La asociación empresarial de alquiler de vehículos sin conductor Baleval ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del pleno del Consell de Ibiza de limitar el número de vehículos que podrán circular en Ibiza este verano.
Desde Baleval se argumenta que la demanda busca «principalmente que las medidas se ajusten a la legalidad, más allá de compartir la necesidad de introducir mejoras para garantizar un turismo y una movilidad sostenibles».
En la demanda registrada este jueves, se establece que el acuerdo impugnado incumple los plazos marcados por la Ley autonómica de control de la afluencia de vehículos en la isla de Eivissa para la sostenibilidad turística, según la cual, el acuerdo del Pleno debe publicarse en el BOIB «como mínimo tres meses antes de la entrada en vigor de la prohibición; lo que no ha sucedido», apunta Baleval en un comunicado.
Por otro lado, Baleval considera que la prohibición de entrada de vehículos, que afecta directamente a los vehículos de alquiler sin conductor, «entra en conflicto con las normas de competencia estatales y de la Unión Europea». Entre otras, Baleval asegura que «contraviene la libertad de movimiento, la libertad de establecimiento, la libre circulación de mercancías y la unidad de mercado».
Pero además, Baleval considera que «la prohibición no está justifcada, de manera suficiente, por un estudio de carga que contemple medidas alternativas y que demuestre que se ha optado por la medida menos lesiva contra los derechos fundamentales». Para la patronal del ‘rent a car’, el estudio de carga realizado por el Consell d’Eivissa «no tiene la entidad necesaria ni hace ningún análisis de escenarios alternativos ni del impacto que el límite tendrá a nivel social y económico».
Baleval considera que las prohibiciones se han adoptado «de manera precipitada, sin el suficiente estudio de situación y sin adoptar medidas de transporte alternativo, lo que puede repercutir negativamente en la imagen y economía de la isla».
La patronal del ‘rent a car’ considera que el principal perjudicado por la prohibición «será el consumidor, ya que al verse reducida la oferta, subirán los precios y, además, determinadas empresas se pueden ver tentadas a bajar la calidad del servicio al tener la demanda garantizada».
En cualquier caso, desde Baleval se quiere reconocer el esfuerzo realizado por el Consell d’Eivissa «para mantener un diálogo abierto con las empresas, aunque el resultado final no sea el adecuado para la asociación».
En cualquier caso, Baleval señala que, por su parte, la disposición al diálogo sigue abierta y pide al Consell «que suspenda la aplicación de la norma para 2025, ya que este año puede dedicarse a recopilar datos que permitan, para conocer la realidad de la isla y abordar soluciones orientadas al objetivo común de la movilidad sostenible que todos compartimos».
¿Se ha marchado la fachosfera? No la veo por aquí