manera irreversible el paisaje rural, con serias repercusiones para el bienestar de los habitantes. "No podemos continuar construyendo nuevas carreteras basadas en previsiones de crecimiento de tráfico que carecen de fundamento y lógica", sostienen, resaltando que el asunto trasciende la mera cantidad de vehículos en las vías.
Además, GEN-GOB y Amics de la Terra subrayan que las infraestructuras y servicios actuales de la isla ya están en su límite, lo que pone en entredicho la viabilidad del modelo de crecimiento actual, especialmente en el ámbito del turismo. Incrementar la capacidad vial para favorecer más crecimiento, argumentan, contradice los compromisos asumidos por los representantes institucionales y califican esta estrategia como "irresponsable" y "sin visión de futuro".
Alternativas sostenibles al proyecto
Ante esto, proponen alternativas más sostenibles para mitigar el tráfico y salvaguardar el entorno natural de Eivissa. Entre sus propuestas, destacan la limitación del número de vehículos que ingresan a la isla mediante la ley RGE 6519/24, que controlaría la afluencia de coches por vía marítima, con el objetivo de reducir la congestión en las carreteras. A su juicio, esta medida es fundamental para disminuir la intensidad del tráfico y, por lo tanto, la justificación del nuevo vial resulta "contradictoria".
Asimismo, subrayan la urgencia de mejorar el servicio de transporte público antes de sacrificar más suelo rústico para la construcción de nuevas infraestructuras. Proponen aumentar las frecuencias, recorridos y paradas como una solución más viable y menos invasiva. También sugieren restringir el acceso de vehículos al centro del pueblo, permitiendo únicamente la entrada a residentes, transporte público y servicios de emergencia. Según las organizaciones, ya existen dos aparcamientos en las entradas del pueblo que podrían contribuir a reducir el tráfico sin perjudicar a los comercios locales.
Las alegaciones presentadas abogan por un replanteamiento del modelo de desarrollo de la isla, priorizando la sostenibilidad y la preservación del entorno natural, así como la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.