El PP va a por todas contra la okupación ilegal de inmuebles. Y más tras lo sucedido la semana pasada en Sant Antoni, donde hasta los vecinos del piso okupado intervinieron para desalojar al okupa. Así, los populares saldrán en breve a las calles de Ibiza para informar a los ciudadanos sobre la situación del problema y, además, presionarán al Gobierno de Pedro Sánchez llevando a los plenos de los ayuntamientos y del Consell de Ibiza mociones cuyo objetivo es obligar a que la socialista Francina Armengol tramite de una vez por todas la proposición del ley del PP sobre vivienda que fue aprobada por el Senado y que lleva un año en un cajón de la Mesa del Congreso.
Desde 2018, año en que comenzó a gobernar el PSOE, las okupaciones se han incrementado en España un 35%, ha recordado este lunes el diputado ibicenco del PP José Vicente Marí Bosó. En el caso de Baleares, los allanamientos de morada y usurpaciones han crecido un 91%, pasando de 264 casos en 2018 a 514 el año pasado. «La Ley de Vivienda de Sánchez», ha afirmado Marí Bosó, «protege más al que okupa que al que delinque. Y, cuando la ley no funciona, vivimos una situación de peligrosidad desde el punto de vista de la convivencia social». En este sentido, el diputado popular ha puesto como ejemplo lo sucedido en Sant Antoni y la situación de la ciudad catalana de Badalona donde un alcalde del PP, Xavier García Albiol ha hecho de la lucha contra la okupación el principal caballo de batalla de su gobierno.
Marí Bosó también ha dejado claro que tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como la Justicia están atados de pies y manos ante este problema. Y es que, ha subrayado el diputado del PP, unos y otros intervienen pero con las herramientas que les permite el Gobierno. Por ello, «ante una ley mala y que protege al delincuente, el PP propone una ley que acaba con el problema», ha subrayado.
Esta ley, que fue aprobada por la Cámara Alta y que Francina Armengol aún no ha permitido debatir en el Congreso, propone medidas como que el okupa no pueda gozar «de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes». Además, si esta ley se aplicara, los okupas tendrían un plazo máximo de 24 horas para salir del inmueble o acreditar que tienen autorización de la propiedad para permanecer en el mismo. «Si se tratara de flagrante delito», añade el texto, «la autoridad pública o sus agentes procederán al desalojo inmediato».
La ley del PP propone también la modificación de los artículos 245 y 269 del Código Penal para incrementar las penas contra los okupas y las mafias. En el mismo texto se indica la necesidad de anular los empadronamientos de estos usurpadores así como dotar de herramientas a las comunidades de propietarios para que puedan actuar y la creación de juzgados especializados contra la okupación ilegal. «Son medidas», ha dicho Marí Bosó, «que nos permiten empezar a solucionar un problema que han agravado Pedro Sánchez y sus socios».
Ante esta situación la ofensiva del PP de Ibiza contra la okupación se centrará en tres acciones: carpas informativas para dar a conocer la situación entre los ciudadanos, presentación de mociones en los ayuntamientos y el Consell para exigir al Gobierno de Sánchez y a Armengol la tramitación de la ley de vivienda aprobada por el Senado y la organización de diferentes mesas de debate entre todos los implicados para la búsqueda de soluciones.
«Es el momento de levantar la voz», ha afirmado Marí Bosó tras recordar que el PP ya presentó mociones sobre esta este problema en 2020 que fueron rechazadas tanto por el PSOE como por Unidas Podemos. «Hay que saber dónde está el PSOE, si con los okupas y las mafias o si en ordenar a Armengol que tramite la ley de inquiokupación. Queremos que las instituciones se pronuncien con claridad», ha concluido el diputado ibicenco del PP.
Ellos también han ocupado todas las instituciones de la isla y tampoco hay quien los large…😜😜