El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, se mostró tajante en su apoyo a la Ley Antiokupación del Partido Popular, la cual busca endurecer las penas para los okupas y agilizar el proceso de desalojo. Durante la jornada de recogida de firmas de este sábado en el municipio, Serra expuso los motivos por los que considera que la legislación actual es insuficiente para afrontar el problema de la ocupación ilegal de viviendas.
La propuesta presentada por el PP incluye medidas como juicios rápidos, desalojos en un plazo de 24 horas, y la posibilidad de que los propietarios recuperen los impuestos que no pudieron cobrar durante el tiempo que una vivienda estuvo ocupada ilegalmente.
Además, se contempla que los ocupas no puedan empadronarse en los inmuebles ocupados. En este sentido, relató el caso de la vivienda ocupada recientemente en Sant Antoni, que no pudo ser desalojada de inmediato debido a los plazos legales establecidos. Según Serra, este tipo de demoras, que pueden durar meses o incluso años, es uno de los principales problemas con la legislación actual.
El alcalde también hizo hincapié en que muchos de los propietarios afectados por la ocupación ilegal «no son grandes terratenientes», sino personas de clase media que han adquirido una segunda vivienda a lo largo de los años. En sus palabras, «no son grandes magnates del inmobiliario, son familias que, con esfuerzo, han conseguido una segunda vivienda o la han heredado».
A lo largo de su intervención, también mencionó que, si bien la ley debe tener en cuenta la situación de aquellos ocupas que actúan por necesidad, es fundamental que se distinga entre este tipo de casos y aquellos ocupas que lo hacen por conveniencia. En su opinión, la ley debe garantizar que los derechos de los propietarios sean respetados en todos los casos.
MafyNo he visto bien ninguna de las dos cosas. Ya lo dije cuando salió la noticia.