Cala Xinxó S.L., empresa propietaria de la estructura ocupada de Punta Xinxó, ha presentado un recurso de reposición contra la resolución de la Junta de Gobierno de Sant Josep del pasado 16 de mayo por la cual se declara la caducidad de la licencia de obras otorgada en julio de 2006 para la construcción de un hotel de cuatro estrellas, 261 habitaciones y 534 plazas. La compañía considera que esta resolución es nula de pleno derecho ya que el informe jurídico en el que se basa la Junta de Gobierno para declarar la caducidad de la licencia no es válido porque no ha sido redactado por un funcionario público sino por «personal que presta servicios de asesoramiento legal en base a un contrato administrativo». En este sentido, Cala Xinxó S.L. apunta que dicho informe «carece de la objetividad e imparcialidad exigible».
Además, la empresa promotora del hotel asegura en su recurso que en el informe «solo se han tomado en consideración aquellos argumentos que confirman una conclusión que parecía adoptada con anterioridad». Para Cala Xinxó S.L., el informe atribuye exclusivamente la supuesta inactividad a la empresa, «cuando es innegable que la inactividad es únicamente atribuible a esa administración». En consecuencia, la ausencia de un informe jurídico válido supone, para Cala Xinxó S.L., que el acuerdo impugnado se ha adoptado «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», lo que supone que se haya «vulnerado» el derecho de defensa de la empresa.
Otro de los puntos que defiende Cala Xinxó S.L. es que el informe jurídico «ha omitido pronunciarse sobre todas las alegaciones y pretensiones formuladas» por la promotora del hotel. En este sentido, la propietaria del terreno presenta un dictamen emitido por el catedrático de Derecho Administrativo y abogado Antonio Jiménez-Blanco en el que señala que el informe jurídico sobre el que se basa la Junta de Gobierno de Sant Josep para declarar la caducidad de la licencia «presenta gravísimas carencias» porque omite responder a las alegaciones presentadas por Cala Xinxó S.L. en diciembre de 2016 y abril de 2024. «Más que motivar la decisión, se busca una coartada para hacerla verosímil y, sobre todo, ahorrarse indemnizar nada», sentencia Jiménez-Blanco.
También considera la promotora que la resolución de la Junta de Gobierno de Sant Josep constituye «un claro y manifiesto abuso de derecho por parte de esa administración». Denuncia Cala Xinxó S.L. que la sucesión de expedientes para la declaración de la caducidad de su licencia de obras, «publicitados cada uno de ellos de modo detallado en prensa», le ha supuesto una «incertidumbre e inseguridad jurídica que tiene reflejo en la viabilidad financiera del proyecto».
Voluntad de abandono
Cala Xinxó S.L. también asegura que no tiene intención de abandonar el proyecto y echa la culpa de la inactividad constructiva al Ayuntamiento de Sant Josep. La promotora asegura que espera «la resolución de solicitudes formuladas desde el año 2008 hasta la fecha». Asegura la propietaria que el 30 de junio de 2009 presentó una solicitud para modificar la licencia de obras «que hasta la fecha no ha sido objeto de resolución» por parte de Sant Josep, lo que Cala Xinxó S.L. considera «una causa justificada y legítima de no uso de la licencia de obras», por lo que «por razones de prudencia y cautela» se paralizó la ejecución de las obras «a la espera del resultado de dicha solicitud de modificación de licencia».
En cuanto a las dificultades para encontrar financiación, Cala Xinxó S.L. también culpa al Ayuntamiento de Sant Josep por no resolver los proyectos de parcelación y la licencia de segregación presentados. «La imposibilidad de inscribir en el Registro la parcela neta resultante de la parcelación impide obtener cualquier tipo de financiación en tanto ninguna entidad bancaria está en disposición de constituir hipoteca sobre unos terrenos que son demaniales», insiste la promotora del hotel inacabado. Así, para Cala Xinxó S.L., el Ayuntamiento de Sant Josep «ha impedido de manera activa que cualquier potencial inversor pueda culminar el proceso de financiación por falta de suficiente seguridad jurídica».
La promotora también echa en cara las manifestaciones públicas efectuadas sobre este proyecto «por los sucesivos alcaldes», que a su parecer «han generado un clima de desconfianza e incertidumbre hacia el proyecto dificultando la obtención de la necesaria financiación para su finalización».
Caducidad
El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, anunció el pasado mes de mayo la declaración de caducidad de la licencia de obras de este edificio además de la apertura de dos expedientes de infracción, uno urbanístico por el incumplimiento de la propiedad de su obligación de vallar el perímetro del solar; y otro de medio ambiente por la acumulación de basura en el sótano. Tras la declaración de caducidad de la licencia, el siguiente paso es la orden de derribo de la estructura en la que viven más de 80 personas en condiciones de inseguridad e insalubridad.
Adelita JuárezEstamos en un pais atado por la BUROCRACIA. Gobierno Central, Gobern Balear, Delegación de Gobierno, Costas , Ayuntamientos , y el colmo que no hay comunicación entre ellos una gestión que vea involucradomás de una institución si no es el cidaudano que tiene que pasar la misma información a las varias instituciónes olvídese de la gestión misma, somos la mitad de población respecto a Alemania con el doble de funcionarios, así nos va. Es verdad lo del chiste DEL HOMBRE QUE VA AL AYUNTAMIENTO UN SABADO Y EL ABUELO LE DICE :NO TRABAJAN DE LUNES A VIERNES, EL SABADO Y DOMINGO NO VIENEN.