Prohens: «El Govern de Armengol escondió los problemas en un cajón y los acabó agravando»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (Campos, 1982), permitió a Periódico de Ibiza y Formentera que la entrevistara el pasado lunes durante el trayecto marítimo entre Ibiza y Formentera. La presidenta balear acababa de participar en la Conferencia de Presidentes celebrada en el yacimiento fenicio de sa Caleta y, sin apenas poder comer, se dirigía a la pitiusa del sur para presentar el proyecto de nuevo centro de salud de Formentera y la iniciativa Living Formentera de la naviera Baleària y la fundación Nature & People para plantar casi medio millón de árboles y disminuir la temperatura en la isla.

—¿Ha costado mucho llegar a un acuerdo para el traslado de los residuos de Ibiza a Mallorca?

—Ha costado lo lógico en un tema tan complejo. Como ha pasado en otros temas como en vivienda, contención turística, movilidad o lucha contra la oferta ilegal, hemos tenido que llegar un Govern y unos consells insulars del PP para que alguien se pusiera manos a la obra. El anterior Govern se pasó ocho años mirando hacia otro lado, ponía los problemas en un cajón y esto ha agravado los problemas. En el tema de los residuos ha pasado lo mismo: no podemos dar pasos hacia la sostenibilidad, hacia unas islas más verdes y más respetuosas hacia el medio ambiente si seguimos teniendo vertederos abiertos. Ha sido un acuerdo entre los consells de Ibiza y de Mallorca en el que el Govern ha propiciado este espacio de diálogo y hará un esfuerzo presupuestario. Es un acuerdo gracias a una ley aprobada por la izquierda en la pasada legislatura (Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears), espero que no se atrevan a criticar ahora esta decisión. Aportaremos 50 millones al Consell de Mallorca para hacer frente a inversiones que hasta ahora había asumido exclusivamente y, muy importante, para reducir un 10 % la tarifa de incineración que repercutirá directamente en los bolsillos de los mallorquines y también de los ibicencos y formenterenses, que incinerarán sus residuos en Mallorca.

—El conseller de Medio Ambiente de Mallorca, Pedro Bestard, de Vox, no parecía muy dispuesto a acoger los residuos de Ibiza.

—Insisto, son temas de enorme complejidad y por eso ahora comenzamos con un plan piloto que empezará después de la temporada turística, en octubre. Desde el Govern hemos aportado los informes técnicos de que se puede llevar a cabo con todas las garantías, con seguridad, que no se pone en riesgo el medio ambiente y que la planta incineradora de Son Reus tiene suficiente capacidad.

—Falta menos de un mes para que se empiece a aplicar la limitación de entrada de vehículos en Ibiza. ¿Este es el camino para la sostenibilidad de las Islas?

—El camino es el que decida cada isla, y así lo hemos constatado en la Conferencia de Presidentes. Somos un Govern que hemos empezado a hablar de límites. Quiero recordar que en la pasada legislatura, cuando hablábamos de saturación lo hacíamos de sensaciones. Hasta la pasada legislatura no había habido esta saturación, esta congestión que existe hoy en nuestras islas. ¿Qué pasó para evitar hablar de límites y poner medidas sobre la mesa en la pasada legislatura? El Consell d’Eivissa empezó a trabajar en solitario para preparar esta ley que finalmente fue aprobada en el Parlament. La persecución de la oferta ilegal también fue única y exclusivamente trabajo del Consell d’Eivissa así como el estudio de carga con datos reales y objetivos que no tenían las otras islas. En Formentera se ha llevado una limitación de vehículos pero sin estudio de carga. Un estudio que ahora hará el presidente Portas, pero Mallorca y Menorca han empezado los deberes con este estudio de carga. Desde el Govern, respeto absoluto a las decisiones que tome cada consell.

—Los ‘rent a car’ y las navieras han mostrado su descontento con esta ley y han mostrado su predisposición a recurrirla ante la justicia. ¿Entiende este rechazo a una ley que contó con el apoyo casi absoluto en el Parlament?

—Las empresas privadas tienen que defender intereses particulares, pero el Govern y las administraciones públicas tenemos que defender el interés general. Aquí pasa una cosa curiosa: la izquierda, en un ejercicio de cinismo y de hipocresía como suelen tener cada vez que hablan de turismo y de contención, critica esta ley porque dicen que se ha quedado corta pero es el mismo Gobierno de España quien tiene un recurso contra la limitación de vehículos en Formentera y que en Ibiza ya les han avisado y posiblemente también presenten un recurso. Un Gobierno de España que, quiero recordar, es del PSOE.

