El Juzgado de primera instancia número 4 de Ibiza estimó este jueves el recurso de revisión interpuesto en el proceso abierto entre la propiedad de Can Rova II y los moradores del asentamiento ilegal. En concreto, se estimó el recurso contra el Decreto de 6 de marzo que resolvía a su vez un recurso de reposición contra el Decreto de 23 de octubre de 2024, acordándose la inadmisión de la demanda interpuesta por la propiedad.
En los ‘Fundamentos de derecho’ del auto, al que ha tenido acceso este rotativo, se justifican los motivos por los cuales el recurso debía ser estimado. Así, se dispone que no se admitirán las demandas que pretendan la recuperación de la posesión de una finca cuando no se especifique si el inmueble constituye vivienda habitual de la persona ocupante o si la parte demandante tiene la condición de gran tenedora de vivienda, entre otros supuestos. En este sentido, se puntualiza que en este proceso concreto no se ha aportado ninguna certificación del Registro de Propiedad sobre la condición o no de gran tenedor.
El abogado de los moradores, David Fechenbach, celebró ayer la resolución y explicó que ya en la demanda de la propiedad, admitida en su día, observaron un defecto formal como es la no aportación de una serie de datos. El letrado afirmó que los propietarios son grandes tenedores y que no informaron sobre la vulnerabilidad de los ocupantes, entre otras cosas.
«Son requisitos legalmente establecidos porque si se informa de que es vivienda habitual de los moradores, debería haberse llevado a cabo una mediación o un intento de acuerdo, medidas menos lesivas que un procedimiento judicial», señaló.
El hecho de que la propiedad solicitara una caución económica de más de 15.000 fue también recurrido. «Hemos conseguido bajar esa caución a 12.000 euros y, con un gran esfuerzo, se pudo recolectar el dinero y depositarlo», explicó el letrado.
Fechenbach, además, recordó que, aunque haya unos días para recurrir, hay que pensar que la Audiencia Provincial tarda hasta un año en resolver. «Es un éxito absoluto, el mejor de los resultados», insistió.
Sobre las intenciones del Ayuntamiento de Santa Eulària de recurrir a su vez el auto que paralizó el desalojo, el abogado afirmó que se están poniendo sobre la balanza dos bienes jurídicos protegidos: supuestos enganches ilegales frente a la vulnerabilidad de personas, dejándolas en la calle. «Hay una confrontación de derechos fundamentales como la vivienda digna frente a excusas de inundaciones por parte de un ayuntamiento. Si un magistrado debe decidir qué bien jurídico necesita más protección, espero que decida conforme a derecho», concluyó.
El abogado aseguró también que los moradores intentaron este jueves seguir con su vida normal.
Contra la resolución emitida ayer cabe interponer un recurso de apelación en el plazo de 20 días y no se hace condena en costas.
«Sólo pedimos que se nos respete las reglas del juego que en derecho procesal están para algo y no se intente a través de triquiñuelas evitar que nosotros podamos alegar», afirmó Fechenbach.
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