«Llevamos más de 400.000 euros recaudados por sanciones de alquiler turístico ilegal en Ibiza»

Enrique Gómez Bastida (Cartagena, 1977) es considerado el fichaje estrella de Vicent Marí en esta legislatura. El presidente del Consell d’Eivissa pensó en él para dirigir la Oficina de Lucha contra el Intrusismo y poner en marcha un plan de choque a tres años vista que recibirá 22 millones de financiación. Un plan que este año se centra en combatir los alquileres turísticos ilegales y los taxis ‘pirata’ para disminuir la masificación que sufre la isla en verano. Tras nueve meses de trabajo, este teniente coronel de la Guardia Civil decide hablar por primera vez con los medios de comunicación de la isla, a quienes ya conoce de su etapa al frente de la Comandancia de Ibiza y Formentera entre diciembre de 2017 y enero de 2021.

— ¿Por qué aceptó el ofrecimiento de Vicent Marí?

— Porque el presidente y el conseller Mariano Juan me ofrecen participar en un proyecto que es único a nivel nacional. Un plan de choque con dos pilares: el que me afecta a mí, que es el de la oferta alojativa ilegal y la lucha contra la masificación. Es un tema que me era familiar, porque había estado en la Secretaría de Estado de Turismo, y era consciente de que es un problema tanto a nivel europeo como nacional. Es un reto muy atractivo participar en un proyecto de semejantes características que no se había afrontado en ningún sitio tal y como estaba planteado.

— ¿Qué ha cambiado en la lucha contra el intrusismo desde que está usted en el Consell? ¿Qué se hace ahora que antes no se hacía?

— Pues yo diría que nada, lo que cambia no es que yo me incorpore. Yo me incorporo a un proyecto liderado por el presidente y por el conseller Mariano Juan y lo que se hace es definir un plan de choque y no la incorporación de personas concretas. Lo que hay que evaluar es el desarrollo del plan de choque en un proyecto de lucha contra la masificación que está financiado por el ITS. Y esto es importante porque es el propio turista el que abona la tasa para financiar un proyecto para mejorar el destino que viene a visitar.

— Uno de los logros del Consell de Ibiza ha sido convencer a Airbnb para que colabore en la lucha contra los alquileres ilegales. ¿Cómo les convencieron?

— El Consell d’Eivissa no ha convencido a Airbnb de absolutamente nada. Lo que se ha establecido es un acuerdo de colaboración en el que participan el Consell, los ayuntamientos y fundamentalmente todo el sector económico de la isla, tanto patronales como sindicatos. Airbnb es la plataforma con mayor volumen de anuncios de la isla y el mayor porcentaje de anuncios de viviendas de alquiler con uso turístico. El éxito no es convencer, el Consell no ha convencido a ninguna plataforma de nada. Lo que ha ocurrido es que hay un tejido económico apoyado por la administración que ha decidido de forma común establecer una colaboración. Lo que hemos hecho es hablar con las plataformas considerándolas un operador turístico en la isla. La mayor oferta de plazas turísticas la está haciendo Airbnb. Se mantuvieron reuniones con todos los actores y se estableció un discurso común de sostenibilidad de la isla y de calidad de la oferta en el destino. Nosotros no hemos convencido a Airbnb de nada sino que se ha dado un marco de colaboración en el que participa todo el sector turístico y económico de la isla.

— ¿Cuántos anuncios ilegales de Airbnb y otras plataformas han conseguido retirar este año?

— No voy a decir que la pregunta sea errónea pero quizá pervierte el significado. Una cuestión es lo que nosotros solicitamos que retiren y otra cosa es la disminución que se ha producido, que es la parte relevante. Y la disminución se produce no por la solicitud del Consell de retirada concreta de anuncios sino por varios efectos. Primeramente, por el establecimiento de un acuerdo de colaboración con las plataformas en el que se establece un discurso que es sostenibilidad de la isla y calidad de la oferta y un compromiso férreo de trabajar en esta línea con el Consell de cara a sus propios anfitriones. El segundo acto es el incremento de las actuaciones de la inspección con la aplicación de nuevas tecnologías para detección de alojamiento ilegales e incremento de apertura de expedientes. Esto se une a lo que nosotros solicitamos retirar, es decir, hay muchos anuncios que se han retirado solos. Hay muchos anfitriones que han decidido retirar una oferta que era ilícita, por lo que se ha producido una disminución. Si en el pico de oferta en Airbnb, que es el principal operador, hablábamos de unos 4.450 anuncios, hemos reducido hasta unos 2.300 de volumen total. Es una disminución de la oferta, también de la oferta ilegal que se está comercializado en las plataformas con lo cual es un éxito no solo del Consell sino de un plan de choque integra a todas las partes.

