«El 80% de quienes residen en asentamientos en Ibiza están acostumbrados a vivir así, pero no lo podemos normalizar»

El 28 de mayo de 2023, la candidatura del PP liderada por Rafa Triguero (Ibiza, 1981) para el Ayuntamiento de Ibiza rompía con todas las previsiones y se hacía con una rotunda mayoría absoluta de 15 concejales. Muy lejos quedaba el PSOE, que había gobernado la ciudad desde 2015 y que solo lograba siete ediles. El 17 de junio de aquel año, Triguero juraba su cargo como alcalde y ahora hace balance de estos primeros 24 meses al frente del Consistorio de la capital de la isla. Dos años de trabajo en los que problemas como el de la vivienda o los asentamientos se han llevado buena parte del esfuerzo. Pero también otros como la necesidad de que el Estado cumpla de una vez sus compromisos con la ciudad o la lucha contra un intrusismo que ha invadido casi todos los sectores.

—El próximo 17 de junio cumple su segundo aniversario como alcalde de Ibiza. ¿Cuál es su balance de estos 24 meses?

—El balance es positivo. Es indudable que el cambio se ha generado en la ciudad. Estamos cumpliendo objetivos. Y es evidente la mejora de los servicios. Ibiza ha pasado de ser una ciudad adormecida a una ciudad viva, que se ha transformado. Hemos tratado de devolver la vida a todos nuestros barrios, no solo al centro. Y el objetivo final es la transformación de la ciudad en general.

—Una de las cosas que ustedes dicen es que han tenido que dedicar demasiado tiempo a resolver desaguisados de etapas anteriores y que eso ha ralentizado un poco su trabajo.

—Sí y no. Cuando nosotros llegamos ya teníamos claras las cuestiones desarrolladas por el anterior equipo de Gobierno y los proyectos en los que se tenía que seguir avanzando y los que había que descartar. Realmente a esto le dedicamos poco tiempo, los primeros 100 días de mandato. Y, a partir de ahí, empezamos a trabajar en los proyectos importantes de ciudad. En breve comenzaremos a ver cosas. A nivel interno, hemos de recordar que nosotros llegamos a las elecciones diciendo que la ciudad de Ibiza merecía más. Centramos nuestro proyecto en cinco grandes ejes y eso es lo que nos ha ocupado y preocupado en estos dos años. Y con la firmeza y la garantía de que 2025 y 2026 serán determinantes para cumplir y visibilizar esa gran transformación que nuestra ciudad necesitaba.

—En este planteamiento de ciudad moderna y amable se cuela el problema de la vivienda, que es el más grave para los ciudadanos. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento al respecto?

—Es un drama pero hemos de poner los datos sobre la mesa. En nuestra ciudad tenemos 1.900 familias que demandan vivienda. Eso son unas 3.000 personas. Nosotros, con esta información y viendo las posibilidades que tenemos, pusimos toda la carne en el asador y en el primer año hicimos un plan municipal de vivienda ambicioso con el que pretendemos desarrollar unas 1.025 viviendas en los próximos años. En un año pusimos a disposición del Ibavi cuatro solares. Estamos desarrollando la reconversión de locales comerciales en vivienda en Dalt Vila, Sa Penya… El diagnóstico general es que es indudable que esto viene provocado por las políticas erróneas de los mandatos anteriores. No podemos permitir que los anteriores gobernantes vengan ahora a decirnos, dos años después, que bajo su mandato no había asentamientos o chabolismo. No se puede tolerar. Nosotros no podíamos mirar hacia otro lado. Pasar por la E-20 y mirar hacia Cas Mut. O pasar por la misma E-20 y mirar hacia Sa Joveria. Hace un par de semanas hemos constituido la primera gran mesa de trabajo, con participación de todas las instituciones, para afrontar este problema. Insisto, hemos puesto toda la carne en el asador en estos dos años.

—¿El Ayuntamiento no puede hacer vivienda por su cuenta?

—Las competencias las tienen las comunidades autónomas. Podemos hacer lo que estamos haciendo, como es la cesión de solares. Pero teniendo un Instituto Balear de Vivienda como tenemos lo más ágil es ceder suelo al Govern y que lo haga el Ibavi. Otra cosa son proyectos menores como la rehabilitación del edificio de Sa Drassaneta, que ha costado 400.000 euros, para tres      viviendas más tres camas de emergencia habitacional. La reconversión de locales en la UA27, que ha costado 200.000 euros. Eso sí lo podemos hacer desde el Ayuntamiento.

