El equipo de gobierno del Consell d’Eivissa apoyó ayer en el pleno de la institución insular una moción del conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, que reclama al Govern la cesión de parte del impuesto sobre el turismo sostenible (ITS) para que pueda ser gestionado por los consells insulars.
«Es interesante plantear este debate, es oportuno hacerlo ahora cuando se está repensando el modelo (turístico) de las islas y es conveniente por una cuestión de autonomía fiscal», apuntó el vicepresidente primero, Mariano Juan.
El conseller de UP, Óscar Rodríguez, aceptó la transacción hecha por el equipo de gobierno para que la propuesta la estudie la Mesa por la sostenibilidad del turismo y que la incluya en las conclusiones que hará llegar al Govern balear.
El portavoz socialista, Josep Marí Ribas, molesto por la pinza entre PP y Unidas Podemos recordó que los populares «han estado toda la vida en contra de la ecotasa y encendiendo hogueras contra los gobiernos progresistas que la querían implantar». ‘Agustinet’ mostró sus «dudas» sobre la propuesta de territorializar parte de este impuesto y los consellers socialistas se abstuvieron. El portavoz de VOX, Jaime Díaz de Entresotos, votó en contra.
Remanentes
La sesión plenaria de ayer también sirvió para aprobar, con la abstención de los grupos de la oposición, la incorporación de 15,8 millones de euros de remanentes de los que 14,1 millones el Consell d’Eivissa los destinará a la UTE Giref, encargada del vertedero y la planta de triaje de Ca na Putxa, para cubrir el 30 % del coste total de las inversiones realizadas y que, en base al protocolo de intenciones entre el Govern y el Consell en 2007, debía asumir íntegramente la Comunidad Autónoma.
Según el acuerdo al que se llegó con el Govern, el Ejecutivo balear pagará este dinero al Consell d’Eivissa en un plazo de diez años con los intereses correspondientes, lo que supondrá unos ingresos de 17 millones finalmente.
Según los cálculos del conseller de Hacienda, Salva Losa, los ayuntamientos podrían ahorrarse anualmente el pago de 1,2 millones a la UTE Giref por el canon de explotación. El siguiente paso será la firma de un convenio con Giref que determinará una posible rebaja en la tasa de basuras que pagan los ciudadanos.