— ¿Qué ha cambiado en la forma de trabajar de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo?

— El plan de choque permite tener una financiación adicional para hacer un esfuerzo en la implementación de nuevas tecnologías que se podrán mantener con independencia de esta financiación porque ya serán sistemas adquiridos. Se ha reorganizado la Oficina de Lucha contra el Intrusismo y se ha incorporado el Sistema de Inteligencia Turística, que ha cambiado la forma de trabajar o, por lo menos, la complementa. Y lo hace a partir de la identificación de toda la oferta, tanto legal como ilegal que pueda haber en plataformas, que es la prioridad que nos hemos marcado porque son los principales operadores. A partir de ahí, el propio Sistema de Inteligencia Turística es el que hace el cribado de esa oferta susceptible de ser irregular. A continuación pasa al área de Nuevas Tecnologías del Consell, donde se trabaja con un sistema de información geográfica que es el que coteja la oferta reglada que está en la isla con esa publicidad que está en las plataformas. Se va cribando y se marcan una serie de prioridades sobre las que se quiere actuar. A partir del área de Nuevas Tecnologías actúa Inspección, que a veces trabaja con esa inspección, con denuncias o con detección propia. Esto permite hacer inspecciones en volumen de forma muy consistente y sistemática.

— ¿Cuántos expedientes sancionadores se han abierto este año?

— Se han abierto unos 190, aproximadamente. Esperamos seguir abriendo en los próximos meses hasta una cifra de 260 y esperamos que a final de año alcancemos unos 300.

— ¿Cuánto tiempo tardan desde que abren un expediente hasta que se concluye?

— No se lo puedo decir porque los estamos abriendo, pero estamos trabajando para reducir los plazos tanto en la apertura como en la tramitación del propio de expediente para ser capaces de llegar a un imposición de sanción en el menor tiempo posible. Hasta que no se concluyan los expedientes no le puede decir si estamos teniendo éxito y acertando en la forma de proceder. A final de temporada haremos una evaluación.

— ¿A qué sanción se expone alguien que alquila su vivienda a turistas sin licencia?

— La más cuantiosa es de 500.000 euros en la situación más grave.

— ¿Cuántas sanciones han podido cobrar ya este año?

— No sé la cifra de infracciones pero sé que estamos en una cifra recaudatoria por encima de los 400.000 euros. Según vayan cerrándose los expedientes irá aumentando la cifra seguramente. Ahora estamos volcados en agilizar la tramitación de los expedientes.

— El objetivo, entiendo, que la mayoría de estas viviendas pase al mercado del alquiler tradicional. ¿Está pasando?

— Yo no he dicho que ese sea el objetivo. El plan de choque actúa sobre la oferta alojativa ilegal y sobre transporte ilegal. Cuando hablamos de oferta alojativa ilegal estamos hablando de turistas que están alojados donde no tendrían que estar alojados, con lo que afecta económicamente por la competencia desleal a la oferta reglada, afecta a la convivencia entre turista y residente porque están haciendo un uso turístico donde no estaba previsto, también afecta a la generación de residuos, al consumo de agua, a la propia movilidad porque el turista tiene una movilidad mayor que los residentes. Si lo traducimos así, el plan de choque de lucha contra del intrusismo en realidad es un plan para reducir la masificación en la isla, no un plan de choque para acceder a la vivienda. Ahora bien, que haya un uso diferente al residencial, esto tiene muchas aristas. El alquiler a través de plataformas de caravanas y campers no afecta al mercado de la vivienda, como tampoco afecta el mercado de determinados pisos turísticos en zonas de alto standing porque si pasaran al mercado del alquiler y de compra-venta residencia seguiría estando en el mercado de lujo. Usted habla de acceso a la vivienda para rentas bajas y medias, por lo que tendría un efecto nulo si estos pisos de lujo pasaran al mercado residencia. Si las villas que están operando sin número de registro pasaran al mercado del alquiler residencial, serían para el mercado de lujo por lo que tampoco afectaría. Y, primeramente, el pasar al mercado residencial es una decisión del propietario, que también puede decidir cerrar su piso o meterlo en el mercado de compra-venta. El mercado de la vivienda es un problema que afecta a toda la Unión Europea, a todo el territorio nacional y es un problema de oferta-demanda. Hablar que pasarán del mercado turístico al residencial es simplificar muchísimo el problema. Y todo lo que sea simplificar problemas da lugar a respuestas erróneas que no dan respuesta a ninguna expectativa ni necesidad del ciudadano. Eso es fallar.

