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Trabajadores de prisiones de Baleares se concentran este martes para condenar una agresión física y sexual en Sevilla

Pasillo de uno de los módulos de la prisión de Puig de les Basses, Girona | Foto: Departament de Justícia de Girona - Europa Press

| Ibiza |

Trabajadores de los centros penitenciarios de Ibiza, Mallorca y Menorca se concentrarán este martes para condenar la agresión a una psicóloga de una prisión de Sevilla.

Convocados por CSIF y Acaib-UGT, en Palma la protesta tendrá lugar a las 10.30 horas a las puertas del centro penitenciario. A la misma hora, están llamados a participar los trabajadores de las prisiones de Ibiza y Menorca.

Las protestas en los centros de Baleares se unen de este modo a las que se llevarán a cabo en todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias después de que el pasado 8 de julio una psicóloga del Centro Penitenciario de Sevilla II (Morón) fuera agredida física y sexualmente durante una entrevista individual por un interno.

Los sindicatos han alertado de que el de Sevilla no es un incidente aislado, sino que en los últimos años se han multiplicado las agresiones sexuales y físicas a trabajadoras y trabajadores penitenciarios y urgen a tomar medidas.

En los centros penitenciarios españoles se producen una media de una agresión cada 16 horas, más de 1000 en los últimos dos años, según han indicado en un comunicado.

Los sindicatos convocantes exigen una respuesta eficaz e inmediata por parte de la administración, la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y el reconocimiento legal de agentes de autoridad de las empleadas y empleados públicos penitenciarios.

Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales han calificado de «buenista» la clasificación interior, que busca más el «maquillaje» estadístico que atender a una realidad penitenciaria en un contexto de aumento de población reclusa, lo que repercute en un «deterioro estructural del sistema penitenciario».

«Tolerarlo es normalizar la violencia institucional y vulnerar el derecho a un trabajo seguro», han concluido.

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