La llegada de la temporada turística en Ibiza vuelve a poner en jaque a numerosos docentes que residen en la isla. Muchos se ven obligados a abandonar los pisos en los que han vivido durante el curso porque los propietarios prefieren alquilarlos a temporeros por precios mucho más elevados. Ante esta situación, el colectivo reclama a la Conselleria balear de Educación la creación de viviendas de protección oficial destinadas al profesorado desplazado a las Pitiusas, pero también para el personal de Ibiza que sufre esta problemática.
«Me dijeron que necesitaban la habitación para sus trabajadores en marzo. Me quedé sin casa con apenas un mes de antelación». Así recuerda su experiencia, durante el curso pasado en Formentera, una docente desplazada a las Pitiusas desde Alicante. Ahora está en Ibiza y asegura que «la situación no ha cambiado, que es exactamente la misma». Incluso denuncia que muchos afectados sienten presiones por parte de los propietarios para conseguir que abandonen las viviendas semanas antes del inicio de la temporada.
Como ella, decenas de docentes denuncian cada año la misma problemática: al acercarse los meses de verano, algunos propietarios rescinden contratos o directamente niegan la posibilidad de continuar, presionando a los inquilinos para que abandonen las viviendas antes de junio. «No hay contratos legales, todo es de palabra y en negro. Y si hay un acuerdo verbal, luego lo incumplen», lamenta esta mujer, que ha tenido que mudarse varias veces en pocos meses.
El patrón se repite en ambas islas desde hace años. Algunos propietarios incluso ofrecen contratos desde octubre hasta mayo, y dejan claro desde el inicio que en verano no renovarán el alquiler. «Los anuncios en grupos de Telegram y Facebook ya lo dicen: ‘Buscamos docente hasta junio’», explican desde el colectivo. Los precios también son desorbitados a medida que se acerca la temporada. Según relatan varias profesoras, una habitación puede costar entre 600 y 1.200 euros. «Lo normal ya son 1.000 euros al mes. En Mallorca, en cambio, se encuentran por 300 euros. Aquí se ha disparado y los caseros se aprovechan», añaden. Una docente que lleva más de una década en Ibiza asegura que incluso intentó adquirir una vivienda, pero tuvo que abandonar la idea. «La única vez que encontré algo mínimamente asequible, lo vendieron en dos horas. No puedo competir con inmobiliarias ni inversores extranjeros que pagan al contado. Tiré la toalla», lamenta.
Esta presión habitacional afecta tanto a docentes de fuera como a residentes. Una profesora ibicenca que vive en Cala de Bou relata que, aunque tiene contrato anual, en verano debe irse porque los propietarios quieren disponer del piso para alquilarlo a turistas o temporeros. «He tenido que pasar los veranos fuera de la vivienda», comenta otra docente que lleva 14 años trabajando en la isla. Ante esta situación, los docentes reclaman e insisten en una solución urgente: «Es esencial que la Conselleria de Educación promueva viviendas de protección oficial para el profesorado, como ya se ha planteado en otras localidades. Si necesitamos atraer personal cualificado a las islas, no se les puede dejar en la calle cada verano. No se puede pedir compromiso sin ofrecer estabilidad», subrayan.
Desde los sindicatos ya se han hecho denuncias públicas, pero el problema persiste año tras año. Este problema con la vivienda en la isla desalienta a muchos profesionales a aceptar plaza en las Pitiusas.
«Al final uno se plantea dejarlo todo y volver a la Península. Es una lucha constante», agregan. Este modelo habitacional, basado en la temporalidad y en el desalojo sistemático, afecta a un gran porcentaje de docentes. «Yo soy de aquí, llevo años en Sant Antoni, pero mi casero quiere la vivienda libre cada verano. Me obliga a irme en julio y agosto, y luego volver en septiembre. Llevo cinco años así», relata una docente.
Los ejemplos se repiten. Una docente con dos hijos explica que, tras terminar su contrato de alquiler de temporada en abril, no ha conseguido renovar ni encontrar nada asequible. «He tenido que volver a casa de mi madre con mis hijos. Es surrealista». No es lógico que nos exijan estabilidad educativa y continuidad en los centros cuando nos están echando de nuestras casas cada verano», denuncia el colectivo, resaltando la necesidad de disponer de una residencia pública.
«Hay otras comunidades que lo han hecho, incluso aquí se ha hablado de promociones de VPO para otros colectivos, pero luego las sacan al mercado para generar ingresos. No queremos lujo, sólo un techo digno, seguro y asequible para poder hacer nuestro trabajo», insisten.
Se mire como se mire, no hay por donde cogerlo. Pisos en alquiler de protección oficial o residencias para personal esencial que venga de fuera de la isla. Eso sí con contrato en vigor. Cuando se acaba el contrato que cierren la puerta.