—Una de las personas que encabeza la ‘cruzada’ contra esta ley es el presidente de Baleària, Adolfo Utor, a quien tiene previsto saludar en pocos minutos. ¿Le comentará esta situación?

—Ya hemos hablado en alguna ocasión. Yo respeto las críticas y los mecanismos que ellos quieran activar para defender sus intereses particulares, pero nosotros estamos para defender el interés general. Sería positivo que todos los actores que operan en nuestro territorio fueran conscientes de la situación que tenemos y que es límite en diferentes aspectos. Por eso pongo en valor el Pacto por la Estabilidad, en el que han participado más de un centenar de agentes económicos, sociales, sindicatos, patronales, sociedad civil... y creo que sería bueno que temas que tienen un amplio consenso el interés particular no pasara por encima del general.

—Explíqueme esto de que ustedes van a recuperar 90.000 plazas turísticas que, según dice la oposición, estaban condenadas a desaparecer, porque no les deja en buen lugar.

—Es muy fácil de explicar porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Y esto es una mentira desde la primera hasta la última letra. El decreto que mañana (por el martes) se convalidará en el Parlament es el primer decreto de contención turística de las Illes Balears. En la pasada legislatura se creció en 115.000 plazas, el mayor crecimiento que ha habido en la historia. Por eso le decía que nuevo o diez años atrás nadie hablaba de saturación ni de congestión. Es después de ocho años de gobiernos de izquierdas cuando se dan estas situaciones y empieza el malestar comprensible en determinadas épocas del año. De esta forma, nos encontramos con 115.000 plazas turísticas legales más y un crecimiento en plazas ilegales nunca visto antes. De hecho, los que empezaron a luchar contra este intrusismo, como el Consell d’Eivissa, se encontraron una pared en el Govern, que tuvo cero colaboración en este aspecto. A partir de aquí, aprobamos un decreto de contención turística que no crece ni una sola plaza más en las Illes Balears. Estas 90.000 plazas existían y existen. Es totalmente falso que se recuperen o que se incrementen plazas. Y como decía el PP en nuestro programa de gobierno, que es mi compromiso más firme que tengo con nuestros ciudadanos, nosotros mantendríamos estas plazas, sin crecer ni decrecer pero dando la opción a los consells insulars de fijar su techo de plazas. Y ya hemos visto cómo el Consell d’Eivissa ha dado de baja 9.000 plazas. Este decreto, por primera vez, pone coto al alquiler turístico y lo prohíbe en nuevos plurifamiliares. Incrementa las condiciones de calidad de las viviendas vacacionales, incrementa las sanciones en alquiler turístico ilegal pero con una rebaja del 80 % si la vivienda se dedica al alquiler social. Persigue el espíritu de reconversión de la planta hotelera y de la oferta complementaria para incrementar la calidad de nuestro destino.

—Usted ha llegado a Ibiza en avión y habrá visto cómo la terminal está llena de anuncios de discotecas. Esto al Consell d’Eivissa no le gusta, ¿qué opinión le merece?

—Comparto el criterio del Consell d’Eivissa, pero no solo en el aeropuerto de Ibiza sino también en el de Palma y así lo hemos manifestado en varias reuniones. La primera imagen que se da también tendría que corresponder con este Pacto por la Sostenibilidad y la imagen que queremos trasladar de las Illes Balears. Tenemos un problema con Aena, en Ibiza lo habéis sufrido con las obras eternas y en Palma lo sufrimos ahora y los propios trabajadores denuncian las condiciones precarias con las que están trabajando a las puertas de la temporada alta. Cuando la izquierda critica que no hay decrecimiento, que no se eliminan plazas o que las medidas no sean más radicales en turismo, se olvidan de que la principal entrada de los turistas a Balears son los aeropuertos, y el 51 % de Aena es el Gobierno de España. Esta incoherencia de la izquierda de no querer participar en el Pacto por la Sostenibilidad es quizás porque no quieren darle un tirón de orejas al Gobierno en relación a que los aeropuertos se podrían gestionar mucho mejor y en consonancia con la política de contención turística que se está llevando a cabo en el Govern.

