El bufete Soriano i Piqueras se ha posicionado en tiempo récord como referente en la resolución de conflictos jurídicos complejos en Ibiza, especialmente en materia de urbanismo. Fundado en 2023 por el abogado valenciano Víctor Soriano–quien dejó la firma internacional Gómez-Acebo & Pombo para emprender su propio proyecto–, el despacho ha crecido con una estrategia clara: asumir solo casos de gran complejidad y notoriedad relacionados con derecho público, urbanístico y penal administrativo. En apenas dos años han abierto oficinas en Madrid, Valencia y Palma, y desde marzo de 2025 cuentan con presencia activa en Ibiza, donde en marzo celebraron una concurrida presentación ante la sociedad insular para dar a conocer su llegada, que acogió a un centenar de personas en el Hotel Montesol.
Aunque se trata de una firma relativamente joven, Soriano i Piqueras ha reunido un equipo multidisciplinar de élite. La plantilla –de una quincena de profesionales– está formada únicamente por abogados con amplia experiencia, ya que el despacho rehúye la contratación de perfiles junior para garantizar un servicio jurídico de excelencia. «En nuestro despacho no queremos crecer en volumen sino en calidad... no solo nos vemos obligados a rechazar asuntos, sino que tampoco contratamos abogados junior», advierte el director de la firma, enfatizando la apuesta por la especialización y la excelencia sobre el crecimiento indiscriminado. Esta filosofía les ha valido reconocimientos notables: Soriano, con apenas 34 años, ya figura desde hace tres años en el directorio internacional Best Lawyers entre los mejores abogados de España en sus campos de especialidad, y recientemente fue incluido en el «Top 10» de abogados penalistas del país. Tales logros reflejan la rápida consolidación de Soriano i Piqueras como firma boutique de referencia en el ámbito del derecho urbanístico y administrativo.
La especialización en urbanismo ha llevado al despacho a involucrarse en algunos de los casos más espinosos y mediáticos de Ibiza. Víctor Soriano se dio a conocer en la isla por ejercer la defensa del exfutbolista Marco Borriello en la causa penal abierta por las obras de su villa de Es Cubells. Este caso, paradigmático de los conflictos urbanísticos en Ibiza, ejemplifica la combinación de derecho administrativo, urbanismo y penal que caracteriza la labor del bufete. Borriello fue acusado de un presunto delito contra la ordenación del territorio por realizar reformas y ampliaciones sin licencia en una mansión situada en zona protegida. El enfoque de Soriano i Piqueras ha sido contundente: valiéndose de la nueva normativa autonómica de simplificación administrativa –la llamada «amnistía urbanística» de 2024–, han iniciado el proceso de legalización de la vivienda y solicitado el archivo del procedimiento penal. «No puede haber responsabilidad penal porque la normativa balear permite la legalización de esta vivienda. Estamos en trámites de legalización y este procedimiento se tendría que archivar», explicó Soriano a las puertas de los juzgados de Ibiza, donde denunció además posibles irregularidades en la obtención de pruebas.
El letrado sostiene que la Fiscalía ha tratado de convertir el asunto en una «macrocausa» prolongada durante cuatro años «únicamente porque don Marco Borriello es un personaje público», cuestionando la proporcionalidad de perseguir penalmente unas obras que, a su juicio, deberían dirimirse por vía administrativa. Gracias a la estrategia legal del despacho, la causa podría resolverse sin condena penal. Este enfoque técnico y combativo ha posicionado a Soriano i Piqueras como una tabla de salvación para propietarios, inversores y promotores en Ibiza que afrontan sanciones millonarias o imputaciones penales por infracciones urbanísticas.
Otro frente relevante es la batalla en torno al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Josep de sa Talaia, municipio con abundantes tensiones urbanísticas acumuladas durante años. Soriano i Piqueras representa a un grupo de importantes propietarios de suelo en Sant Josep y ha asumido un papel protagonista en la impugnación del plan urbanístico propuesto por el ayuntamiento. «Entendemos las razones que llevan al Ayuntamiento de Sant Josep a proponer este plan general, pues la situación urbanística de su municipio es muy compleja y arrastra muchos años de desmanes... pero no podemos tolerar decisiones arbitrarias en materias como la clasificación del suelo urbano», advierte Víctor Soriano.
En un encuentro técnico organizado por el despacho, Soriano señaló que el avance del PGOU desclasifica como rústicos terrenos que siempre se consideraron urbanos, algo «totalmente arbitrario, incumpliendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el carácter reglado del suelo urbano». «No es posible que, ante una misma situación material, dos parcelas con idénticos servicios urbanísticos tengan distinto trato –una siga como urbano y otra pase a rústico–. Si eso se mantiene en la versión definitiva del plan, lo recurriremos ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears para que se declare nulo; tenemos argumentos sobrados para ello», avisa el abogado urbanista.
Soriano i Piqueras ha evidenciado un conocimiento profundo de la realidad jurídica ibicenca, marcada por la colisión entre un territorio frágil y un desarrollo acelerado. En Ibiza, según denuncia Víctor Soriano, se han perseguido penalmente como delitos urbanísticos «auténticas tonterías», actos de escasa entidad que en otras regiones difícilmente acaban en los tribunales. «Los casos de delito urbanístico que se dan en Ibiza y, en particular, en Sant Josep, son algo inaudito en el resto de España; se trata de una auténtica persecución por parte de la Fiscalía», ha llegado a afirmar el letrado.
Esta convicción de que existe un exceso punitivo en materia urbanística insular impulsa al despacho a combatir con rigor técnico cada expediente: «Hay que actuar con cautela pero con firmeza ante lo que a todas luces es desproporcionado», sostiene Soriano, en referencia a los numerosos procesos penales urbanísticos en Ibiza. Su estrategia pasa por reconducir, siempre que es posible, estas infracciones al cauce administrativo (solicitud de licencias, restitución ambiental, pago de multas) antes que permitir que prosperen como causas penales que dañen reputaciones. «La defensa penal no entiende de ideologías», suele recordar Soriano, conocido por los casos penales de corrupción política y económica más sonados de España, y en el caso de los conflictos urbanísticos tampoco debería entender de personalismos ni ejemplaridades desmedidas. Por ello, el bufete ha asumido la defensa de clientes de todos los perfiles –desde famosos empresarios y deportistas hasta vecinos anónimos– con un objetivo común: lograr soluciones jurídicas justas y eficaces que resuelvan el conflicto de fondo y minimicen el impacto personal y económico para el implicado.