—¿Se siente usted impotente ante este panorama?

—Hemos de ser conscientes de lo que supone construir un edificio de viviendas en tema como los plazos. Sí que es verdad que la necesidad es presente y no estamos respondiendo a esa necesidad. Pero en un corto y medio espacio de tiempo verán la luz importantes proyectos de vivienda pública en nuestra ciudad. Además, hay que tener en cuenta también las medidas que ha desarrollado el Govern como el programa Alquiler Seguro. Es poco pero es una medida más. O las actuaciones que se están haciendo para combatir el alquiler turístico. Por otro lado, el Govern ha fijado en cinco años el tiempo mínimo de empadronamiento para poder optar a una vivienda pública. Nosotros queremos que sean 10 años porque tenemos un estudio que indica que más de la mitad de los 1.900 solicitantes de vivienda llevan más de una década esperando.

—Estrechamente vinculada al problema de la vivienda está la persecución del alquiler turístico ilegal y ahí el Ayuntamiento se ha puesto las pilas.

—Estamos luchando contra el intrusismo por tierra y por mar. Ya solo nos falta por aire. Veníamos de una situación en la ciudad de descontrol a todos los niveles. En estos dos años hemos podido ordenar. Hablo de temas con los fondeos en la bahía de Talamanca y Figueretes, party boats, transporte ilegal, alquiler turístico…El mensaje claro y contundente es que aquí no hay permisividad. Tenemos unas ordenanzas que vamos a hacer cumplir. Y más en un problema tan grave como el de la vivienda. En estos dos años, una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana y los mecanismos internos con la Policía Local, unidad de Intrusismo, arquitectos y celadores, se están desarrollando sanciones ejemplares. Hay que lanzar el mensaje claro de que aquí no todo vale. Y vamos a por el alquiler turístico ilegal.

—La situación de los asentamientos es la que es. Los políticos dicen que no se puede normalizar vivir así pero ahí están. ¿Qué quiere hacer usted con este problema?

—Nosotros hemos constituido la mesa de trabajo de la que le hablé antes. Los Servicios Sociales han presentado un perfil de las personas que están en los asentamientos de Cas Mut, Ca n’Escandell, Sa Joveria y Es Gorg. El 80% de estas personas está acostumbrada a vivir en esa situación en otros lugares de España. Vienen a hacer la temporada y marchan. Pero eso no se puede normalizar. No es ya una cuestión de vivienda sino del alto riesgo de incendio que existe. Especialmente en la zona de Sa Joveria anexa al Hospital de Can Misses, a un centro escolar y al centro de baja exigencia. Y en Cas Mut y Can Palau, por el alto riesgo de incendio forestal en la principal masa boscosa que tenemos en la ciudad. Hemos de evitar el riesgo. Se ha hecho este diagnóstico, se ha identificado a las personas que están allí, se les visita para evitar que hagan incendios. El mensaje claro es que esta no es la forma de vida que queremos para las personas que quieran venir a hacer la temporada a nuestra ciudad. Independientemente de la falta de vivienda, que la hay, si no existen otras posibilidades mejores de vida tenemos que hacer una reflexión profunda sobre si tenemos que demandar tal volumen de trabajadores.

—La solución más sencilla sería habilitar un espacio para estas personas.

—Hace poco los propietarios de los campings de nuestra isla decían que tenían plazas disponibles. Pero esta gente quiere vivir de esta forma y en la zona más cercana a su lugar de trabajo. Podríamos habilitar ese espacio pero el resultado sería el mismo que tenemos ahora. Además, estamos desarrollando campañas preventivas verano tras verano, con un coste para los ciudadanos. En limpieza sacamos 5.000 toneladas de residuos. Les pusimos contenedores el año pasado y no los usaban.

—Pero, ¿por qué viene esta gente a vivir en esas condiciones?

