Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu pudieron certificar, durante la ejecución el pasado miércoles del desalojo por mandato judicial del poblado chabolista conocido como Can Rova II, situado en la finca privada de Cas Bunets, en es Puig d’en Valls, que los riesgos de incendio, electrocución y salud pública son superiores a los que motivaron el auto de la juez de refuerzo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma. Cabe recordar que el desalojo fue suspendido por el mismo juzgado.
Asimismo, se presentó ayer un recurso de reposición acompañado por una serie de informes elaborados por los técnicos municipales que avalan esta decisión y certifican los peligros y riesgos para la salud y la seguridad de los moradores de Can Rova II.
Por un lado, el informe realizado por el ingeniero técnico municipal constata que las viviendas que conforman el asentamiento están construidas en su mayoría con materiales altamente inflamables y no regulados (madera sin tratar, plásticos, lonas, textiles y restos de materiales de obra). En consecuencia, no cumplen con las normativas básicas de seguridad, habitabilidad, instalación eléctrica, gas o salubridad, suponiendo un riesgo real de incendio.
Además, se observó cómo los propios moradores comenzaron a desmontar apresuradamente instalaciones eléctricas, placas solares y cuadros de distribución sin conocimiento técnico ni control. Al detenerse la intervención y no poder realizar inspecciones posteriores, resulta imposible garantizar la seguridad de dichas instalaciones.
En la misma línea, los informes técnicos de Medio Ambiente destacan también el riesgo inminente de incendio por la gran cantidad de residuos potencialmente combustibles. La presencia de combustible para generadores o la falta de elementos de prevención y extinción de incendios incrementan sustancialmente dicho peligro.
En caso de producirse un incendio, estarían en riesgo infraestructuras vitales como vías principales de comunicación (EI-600 o EI-20), los helipuertos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de sa Coma y del Hospital Can Misses, el propio Hospital Can Misses o entornos de alto valor ambiental como sa Serra Grossa (Zona de Especial Conservación) y áreas verdes colindantes que afectarían a los municipios de Eivissa, Sant Josep y Sant Antoni.
El responsable de Medio Ambiente también apunta al peligro existente para la salud pública. En concreto, se detectaron 18 inodoros ubicados sobre fosas sépticas excavadas en el suelo, sin ningún tipo de impermeabilización aparente ni sistema de depuración, así como depósitos para almacenamiento de agua no aptos para consumo humano pero que estaban siendo usados para ese fin. En estos depósitos no se detectó ningún tipo de cloración ni equipo potabilizador, lo que podría provocar enfermedades digestivas y afecciones cutáneas.
Finalmente, del informe elaborado por los Servicios Sociales se desprende que las personas que habitan este asentamiento se encuentran en condiciones de grave hacinamiento, y que el poblado no reúne las condiciones adecuadas de habitabilidad ni higiene (tiendas de campaña, caravanas, infraestructuras hechas con materiales reutilizados en las que conviven hasta cinco o más personas, entre las cuales hay menores). Además, algunas infraviviendas carecen de suministro eléctrico, agua corriente, cuentan con fosas sépticas irregulares y presentan acumulación de basura y restos de vegetación.
Durante el desalojo, el equipo de Servicios Sociales realizó un total de 83 visitas y constató la presencia de familias con menores (algunos menores de 3 años) y mujeres embarazadas. Solamente una familia acudió a las oficinas municipales de es Puig d’en Valls y aceptó los servicios ofrecidos, siendo alojados en el municipio de Santa Eulària. En este sentido, el Ayuntamiento tiene acuerdos con suficientes soluciones habitacionales para dar cabida de manera temporal a todas las personas que residen en el poblado para una primera atención, independientemente de si legalmente se consideran o no vulnerables. Se quiere destacar que desde la Corporación se comprometen a atender a todas y cada una de las personas calificadas como vulnerables por los Servicios Sociales municipales.
Trabajo intenso desde septiembre
Desde el Ayuntamiento se quiere remarcar que se ha solicitando amparo desde el pasado mes de septiembre, cuando se comenzó a trabajar de manera muy intensa a todos los niveles, tanto con los privados como con las administraciones competentes para dar respuesta a un problema que entendemos que entraña un grave riesgo para las personas. Desde entonces, la situación se ha ido agravando y es inaceptable que este modo de vida se pueda considerar digno o permanente.
Es incomprensible que desde diferentes instancias se trate de tergiversar la realidad, ofreciendo esta situación como una alternativa digna, cuando la realidad es que las personas viven en un entorno insalubre y que no reúne las condiciones mínimas de seguridad. No llegamos a comprender en qué momento se puede llegar a considerar una victoria detener un operativo para conseguir que centenares de personas, entre las que se ha podido comprobar que hay menores de edad y bebés con escasos meses de vida, sigan en condiciones inhumanas. De no haber sucedido ya estarían bajo un techo digno, como ha logrado la única familia que solicitó ayuda a nuestros servicios sociales.
En este sentido, se quiere destacar que cada segundo que pasa se está poniendo en riesgo la seguridad e integridad de la sociedad en su conjunto, pero en especial de las personas que desgraciadamente se han visto abocadas a vivir en estas condiciones. Por responsabilidad, la institución seguirá trabajando en evitar esta situación y en ofrecer la ayuda necesaria para que los habitantes que se dejen ayudar encuentren una vía de escape. Es necesaria una reflexión sobre las voces que justifican este modus vivendi por la falta de vivienda.
ParcialEl ayuntamiento lo puso el pueblo. Años con el pp habrá q meter a alguien q tenga coj nes Q el problema es que no existe tal partido