Los promotores observan con interés el programa Build to Rent, ‘Construir para alquilar’, impulsado por el Govern de Marga Prohens. Sin embargo, no parece que vayan a optar al mismo de forma masiva. Así lo asegura el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), Luis Martín, que, en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, ha señalado que es necesario que el Govern proporcione a estas empresas «garantías» antes de que se impliquen.
Martín ha dejado claro que los promotores inmobiliarios consideran que este programa es «la solución» para el problema de la vivienda en el archipiélago. Sin embargo, ha indicado que, de momento, la asociación no puede pronunciarse a fondo sobre el mismo dado que desconoce la letra pequeña. «Nos parece bien y queremos participar», ha asegurado, «pero hay que saber, por ejemplo, dónde estarán los solares o el precio limitado con el que tendremos que jugar. Hay que saber qué es lo que se hace».
El programa Build to Rent consiste, básicamente, en que las administraciones públicas ceden suelo al Govern y este lo pone a disposición de la iniciativa privada para que construya viviendas de alquiler a precio limitado. En estos momentos y a modo de ejemplo, el precio de la vivienda protegida de alquiler mensual oscila entre los 8 y los 10 euros por metro cuadrado. Esto significa que por un piso de 60 metros cuadrados podría pagarse una renta mensual de entre 480 y 600 euros aproximadamente. Precios que, según han señalado fuentes de la Conselleria de Vivienda, «varían cada año porque están sujetos a las actualizaciones de precios máximos que se hayan producido en el momento de las adjudicaciones de las viviendas, una vez finalizadas las obras».
Primera fase
A través del programa Build to Rent, se pone a disposición de los promotores solares de titularidad pública. En el caso de la isla de Ibiza, está previsto que, en una primera fase, se construyan más de 600 viviendas a través de esta fórmula en solares cedidos por los ayuntamientos de Ibiza y Santa Eulària. El primero realizará el proyecto a través del Govern mientras que en Santa Eulària será el ayuntamiento el que saque estos solares a adjudicación.
Los promotores de Baleares tienen claro que el programa Build to Rent puede funcionar. Sin embargo, ha recordado su presidente, la acción de estas empresas está estrechamente vinculada a la financiación vía bancos y fondos de inversión. Estos «son reticentes en entornos donde puede haber un control de precios», según ha explicado Luis Martín. Y esto es precisamente lo que puede pasar en las Islas si el Gobierno decide finalmente obligar al Ejecutivo autonómico a aplicar la Ley de Vivienda y, con ello, declarar zonas tensionadas e imponer un tope a los precios del alquiler.
«En todo esto», ha considerado el presidente de Proinba, «hay un trasfondo político, más que económico. Aquí hay que hacer inversiones importantes y tenemos la duda de lo que sucederá si se declaran zonas tensionadas». Y es que los promotores tienen claro que «la Ley de Vivienda, a efectos de negocio, no funciona». Por ello, reclaman al Govern «garantías» de que la ley estatal no se aplicará en las Islas o, en caso de que esto suceda, no afectará a los proyectos que se acojan ahora al programa Build to Rent: «El promotor tradicional no entrará si esto no se asegura. La Administración cede el suelo y eso es estupendo. Los promotores añaden la inversión y luego la recuperan vía alquiler a largo plazo. Pero las reglas del juego hay que mantenerlas. La solución al problema de la vivienda vendrá con el Build to Rent y los alquileres razonables. Pero hay que hacerlo con tranquilidad. Y, si la Administración puede garantizar co el programa Lloguer Segur que los propietarios cobrarán, debería hacer lo mismo con el programa Build to Rent porque el gran problema está en que puedan cambiar las condiciones de esos alquileres una vez que estén realizadas las inversiones. El entorno político debe darnos tranquilidad en este sentido».
Los constructores
Los constructores, por su parte, observan el programa Build to Rent de forma positiva pues, según la presidenta de la Asociación de Constructores de Ibiza y Formentera, Consuelo Antúnez, «supondrá más trabajo para el sector». Antúnez cree que la cesión de suelo público a la iniciativa privada para construir más vivienda a precio asequible «está muy bien». Pero también tiene claro que los promotores concurrirán a estas adjudicaciones solo si la rentabilidad de la inversión les es favorable. «Va a depender de cuestiones como el precio al que puedan alquilar las viviendas. Además, habrá que ver también qué condiciones se les ponen o qué facilidades se les dan como incentivos. Los promotores tendrán que valorar estas cosas».
Alquiler seguro
Por otro lado, el Govern también activará en noviembre el programa Lloguer Segur, con el que pretende que miles de viviendas que hoy permanecen cerradas o en el alquiler turístico ilegal pasen al mercado con garantías para sus propietarios. Este programa prevé que los contratos tengan una duración máxima de siete años y los arrendatarios tendrán garantizado, en el caso de Ibiza y Formentera, mensualidades de hasta 2.100 euros que, además, podrán cobrar de forma adelantada.
Serán los agentes de la propiedad inmobiliaria (APIs) los que tasen estas viviendas para que sus propietarios decidan si les interesa o no adherirse al programa. El representante del Colegio de API en Ibiza, Zenón Helguera, ha defendido Lloguer Segur como una iniciativa que beneficiará tanto a los propietarios como a los inquilinos y ha negado que, como han alertado algunas voces, vaya a favorecer la especulación. Helguera ha señalado que las tasaciones se llevarán a cabo respetando los «baremos» con los que trabajan normalmente los agentes y ha recordado que estas viviendas se alquilarán un 30% más baratas que lo que marca el mercado. «Es una medida que da seguridad y protección a los propietarios y que, a la vez, permite a los inquilinos acceder a la vivienda a un precio un 30% más barato».
El apunte
Crítica socialista
Por otra parte, el grupo socialista de Vila emitió este jueves un comunicado para criticar «la fórmula de cesión al Ibavi de los solares municipales para construir VPO porque su construcción y gestión quedan en manos privadas de empresas que, evidentemente, pondrán sus intereses particulares por delante del interés colectivo de personas que necesitan una vivienda». Según expresaron, están «satisfechos» con que «el PP se sume a la necesidad de poner en marcha la construcción de vivienda pública», pero manifestaron su desacuerdo con las fórmulas, «que consisten, por una parte, en dejar en manos privadas la construcción y gestión de las nuevas viviendas protegidas y, por otra, las consecuencias que provocará el programa Alquiler seguro en la isla de Ibiza con el previsible aumento de los precios del alquiler», según apuntaron.