La Asociación Dones Progressistes ha denunciado este viernes ante la Fiscalía de Ibiza a los concejales y al alcalde del PP y a las dos ediles de Vox por un presunto delito de odio como consecuencia de dos mociones aprobadas en el pleno del Ayuntamiento. Por un lado, la presidenta de esta asociación, Dessiré Ruiz Mostazo, hace referencia en el escrito a la moción que presentó la ultraderecha en noviembre de 2023 para el cambio de nombre de la calle dedicada a la sindicalista Margarita Roig ‘Llogat’, que se aprobó en pleno con el voto de Vox y del PP.
No obstante, este cambio no se hizo efectivo porque en diciembre de 2023 el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, declaró ante los medios de comunicación que «después de consultar con servicios jurídicos y también con el catastro, se resolvió mantener el nombre igual porque el perjuicio de un nuevo cambio sería mayor». Sin embargo, desde la entidad denuncian que se aprobara en un primer momento cuando se da la circunstancia que en la localidad no se pidiera anteriormente la modificación del cambio de nomenclatura de ninguna otra calle que haya tenido similares molestias. "Las molestias originadas inicialmente con el cambio de nomenclatura de la calle fueron las habituales», se destaca en el escrito.
Segunda moción denunciada
La otra medida denunciada es una moción de Vox de marzo de este año que también apoyó el PP, que consistió en la retirada de las diez señales de tráfico de color morado contra la violencia machista que se instalaron en 2020 en Sant Josep. En esta línea, desde la Asociación Dones Progressistes explican en la denuncia "que no hay informe técnico o policial que justifique esta retirada y que todas estas medidas son de «claro perfil ideológico». Indican que estas señales tenían mensajes como ‘Aquí se trabaja por la igualdad’ y ‘Ni una más', así como el teléfono 016 para las víctimas de violencia de género. Además, en la denuncia explican que la concejala de Vox, Araceli Colomar, aseguró que «la violencia de género no existe»
«Las mociones aprobadas tienen un contenido manifiestamente discriminatorio y contrario a los principios constitucionales y de igualdad y no discriminación», establece el escrito. También, en virtud de lo anterior, la entidad solicita a la Fiscalía que se practiquen las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo la toma de declaración de los denunciados, así como la recopilación de toda información o documentación que permita acreditar la naturaleza discriminatoria y de incitación al odio de las mociones presentadas y apoyadas por los denunciados. También piden que, de confirmarse la existencia de elementos suficientes de infracción penal, se proceda conforme a Derecho a la formulación de querella por la posible comisión de un delito de odio, con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y de los principios de igualdad y no discriminación.