«No podemos normalizar los asentamientos chabolistas»

«Los asentamientos se tienen que desmantelar, no podemos permitir que se normalice esta situación». Así de claro se manifestó ayer el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, en relación a los poblados chabolistas que en el último año han proliferado en varios puntos de la isla de Ibiza, sobre todo alrededor de Vila.

Marí señaló que ahora, en temporada baja, «la situación es muy diferente» que en verano. Sin embargo, ahora mismo el asentamiento que más preocupa a las autoridades es el de Can Rova 2, donde se agolpan multitud de caravanas cuyos moradores denunciaron a los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Eulària que se adentraron en él para conocer la situación de sus habitantes. «Es el punto más preocupante: hasta ahora no había habido ningún problema en hacer un censo pero allí se intentó acceder, fuimos denunciados y nos preocupa el riesgo de vivir en esta situación. Puede haber una desgracia y no hay ningún tipo de control», apuntó Vicent Marí.

Las autoridades ibicencas han pedido una reunión a la Delegación del Gobierno «para ver las medidas a adoptar entre todos. No podemos permitir que se mantengan estas viviendas», insistió el presidente del Consell d’Eivissa, quien destacó que las administraciones «tenemos la obligación de saber quién vive allí y en qué condiciones».

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, señaló que desconoce cuántas caravanas hay instaladas en Can Rova 2, cuyo propietario ya ha denunciado la situación ante los tribunales. Ferrer señaló que la reunión con la Delegación del Gobierno es «para saber qué pasos podemos dar en el caso de Can Rova 2, porque no es una vida digna y no queremos que se adopte como modo de vida. La propiedad del terreno, que está en suelo rústico privado, además de dejarnos entrar ha manifestado que ninguna de las instalaciones que haya allí están autorizadas».

A diferencia del caso de Can Rova, donde uno de sus copropietarios alquilaba el terreno sin permiso de los restantes dueños, en Can Rova 2 «es más un caso de ocupación. La propiedad no autoriza esta situación y ha hecho las pertinentes denuncias para desalojar a la gente. Y nosotros también hemos pedido una orden de ejecución», añadió Carmen Ferrer.

Pacto por la sostenibilidad

Vicent Marí explicó que se está ultimando «un pacto por la sostenibilidad en el que habrá medidas para evitar que proliferen este tipo de asentamientos. No queremos que los trabajadores o la gente que viene a Ibiza para hacer la temporada tengan que vivir en estas condiciones, y esto significa que tiene que haber viviendas para todos y un compromiso que cualquier trabajador con un contrato de trabajo tenga un lugar donde vivir».

Las autoridades colocarán elementos para impedir el acceso a las zonas donde este verano ha habido asentamientos. «Queremos evitar que esto se vuelva a reproducir. Por lo menos, se intentará. Este es el objetivo que perseguimos y que la sociedad nos pide, todos consideramos que esta no es una manera de vivir. No queremos normalizar el hecho de que aquí hay trabajo y no hay vivienda y se puede vivir en cualquier sitio. Hay que impedir que el año que viene se reproduzca una situación como esta», insistió Vicent Marí.

Por otro lado, el Consell d’Alcaldes acordó constituir una mesa técnica, formada por representantes políticos y técnicos de todas las administraciones implicadas para que, conjuntamente con colegios profesionales, acuerden criterios homogéneos en todos los expedientes de legalizaciones extraordinarias en base a la ley de simplificación administrativa recientemente aprobada.

Los alcaldes de Ibiza y el Consell se verán las caras a principios del mes de enero con la Dirección General de Emergencias la para coordinar la redacción de los planes de emergencia municipales.
También se estableció una ayuda extraordinaria para Cáritas para que cubra los costes de la recogida de textil de toda la isla. En 2023 se recogieron 321 toneladas de ropa, con un déficit para la ONG de 100.000 euros.