Listo para el banquillo. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma abre juicio oral contra 14 personas por la pieza principal del ‘caso Puertos’. Tras las acusaciones de la Fiscalía y la empresa Doce Millas, buena parte de la antigua cúpula de la Autoridad Portuaria (APB), con su presidente, Joan Gual a la cabeza serán juzgados por posibles delitos de fraude a la administración, cohecho, fraude y tráfico de influencias por supuestos amaños en torno al Club Náutico de Ibiza y una adjudicación más en Menorca.
El auto de la magistrada tiene también como personadas a dos empresas, Sernautic Balear y Portocolom Nautic S.L. como perjudicados. Ambas sociedades sostienen haber sufrido importantes pérdidas económicas al optar a esos concursos supuestamente amañados. La segunda mercantil reclama más de 36 millones de euros como responsabilidad civil. Sin embargo, la magistrada por ahora opta por no imponer ningún tipo de fianza a los acusados al no considerar suficientemente acreditada esa cantidad. En cualquier caso, responderían como responsables civiles subsidiarios la APB y la administración del Estado.
El mismo auto oficializa el archivo de la causa para tres de los imputados contra los que no actuó la Fiscalía ni la acusación particular aunque la jueza sí los había procesado: José María Costa, Vicente Fullana y Javier Enriquez.
La acusación más amplia en el ‘caso Puertos’ es la de la Fiscalía. Reclama una condena de nueve años de prisión para Gual de Torrella. También reclama juzgar a Juan Carlos Plaza, director de la APB, para quien pide una condena de cuatro años; al jefe de explotación de la entidad, Armando Parada, le reclama la misma condena, igual que al jefe de área de gestión, Fernando Berenguer, y el vicepresidente de la APB, Miguel Puigserver. El exalcalde socialista Rafa Ruiz, vocal del consejo y alcalde de Ibiza, afronta una petición de tres años, al igual que el presidente del Club Náutico de Ibiza Juan Marí Marí. Respecto a la trama de Menorca, acusa al representante de la asociación Asmen, Justo Saura Mercadal, expresidente de Pime en la Isla. Le pide una condena de tres años. Los otros cuatro acusados por esta parte de la acusación son Benito Reynés, Javier Mas, Marc Pons Pérez y Basilio Sastre, representantes de Marina Asmen. También pide una condena de cuatro años de prisión para la directora de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll.
La acusación pública y la particular sostienen que ambos concursos fueron amañados por presiones encabezadas por Gual para favorecer a licitadores locales frente a otras opciones. En concreto, sobre el Náutico de Eivissa, se basa en la inclusión de un criterio de arraigo para primar al club histórico frente a cualquier empresa privada. Además, plantea que se intentaron limitar las disensiones en el consejo de administración de la APB. Buena parte de la causa descansa en la declaración de dos vocales opuestos a Gual.
El auto de apertura de juicio oral da ahora plazo a las defensas para que presenten sus conclusiones. Les da un plazo de dos meses. Después, la causa será enviada a la Audiencia Provincial para que señale fecha para juicio. Ante la complejidad de la causa y el elevado número de partes personadas, lo previsible es que sean necesarios meses para juzgarlo y que el señalamiento se pueda demorar mucho en el tiempo.