La naviera Baleària se muestra muy beligerante contra la restricción del Parlament balear y del Consell d’Eivissa, a la entrada de vehículos en Ibiza, en el convencimiento de que una naviera será capaz de gestionar mejor la capacidad limitada del territorio insular. La naviera presidida por Adolfo Utor ha producido incluso un vídeo explicativo —emitido al inicio de sus trayectos con destino a la isla— en el que carga duramente contra la medida, denunciando su posible impacto en la conectividad, el turismo y la economía insular. Pero cabe detenerse a analizar si estas críticas resisten el más mínimo examen de coherencia.
Este viernes embarqué en el ferry Eleanor Roosevelt, buque insignia de Baleària con capacidad para 1.200 pasajeros y 2.600 metros lineales de carga para vehículos. ¿Qué ocurriría si en el puerto de origen se presentaran 1.500 pasajeros o 3.000 metros de vehículos? Lo obvio: no embarcarían. Porque hay límites físicos y de seguridad. Porque hay una bodega con una capacidad determinada y porque nadie en su sano juicio pondría en riesgo la travesía por sobrecargar el buque. Es una regla básica del transporte: se transporta lo que cabe, lo demás espera.
¿Por qué, entonces, se pretende que en Ibiza se opere con una lógica distinta? Las carreteras de la isla, sus zonas urbanas, sus aparcamientos y su frágil ecosistema tienen también una capacidad límite. La masificación durante los meses de verano es una realidad tangible y sofocante: atascos interminables, dificultad para aparcar, contaminación, deterioro ambiental. Si a un ferry no se le puede meter más carga de la que admite, ¿por qué exigir a una isla que soporte más vehículos de los que puede acoger?
Baleària no es ajena a estas limitaciones. Las conoce bien. Pero, como cualquier empresa, vela por su cuenta de resultados. El transporte de vehículos para una naviera cuya flota cuenta íntegramente con ferris de carga rodada, es una fuente muy importante de ingresos. Por eso se resiste a que ahora se ponga coto a esa entrada sin freno de coches, motos, caravanas y furgonetas.
No se trata de demonizar a la empresa: es legítimo que defienda su modelo de negocio. Lo que resulta cuestionable es que lo haga en nombre del «interés general», como si el beneficio privado fuera siempre equivalente al bienestar colectivo.
El Consell d’Eivissa, impulsor de esta medida legal avalada por el Parlament balear, ha justificado la restricción como una herramienta para reducir la presión sobre el territorio. No hablamos de una prohibición absoluta, sino de un control. En lugar de permitir un aluvión de vehículos sin límite, se establece un sistema de autorizaciones —que aún necesita mejorar, como ha reconocido la propia administración— para que la llegada de coches sea ordenada y asumible. Como cualquier política pública, es perfectible. Pero al menos es un paso en la dirección correcta. Y, desde luego, cuenta con un amplio respaldo político y social.
El debate no debería centrarse en si esta medida concreta perjudica o no a una naviera, sino en qué modelo de movilidad queremos para Ibiza. Un modelo donde todo vale y todos caben, aunque eso suponga colapsar infraestructuras y arruinar el paisaje; o un modelo más racional, que establezca límites y ordene el acceso. La paradoja de Baleària, que además ha llevado el asunto a los tribunales, es evidente: exige para la isla de Ibiza lo que jamás aceptaría para sus propios buques. Y eso, más que una crítica, parece un acto de incoherencia flagrante.
MrgaygrantAunque te borraran el comentario ya no lo sabemos de memoria, gracias. Pero si puedes te memorizas este otro: Logicamente el barco tendrá unas plazas asignadas de butaca para un número de conductores que viajen con su vehículo, ya que en la bodega no se puede viajar en el coche y es de suponer que no van a llevar el coche y dejar a su propietario y acompañantes en tierra. Probaste a sacar el billete con antelación? Suele funcionar.