—Aquí hay un ‘efecto llamada’. Yo ya lo conté en la mesa de trabajo sobre asentamientos. Suelo desayunar junto al CETIS. Allí me encontré con un joven muy joven que en Andalucía vive de la misma manera. Pero aquí gana 14 euros la hora y en la Península gana 10 euros. Viene porque haciendo lo mismo y viviendo igual tiene un mayor margen de beneficio. Y me dijo que muchos compañeros suyos iban a hacer lo mismo. Lo que yo puse sobre la mesa fue que muchas de esas personas están trabajando de forma irregular. El diagnóstico lo tenemos. Lo vemos cada día con las flotas de vehículos que vienen a diario a cargar trabajadores a la salida de Ignasi Wallis y en la E-20. Por eso hemos trasladado a la Dirección Insular de la Administración del Estado que hay que poner sobre la mesa esa cuestión.

—Pero la responsabilidad ahí es de las empresas.

—Totalmente. Pero también hay empresas que están dando trabajo con vivienda y hay muchos trabajadores que no las aceptan. Todo coincide con nuestro diagnóstico: son personas que vienen a hacer la temporada y quieren vivir en esas condiciones para llevarse el mayor rendimiento posible a su lugar de origen. Por lo tanto, las administraciones no debemos normalizar esta forma de vivir en nuestra ciudad.

—El Parlament ha aprobado este martes la modificación de la Ley de Capitalidad, que permitirá al Ayuntamiento algo más de libertad a la hora de gestionar el dinero que recibe Vila como capital. ¿Está satisfecho o aspira a más?

—Aspiramos a más, siempre lo hemos dicho. La Ley de Capitalidad nació corta de financiación. Cuando llegamos al Gobierno, actualizamos el estudio de costes y lo fijamos en 7,5 millones de euros y ese es el horizonte que tenemos fijado para llegar a esa financiación mínima. Además, no podía ser que toda la financiación, los 5 millones iniciales, fuera todo para inversión. Hemos conseguido que, como mínimo, un 40% vaya a compensar costes de los servicios que estamos ofreciendo. Hablo de limpieza, recursos para la Policía Local, transporte público y demás. En el decreto que se ha convalidado hoy (la entrevista se realizó el martes) en el Parlament ya es una realidad. Por otro lado, en esto dos años de mandato se han cerrado otras cuestiones muy importantes para la ciudad como el PGOU, el Plan Especial del Puerto, la construcción del centro de Es Gorg, la E-10…Estamos trabajando para cerrar grandes asuntos de los que llevamos años hablando.

—¿Cómo cuáles?

—La vivienda es indudable. Centro de salud de Es Viver. Aparcamientos. Toda la inversión que vamos a desarrollar este año. Son más de 50 millones de euros en 20 proyectos importantes de ciudad. Llevamos cinco meses licitando y en los próximos tres meses pondremos todo encima de la mesa para que sea una realidad, que la ciudad sea más amable, sostenible, inclusiva y adaptada. Y todo esto pasa por esta inversión que vamos a desarrollar.

—¿Qué pasa con el proyecto del nuevo mercado? ¿Se precipitó usted al poner una fecha?

—Este proyecto es un proyecto de ciudad ambicioso y que será determinante. Será un referente autonómico y un núcleo de vida para nuestros vecinos. Un mercado, por otro lado, debe disponer de una dotación mínima de aparcamiento y es algo en lo que llevamos trabajando muchos meses con un nuevo plan de movilidad. Y luego ha de haber otras actividades paralelas para darle vida 24 horas a ese pulmón comercial que será el futuro Mercat Nou de Ibiza. A partir de ahí, se ha hecho mucho trabajo en estos dos primeros años. El adjudicatario de la redacción del proyecto es una eminencia a nivel nacional, la consultora KPMG. Con su conocimiento interno y externo nos han aportado muchas sinergias de otros planteamientos de mercados de ciudad que harán que este mercado sea un referente a nivel de Baleares.

—¿Qué va a pasar con Sa Peixateria?

—Estamos en ello. Va a ser un gran centro cultural y de actividades. Ha de ser un referente. En el entorno ya existe mucha oferta de restauración y muy buena. Ahora, con diversas medidas, tenemos que conseguir que esté abierta más de nueves meses al año. Todo junto tiene que revitalizar la Marina. Sa Peixateria ha de ser un espacio para todo tipo de colectivos de la ciudad que hoy no tienen dónde desarrollar su actividad.

—En sa Penya lo que parecía imposible ahora parece posible. ¿Cómo han afrontado ustedes este problema?

