Los funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Ibiza se sumaron ayer a las concentraciones convocadas a nivel estatal para condenar la agresión sexual sufrida por una psicóloga el pasado 8 de julio en la prisión Sevilla II, en Morón de la Frontera, a manos de un interno reincidente con antecedentes por violencia y delitos sexuales.
La movilización, respaldada por los sindicatos CSIF y ACAIP-UGT, tuvo lugar en la entrada del recinto penitenciario ibicenco y en el resto de centros del país. En el caso de Ibiza, más de una treintena de profesionales se concentraron para exigir mayores medidas de seguridad, medios de protección adecuados y el reconocimiento legal como agentes de autoridad para todos los funcionarios de prisiones.
Marta Pérez, delegada sindical del CSIF en Ibiza, lamentó que este tipo de agresiones son más frecuentes de lo que se percibe: «Según las estadísticas, hay una agresión a funcionarios de prisiones cada 16 horas. Estamos aquí una vez más porque han agredido a una compañera en Sevilla, pero llevamos muchos años reivindicando una protección real».
Pérez subrayó la necesidad de implementar «una clasificación adecuada de los internos» y recordó que la propuesta para otorgar la categoría de agentes de autoridad a todos los funcionarios de prisiones «llegó al Congreso, pero nunca se ha aprobado; a veces por culpa de un partido, a veces por otro».
Falta de personal
En el centro penitenciario de Ibiza, la situación también está marcada por la falta de personal y los efectos de la insularidad. De las 114 plazas estructurales recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), están cubiertas 96, a las que se suman 12 personas en prácticas que han sido destinadas de manera provisional tras superar las oposiciones.
La duración de estas prácticas ha sido reducida recientemente de 18 a 12 meses, tras los cuales los trabajadores deben elegir destino definitivo, según ha explicado Marta Pérez. «La inestabilidad de la plantilla es constante», denunció Pérez.
«Cada año se van muchos compañeros porque no pueden asumir el coste de la vivienda en la isla. Este año debían incorporarse seis funcionarios más, pero tres de ellos se han quedado por el camino», puntualizó, explicando que, debido a la constante falta de plantilla, a veces queda un único funcionario a cargo de uno de los seis módulos con que cuenta la prisión.
Hay que señalar que el recinto carcelario dispone de 52 celdas y una ocupación media de 112 internos. Además, señaló que el centro penitenciario cuenta con unos pabellones, pero sólo se ofrece alojamiento a unos 15 trabajadores, lo que resulta «insuficiente».
Insularidad y vivienda
Por todo ello, los sindicatos reclaman en Ibiza el cobro del plus de insularidad y que se habiliten soluciones habitacionales para garantizar la estabilidad del personal y evitar la fuga de profesionales que ocurre cada año, según Pérez.
«Hace falta que vivir y trabajar en Ibiza sea más atractivo también para los funcionarios de prisiones», agregó el portavoz sindical Raúl Gutiérrez. En el resto de protestas a nivel nacional, estos sindicatos también alertaron de la falta de seguridad estructural en el sistema penitenciario español porque, según explicaron desde el CSIF, no se trata sólo de un incidente aislado en Sevilla.
Las entidades también exigieron al Ministerio del Interior que tome medidas urgentes para revisar el protocolo de entrevistas individuales con internos especialmente peligrosos y que se evalúe con mayor rigurosidad el acceso de estos reclusos a los módulos denominados «de respeto», donde teóricamente se concentran los internos con mejor comportamiento.