— ¿Han detectado si han venido menos turistas por la reducción de la oferta de alquileres turísticos ilegales?

— No me corresponde a mí dar los datos del plan de choque. Solo puedo decir que los datos son positivos. Yo soy el ejecutor del plan de choque junto con el director insular de Transporte, Roberto Algaba. Sí puedo adelantar que sí son positivos, pero ofrecer los datos concretos le corresponde a quien lidera el plan de choque, que es la persona que me llamó para participar en su proyecto, que es el presidente del Consell, y en segunda instancia, el conseller.

— Déjeme que le pregunte por el intrusismo en el sector del transporte porque este año creo que ha habido, por fin, un avance importante y es que Aena está colaborando en el aeropuerto de Ibiza.

— Yo no voy a decir por fin porque desde mi punto de vista yo siempre he tenido buena colaboración con Aena, que es quien facilita los procedimientos. El sistema que se está actualizando actualmente no era implementable en 2024. Una de las preguntas que suele hacer la prensa es qué ha cambiado. Lo que ha cambiado es que hay un plan de choque y que se invierte en nuevas tecnologías y en refuerzo de personal. A partir de ahí, se produce una nueva ley de limitación de vehículos y una nueva serie de procedimientos que emanan del aeropuerto de Barajas por una problemática de todos conocidos. Los servicios centrales de Aena recuperan unas normas que nos han facilitado, en colaboración con el aeropuerto, un escenario completamente nuevo que no existía en 2024, en 2023 ni en 2019. Se deja claro en un documento por escrito que para ir al aeropuerto hay que tener una justificación: nadie celebra la comunión de su hijo en un bar del aeropuerto. Hay que tener un contrato o una tarjeta de embarque. No se permiten actividades económicas que no estén autorizadas por Aena y el ofrecimiento de transporte es una actividad económica que, a su vez, es una infracción administrativa. Se inicia un procedimiento conjunto en el que nuestros inspectores de Intrusismo se dedican a identificar quién se dedica al transporte ilegal en colaboración con la seguridad privada del aeropuerto y las fuerzas y cuerpos de seguridad, fundamentalmente la Policía Local de Sant Josep, que colabora en un dispositivo diario. Lo que ha cambiado no es la actitud del aeropuerto sino la posibilidad de implementar un procedimiento que limita el acceso sin justificación al aeropuerto.

— ¿Qué balance hace de la inspección en el transporte ilegal hasta el momento?

— Roberto Algaba tiene un equipo que son unos fenómenos, pero los resultados los dará el presidente del Consell, que es quien lidera este plan de choque, pero simplemente hay que ir a diferentes puntos del aeropuerto para ver que la facilidad para el acceso al transporte ilegal se ha reducido considerablemente en comparación con otros años.

— ¿Ha detectado aspectos a mejorar del plan de choque de cara a la temporada que viene?

— Yo propondré mejoras porque si no me despedirán y seguir manteniendo mi puesto de trabajo. Una parte de la administración debe ser la mejora continua. Habrá que ver cómo mejorar los resultados, ver qué partes no hemos podido atacar este año o ampliar y reforzar el ámbito de actuación. El plan de choque contra la masificación es para tres años. Lo primero que hay que hacer es terminar la temporada, hay que valorar los puntos fuertes y débiles del trabajo realizado. Y a partir de ahí se tomarán decisiones, que yo no las tomaré sino que las ejecutaré.

— ¿Este verano se puede acabar con los anuncios de alquileres turísticos ilegales?

— En los canales mayoritarios, en las principales plataformas, la presencia de oferta ilegal será residual y fácilmente detectable. Será en unas semanas, en menos de un mes, antes de que acabe la temporada, serán eliminados prácticamente la mayoría.

— ¿Es imposible atacar y eliminar los anuncios ilegales de la redes sociales como Facebook?

— Para trabajar en una administración y en el sector privado hay que ser ordenado y establecer unas prioridades. La capacidad de penetración en los mercados emisores de un grupo de Facebook no se puede comparar con una empresa que ingresa anualmente 2.100 millones de dólares solo por alquileres turísticos. Si no, no existirían estas plataformas. No conozco a nadie que haya comprado sus vacaciones a través de un grupo de Telegram o de Facebook, por lo que el nivel de penetración debe ser reducido. Si alguien contrata unas vacaciones por 5.000 euros en un grupo de Telegram le deseo suerte.