La presidenta de la Asociacion de Amarristas del CNI, Naihara Cardona, ha denunciado este viernes las amenazas proferidas por PyLS contra ella misma a través de un burofax. En el documento, al que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, Carlos Illa, el administrador de esta empresa, que ahora gestiona el antiguo CNI bajo el nombre de Port Nàutic, acusa a Cardona y a la asociación de haber puesto en marcha «una campaña de hostigamiento y acoso continuado» contra la empresa.
Esta campaña, según el documento firmado por Illa, consistiría en promover el impago de «las tarifas oficialmente aprobadas por la Autoridad Portuaria de Baleares», «obstrucción intencionada al proceso de normalización de la instalación» y «difusión de acusaciones falsas sobre supuestos incumplimientos confesionales, tanto ante la APB como en medios de comunicación». A esto ha sumado Illa la «generación deliberada de alarma social, mediante informaciones tergiversadas o carentes de fundamento técnico y jurídico».
Según PyLS, la asociación presidida por Cardona está llevando a cabo una «estrategia de lawfare» cuyo objetivo sería «desacreditar, paralizar y dañar reputacional y económicamente a Puertos y Litorales Sostenibles». Campaña que «ha tenido consecuencias de extrema gravedad». Y ha puesto como ejemplo de ello que un amarrista «del Club Náutico de Ibiza mientras este gestionó la instalación», se habría dirigido a las oficinas de Port Nàutic «profiriendo amenazas gravísimas contra trabajadores y representantes de esta empresa, incluyendo amenazas de muerte, lesiones y daños materiales». Hechos que, ha añadido Carlos Illa, han sido denunciados por PyLS ante la Policía Nacional.
Desde PyLS se ha responsabilizado directamente a Cardona y a la asociación que preside de lo sucedido.
La Asociación de Amarristas, por su parte, ha respondido a PyLS con un comunicado en el que ha acusado a la concesionaria de «un ataque directo al derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución». Y le ha recordado que esta asociación fue creada para defender los intereses de estos usuarios «ante una gestión que, desde sus inicios, ha generado inseguridad jurídica, falta de transparencia y decisiones administrativas de dudosa legalidad».
En la misma nota, la asociación ha calificado de «ofensiva» e «inexacta» la acusación de lawfare por parte de PyLS porque la entidad «no ha promovido más que el cumplimiento de la legalidad y la defensa pacífica de los derechos de los amarristas». «La responsabilidad de los conflictos actuales», ha añadido, «recae exclusivamente en quienes han gestionado de forma opaca una infraestructura portuaria pública, generando un caos logístico y administrativo que está afectando a decenas de familias».
La Asociacion de Amarristas también considera «especialmente grave» la acusación directa hacia su presidenta de «hechos violentos ajenos a su voluntad, conducta y conocimiento». Una acusación que ha definido como «un intento inaceptable de deslegitimar a quien representa los intereses de una comunidad organizada». En el comunicado, la asociación deja claro que no comparte en absoluto lo sucedido con el usuario que amenazó a los trabajadores de Port Nàutic y a la empresa. Pero también ha denunciado el afán de PyLS de «perseguir a todo un colectivo» lo que «constituye una maniobra de presión y descrédito absolutamente desproporcionada».
«Desde la asociación», concluye la nota, «seguiremos defendiendo con serenidad y firmeza los derechos de los amarristas por las vías legales y pacíficas que el Estado de Derecho garantiza. Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la convivencia y la transparencia y anunciamos que no cederemos ante prácticas que solo buscan dividir, intimidar y acallar la voz de quienes, como nosotros, apuestan por una gestión portuaria justa y ordenada».
España Una Grande y LibreYa sería hora....