El Congreso ha aprobado esta semana con 189 votos a favor admitir a trámite una Proposición de Ley del Partido Popular relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, para la preservación de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional y otras instalaciones de interés público en terrenos que pasaron a ser de dominio público marítimo-terrestre.
En su exposición de motivos, desde el PP señalaron que la regresión del litoral, agravada por los efectos del cambio climático, ha supuesto que núcleos urbanos costeros con características culturales e históricas se hayan visto incluidos en este dominio público.
En concreto, se trata de edificaciones «muy identificadas con el entorno paisajístico de donde se ubican y asociadas a un modo de vida marinero».
El PP destacó que la falta de suficientes medidas de protección ha supuesto que las modificaciones en los deslindes hayan dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre inmuebles urbanos destinados a residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados desde décadas, previos al último deslinde.
En relación a las Pitiusas, y en caso de aprobarse la PdL, la modificación podrá beneficiar a casetas varadero que pudieran contar con algún tipo de protección o incluso a establecimientos emblemáticos como conocidos hostales que se encuentran en zona de dominio público.
En el PP reiteraron que «es necesario establecer un abrigo legislativo para esos núcleos urbanos que, una vez identificados, se reconocen con valores propios en cada caso y requieren de herramientas que permitan evitar expedientes de desocupaciones o derribos que, una vez iniciados, suscitan rechazo social y político y que, en cambio, no encuentran en la legislación una herramienta que permita su mantenimiento».
El diputado popular José Vicente Marí recordó que ya ellos lograron la aprobación de la propuesta en el Senado, mientras que en el Congreso «la presidenta Armengol la tenía en el congelador».
Tras esto, los populares volvieron a presentar la PdL introduciendo algunos cambios, siendo ahora admitida a trámite. «Es un paso más para proteger determinadas construcciones y usos comerciales en nuestras costas», señaló Marí.
Desde la Cámara de Comercio de Ibiza, dedicada desde hace años a defender un deslinde de costas justo, recordaron que ya se comentaba la posibilidad de modificar la normativa en relación a estas edificaciones que, en su día, quedaron en manos del dominio público y que ahora, mediante distintas declaraciones, podrían dejar de tener esta condición para pasar a estar incluidas en zonas de servidumbre de protección, quedando excluidas de la propiedad estatal y manteniéndose como propiedades privadas en las que poder ejecutar trabajos de mantenimiento. Tanto la Cámara como la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Ibiza celebraron que se haya admitido a trámite la proposición popular.
La secretaria general de la Cámara, Dolores Tur, consideró que se trata de un primer paso para modificar la Ley de Costas y favorecer a propietarios que, por lo menos, podrán mantener estos bienes sin temer que el Estado se los arrebate.
«En vez de decidir desde un despacho de Madrid qué se conserva y qué no, esto se abordará desde los gobiernos autonómicos. Se dotará a las Comunidades, bien a través de los Consells o de los ayuntamientos, de las herramientas necesarias para poder preservar su territorio, pudiendo excluir del dominio público aquellos bienes que por su interés deban ser protegidos», afirmó Tur.
También la presidenta de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, Aixa Torres, celebró que se haya dado «este primer paso en positivo».
«Permitirá al Govern, a los Consells y a los ayuntamientos decidir cuál es el patrimonio que quieren proteger», concluyó.
Entonces si me compro un llaut puedo privatizar un trozo de costa?