La décima edición del Encuentro de Agentes Sociales de las Pitiusas, organizado por Cáritas Diocesana de Ibiza, centró ayer su debate en el fenómeno migratorio bajo el título Pateras: un viaje al paraíso. El encuentro, celebrado en la nueva nave de Cáritas en Can Pep Xico, reunió este jueves a representantes de distintas entidades sociales, fuerzas de seguridad y voluntariado para analizar los retos que plantea la creciente llegada de personas migrantes a las islas.
Durante la jornada, agentes de la Policía Nacional ofrecieron una ponencia sobre su labor en la atención inicial a los migrantes que llegan por vía marítima. Aunque estaba prevista la participación del jefe del Grupo Operativo de la Comisaría de Ibiza, Eduardo Blanco, finalmente fueron la subinspectora y la Policía, Alicia y Beatriz, integrantes de la UCRIF de Ibiza, quienes explicaron cómo se desarrolla el proceso tras la primera intervención de Cruz Roja Ibiza en un contexto de llegadas masivas de migrantes. «Somos los mismos que hace tres años, pero el trabajo ha aumentado un mil por ciento», destacaron, en alusión al incremento de pateras interceptadas en la costa pitiusa en los últimos años.
Las agentes subrayaron que el procedimiento está marcado por la Ley de Extranjería y que su función se centra en garantizar los derechos de las personas recién llegadas, tramitar los expedientes y cumplir los pasos legales establecidos. Tras la primera asistencia de Cruz Roja – que incluye atención médica, alimentos y apoyo psicológico –, la Policía Nacional asume la gestión administrativa y penal de cada caso. «Trabajamos con personas, con historias y necesidades muy distintas, y debemos actuar de manera inmediata», explicaron. No obstante, reconocieron las limitaciones materiales con las que afrontan cada operación: «Nuestros recursos son los que son; el espacio de trabajo muchas veces es un calabozo o una zona de denuncias adaptada para la ocasión». El procedimiento, indicaron, varía según la situación de cada persona. Si se detecta que el migrante ha entrado por una frontera ilegal, se tramita una orden de devolución; si ya se encuentra en territorio nacional, se abre un expediente de expulsión, «siempre condicionado a los acuerdos existentes con el país de origen». También explicaron que, en los casos en los que hay indicios de delito o se detecta una embarcación especialmente precaria, los migrantes pueden pasar a disposición judicial. «El juez decide las medidas cautelares necesarias para evitar fugas o garantizar su comparecencia», añadieron.
Por su parte, Mary Castaño, coordinadora insular de Cruz Roja, precisó que su equipo cuenta con un dispositivo de primera acogida y un programa de traslados voluntarios. «Nunca se traslada a nadie que no lo desee. Les preguntamos si quieren entrar en el programa y, dependiendo de sus vulnerabilidades, se derivan a distintos circuitos de atención», señaló. Mary aprovechó su intervención para agradecer la colaboración y la «gran humanidad» de los agentes de Policía Nacional que trabajan en este ámbito. «A pesar de la presión y los medios limitados, siempre muestran sensibilidad y respeto hacia las personas migrantes», destacó.