El sindicato UGT ha presentado cuatro denuncias ante la Inspección de Trabajo por presuntos casos de acoso laboral en el servicio de transporte sanitario de Ibiza. Las denuncias han sido formuladas a raíz de las quejas de varios empleados que señalan a una de las responsables de la empresa concesionaria del servicio Gsaib en Ibiza y Formentera, S. T., como origen de un «ambiente laboral tóxico» y de un trato «prepotente» hacia parte de la plantilla.
Según explicó este lunes a Periódico de Ibiza y Formentera el sindicato UGT los escritos recogen las quejas que le han trasladado directamente los afectados, quienes también procuraron activar el protocolo de acoso laboral de manera individual ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En este sentido, desde el sindicato aseguraron que las quejas contra la actual responsable no son nuevas. «En 2022 y 2023 ya se pidió su cese. Hubo una denuncia del Comité de Empresa por acoso laboral y se realizó una evaluación psicológica. La Inspección de Trabajo sólo impuso una sanción leve. Desde entonces la situación no ha cambiado y mucha gente tiene miedo a hablar», señalaron, explicando que son testigos de esta situación porque un delegado sindical trabajó como supervisor durante cuatro años bajo la dirección de la responsable señalada.
En esta línea, reconocieron que durante ese tiempo fue testigo de comentarios despectivos hacia trabajadores en situación de baja médica o con los que la directiva mantenía discrepancias. Al respecto, denunciaron que la tensión se ha cronificado hasta el punto de que parte de la plantilla evita cualquier contacto con la responsable: «Cuando este delegado era jefe de tráfico, la mayoría de compañeros le llamaban a él en vez de a ella. Ahora ocurre lo mismo con los actuales jefes de tráfico».
La gente prefiere saltarse ese canal directo para evitar conflictos», lamentaron, mientras destacaban que, según sus cálculos, entre 40 y 50 trabajadores actuales – o que han pasado por la empresa – podrían sentirse vulnerados por la gestión de la responsable. «Muchos no quieren denunciar por miedo a represalias, pero en conversaciones privadas reconocen que la situación es insostenible», aseguraron.
Entre los afectados figura un sanitario que, además de padecer problemas de salud graves, habría sufrido presiones y comentarios ofensivos. «Se encuentra actualmente de baja. Es un hombre que ha pasado por dos operaciones de bypass; está muy agobiado. Nos ha dicho que no puede seguir trabajando en ese entorno», relataron, resaltando una posible protección política hacia la responsable denunciada. Afirmaron desde UGT que mantiene una buena relación con cargos políticos, lo que podría explicar la ausencia de medidas más contundentes pese a la reiteración de las quejas. «Hay más casos, pero la gente tiene miedo a salir», sostuvieron.
En esta línea, UGT extendió sus críticas a la dirección del servicio, a la que acusa de inmovilismo. «El gerente sabe que el 80 % de la plantilla tiene problemas con esta persona, pero siempre pone excusas para no actuar. Mientras tanto, los problemas se enquistan», aseguraron. Las cuatro denuncias actuales se suman a las registradas con anterioridad por el Comité de Empresa. Aquella vez, tras la investigación, la Inspección impuso únicamente una sanción leve a la responsable.
Según la entidad, la medida no tuvo efecto disuasorio y las conductas denunciadas han continuado. En los nuevos escritos, UGT pide que se investigue el trato recibido por los trabajadores, las presuntas represalias contra quienes elevan quejas y el impacto que estas dinámicas tienen sobre la salud laboral y mental de la plantilla. Al respecto, desde UGT destacaron que apartar a la responsable de su puesto resolvería «el 60 o 70 %» de los problemas laborales actuales.
Además de las denuncias ya en curso, la entidad prevé que en las próximas semanas otros trabajadores activen el protocolo de acoso ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. También se espera que se remitan nuevos escritos a la Inspección de Trabajo. Por su parte, UGT confía en que el organismo investigador actúe con rapidez y que la empresa adopte medidas correctoras. «Hemos cumplido con nuestra obligación. Ahora corresponde a la Inspección y a la dirección de la empresa determinar si hay responsabilidades y qué sanciones aplicar», concluyeron.