La historia del restaurante ibicenco que reclama 36.000 euros a una clienta por denunciar en redes sociales que le habían querido cobrar 12 euros por un «gancho para bolsos» es un ejemplo estupendo de la creciente confusión entre libertad de expresión y barra libre para linchar negocios desde la cómoda impunidad que ofrece la pantalla del móvil.
Hace algún tiempo, cuando alguien salía descontento de un restaurante, escribía una reseña en TripAdvisor o en Google. Eso ya era delicado, porque no siempre esas críticas responden a la realidad. Hubo quien recurrió al fraude y a la extorsión, quien utilizó la amenaza de una reseña negativa como arma de presión. Pero, al menos, existía cierto filtro: el comentario quedaba perdido entre decenas de opiniones.
Hoy el terreno ha cambiado. Las redes sociales, con su dinamismo y viralidad, convierten cualquier queja en un altavoz desmesurado, del que incluso la prensa se hace eco, para terminar de arreglarlo. Una publicación en TikTok, un hilo en X o una «story» en Instagram pueden arruinar la reputación de un negocio en cuestión de horas. Y lo grave es que, en muchos casos, el consumidor no busca resolver una incidencia, sino escarnio público, likes y notoriedad. El conflicto deja de ser privado y se transforma en espectáculo.
¿Significa esto que todos los clientes mienten? En absoluto. Hay abusos reales en la hostelería y es sano denunciarlos. Pero una cosa es reclamar, y otra es erigirse en juez, fiscal y verdugo a golpe de hashtag. Nadie debería poder dictar sentencia sin pruebas ni contexto. Y eso es lo que las redes fomentan: juicios sumarios en los que la verdad se diluye entre emoticonos de indignación y compartidos virales.
Por eso resulta llamativo que el restaurante de Ibiza haya decidido plantar cara y acudir a los tribunales. Pide 36.000 euros por el perjuicio sufrido y por el daño reputacional causado por la clienta que denunció que le habían querido cobrar el famoso gancho para colgar el bolso. ¿Es mucho dinero? A todas luces, parece excesivo. Pero servirá para aprender que si uno en las redes sociales le causa un perjuicio deliberado a otro, puede suceder que le salga el tiro por la culata.
El mensaje es claro: lo que no se puede hacer en la vida real —acusaciones sin fundamento, difamación o extorsión— tampoco se puede hacer en Internet. Las redes no son un espacio ajeno a la ley. Si tras exponer su queja al restaurante por la inclusión de un cargo por un servicio o producto no solicitado, el establecimiento corrigió el problema atendiendo la queja, todo lo que uno quiera hacer en redes correrá por su cuenta.
Hemos normalizado que una crítica en Facebook vale lo mismo que una denuncia ante Consumo; que un hilo en X sustituye a un procedimiento judicial y que un vídeo viral es más creíble que una inspección administrativa. Cualquier ciudadano se convierte en un potencial verdugo digital.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es ilimitado. No ampara la difamación ni el chantaje. Cuando un influencer exige comer gratis bajo amenaza de publicar una reseña negativa, estamos ante una extorsión de manual. Y cuando un cliente difunde acusaciones no probadas, puede estar causando un daño económico irreparable, por el que se le pueden acabar exigiendo responsabilidades.
Quizá este caso marque un antes y un después. Tal vez los usuarios de redes empiecen a pensárselo dos veces antes de lanzar un ataque viral contra un restaurante, un hotel o una tienda. Porque criticar, sí. Pero destruir sin pruebas y a base de mentiras, no. La impunidad digital es un espejismo: tarde o temprano, la realidad —y los tribunales— pasan factura. Y más le valdría a la denunciante de este caso haber pagado los 12 euros del puñetero gancho y sanseacabó.
¿Pero estamos locos o qué? No es un "perjuicio deliberado" Sr. Penpinyà, es exponer una situación que ha vivido una clienta, que es real y que es realmente abusiva. Y se ha viralizado, entre otras cosas, por la actitud prepotente y abusadora del dueño del restaurante que borra todos los comentarios que no le dan la razón y que ha modificado su propio comunicado porque el primero que dio se inculpaba de sus prácticas, ya no abusivas sino alegales. Que usted o este periódico defiendan el abuso de la hostelería frente al consumidor denota la credibilidad y posicionamiento del medio del lado del abusador en vez de el del cliente abusado.