—¿Si el Govern balear tuviera poder de decisión en Aena se plantearía limitar la llegada de vuelos en temporada alta?

—Primero tendríamos que analizar cómo gestionar y reorganizar mejor estas llegadas, pero está claro que ahora no tenemos este poder de decisión. Nosotros tomamos medidas de contención porque creemos que aquí es donde están la mayoría de ciudadanos. Quiero recordar que el sector turístico y toda su industria asociada crean el 80 % de nuestro producto interior bruto. Hablar a la ligera, desde filias y fobias o desde un despacho de un político o un funcionario con un sueldo seguro a final de mes es muy sencillo. Por esta razón, nosotros lideramos el Pacto por la Sostenibilidad, que es la hoja de ruta de la transición del modelo económico de las Illes Balears. Ahora bien, esta transición no se hace con un decreto sino a medio y largo plazo. Ahora ya tenemos la hoja de ruta marcada y nada ni nadie nos desviará de esta transición hacia un modelo más sostenible y, sobre todo, que vuelva a generar bienestar para los ciudadanos.

—¿Habrá novedades en cuanto a la aprobación de los presupuestos para 2025?

—Cuanto haya novedades lo diremos enseguida. Tenemos negociaciones en marcha desde una premisa que yo he tenido muy clara siempre, incluso desde el momento en el que pactamos un gobierno en solitario: el respeto mutuo por dos partidos que son diferentes y que tenemos diferencias que han sido públicas y notorias en los dos últimos años. Que tenemos dos programas de gobierno diferentes pero que ambos tenemos puntos en común, como es la voluntad de cambio en las Illes Balears que expresaron los ciudadanos de manera abrumadora. Con este respeto mutuo y con mi respeto absoluto hacia los 62.000 votantes que hicieron que Vox sea la tercera fuerza parlamentaria se están llevando a cabo las negociaciones. En todas las negociaciones también he pedido siempre discreción, que creo que es básico. Cuando haya un acuerdo o novedades lo explicaremos enseguida con total transparencia, como siempre hemos hecho.

—¿El catalán en la educación es una línea roja para el PP?

—Sí y yo creo que lo hemos demostrado durante estos dos años y de una manera clara. Y tengo la convicción personal que la lengua no tendría que ser nunca una herramienta de confrontación política, partidista ni ideológica. Porque cuando conviertes el catalán o el castellano en una herramienta ideológica los dañas. Las políticas de la izquierda siempre han hecho de la lengua confrontación, incluso entre los mismos partidos de izquierdas, y estas han dañado a la lengua propia de las Illes Balears y por eso también el retroceso en su uso en los últimos años. La lengua tiene que ser una herramienta de comunicación, se tiene que hacer una política amable, que enamore y que invite e incentive al uso de la lengua propia, pero también con la total libertad de que tenemos dos lenguas oficial. En el caso de la sanidad, en el que Ibiza era un claro exponente de la falta de profesionales sanitarios, la ideología no podía pasar por delante de la salud. El catalán no era el único problema pero en un contexto de falta de profesionales era un elemento disuasorio.

—El Consell de Formentera ha pedido ayuda al Govern para solucionar el problema económico que supone tutelar tantos menores inmigrantes.

—La paradoja es que el Govern es la única administración que no tiene competencias en inmigración. La inmigración es única y exclusivamente competencia del Gobierno de España, mientras que la de Menores es de los consells insulars. Es verdad que cuando se diseñaron las competencias en Menores no estaban pensadas para este alud de menores no acompañados. Nos opondremos al acuerdo de reparto de menores no acompañados porque las Illes Balears somos de las más afectadas, como siempre pasa cuando el PSOE pacta sólo con Cataluña. Lo hacemos por capacidad: los recursos en atención a menores están al 1.000 % de sobreocupación. Todo el mundo entiende que con estas cifras no podemos seguir recibiendo menores de otras comunidades autónomas y los que llegan a nuestras costas en condición de dignidad. Lo que hemos acordado es volver a exigir al Gobierno que asuma sus competencias, que somos frontera sur de Europa y no nos puede dejar abandonados. Que envíe recursos al Consell de Formentera porque su situación económica es dramática. Y ya que no lo hace el Gobierno, nosotros iremos a las instituciones europeas y reclamaremos la atención que nos niega el Gobierno y que se active Frontex para el control de nuestras fronteras.