—Sa Penya ha de ser el Albaicín de Ibiza. Hay que devolver la vida a ese lugar. Se está haciendo reconversión de locales en viviendas para que la gente pueda volver a vivir en el barrio. Hemos recuperado Sa Pedrera, está la remodelación de la UA8, adquisición de otras ruinas para reconvertirlas… También será para esto determinante la reconversión de sa Peixateria. Que, como ya he dicho antes, será un espacio en el que de forma continuada haya actividad, de tal manera que sea un atractivo para todos los vecinos.

—¿Qué quiere hacer con ees Feixes des Pratet?

—Han de ser el futuro parque de El Retiro de Vila. Tiene que ser el gran pulmón verde de la ciudad. Con entendimiento con los propietarios. En breve se va a licitar el plan especial de esta zona y, a partir de ahí, habrá que llegar a un entendimiento con los propietarios.

—¿Qué les dará el Ayuntamiento a cambio?

—Hay que devolverles todo lo que han sufragado en base a la urbanización y los depósitos. Además, hay que añadir intereses, demora, etc. Y después habrá que ver a qué acuerdos se llega con ellos. Esto es un suelo rústico protegido y, salvo que un juzgado tumbe esa clasificación, eso no tiene marcha atrás.

—¿El retraso de la apertura del Parador del Castillo es un castigo?

—Totalmente. Pero como otras cuestiones como Ca n’Escandell, el solar de la comisaría, el campo de boyas de Talamanca, los acantilados de la plaza de Dalt Vila y de Illa Plana con informes de peligrosidad… cuestiones muy importantes. Tenemos conocimiento de que está pasando en otras capitales de provincia que han sido marcadas por el PSOE. Y a esto se suma que los dirigentes del PSOE de Ibiza no acompañan en enviar un mensaje a sus colegas en Madrid. Nosotros hemos mantenido la lealtad institucional durante dos años. Pero ahora hemos empezado a alzar la voz para poner coto a estos problemas importantes de ciudad y vinculados a proyectos con el Estado.

—¿El más grave ahora es el de Ca n’Escandell?

—Son todos. Ahí está el tema de la biblioteca pública. O la reversión del local delante del Parque de la Paz que estaba destinado a la nueva delegación del Gobierno. No es un proyecto prioritario. El Ministerio de Interior se preocupa en buscarles un nuevo emplazamiento y nosotros les hemos ofrecido la planta baja del antiguo edificio de los juzgados. Y en las plantas superiores podría ir la biblioteca pública nacional. Pero ellos priorizan la delegación del Gobierno y nosotros lo que decimos es que no es importante porque ellos, debido a sus políticas, son incapaces de encontrar en Ibiza funcionarios del Estado.

—Uno de sus proyectos estrella es la modernización de la Policía Local. Esto ha generado cierta controversia. ¿Cuál es la situación ahora mismo y qué quiere hacer?

—Lo primero que nos encontramos fue la falta de mandos intermedios. Teníamos una Policía Local en la que el mayor rango de mando son oficiales. Ahora se han celebrado las pruebas para inspector y subinspector. A partir de ahí, con mandos, con más policías en la base y con la nueva figura de mayor, tenemos un modelo policial claro. Es un cuerpo jerarquizado y estructurado. El proyecto de futuro es la Policía Local que nos piden nuestros vecinos, es decir, una policía accesible, cercana y visible. Y es lo que estamos haciendo.

—¿Y cómo es que no había esos mandos?

—Esto viene del anterior mandato. Entre 2019 y 2023 se convocaron las plazas de inspector y subinspector pero hemos tenido que ser nosotros los que activáramos los procesos. ¿Por qué no se hizo en los cuatro años anteriores? Es la gran pregunta y reflexión que nos tenemos que hacer.

—El portavoz del PSOE y exalcalde, Rafa Ruiz, acostumbra a perder los papeles en los plenos. ¿Cómo observa usted esta situación?

—Creo que han sido incapaces de hacer autocrítica estos dos años. Han basado su actividad política solo en la crítica. El PSOE de Ruiz, Elena López y compañía ha perdido el pulso con la sociedad. No saben lo que están demandando nuestros vecinos. No tienen tampoco un proyecto de futuro para la ciudad, así que poco futuro les veo.

—Para acabar, ¿qué han sido para usted estos dos años en lo personal?

—Ha sido emocionante pero con un coste personal importante. Han pasado por encima mía siete años en dos. Y esto ha tenido un coste para mis hijos, para mi mujer y para mi familia porque les he robado tiempo de estar con ellos.