La Delegación en Ibiza de la Federación Balear de Caza, junto con la Sociedad de Cazadores Sant Josep, ha emitido un comunicado dirigido a las administraciones locales e insulares expresando su preocupación por la gestión de los gatos sin propietario en la isla. Según ambas entidades, desde la entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal en septiembre de 2023, ciertos colectivos animalistas han promovido una gestión del gato «comunitario» que, a su juicio, equipara los derechos de estos animales a los de las personas.
Los cazadores denuncian que algunas asociaciones, amparadas en su interpretación de la ley, estarían «inundando» la isla con gatos abandonados y considerándose las únicas con autoridad para decidir sobre ellos. Aseguran que los animales se liberan en propiedades privadas sin identificación y luego son alimentados sin control, lo que genera molestias a los vecinos, a sus mascotas y a la fauna autóctona.
Las organizaciones instan a las administraciones a exigir a las asociaciones animalistas el cumplimiento de la normativa sobre biodiversidad y salubridad, y a responsabilizarlas de los costes derivados de revertir la situación creada, incluidos los relacionados con seguridad vial y limpieza de espacios públicos. Alertan de una «negligente rutina» que degrada el entorno y provoca una insalubridad «realmente preocupante».
Origen de los gatos abandonados
El comunicado analiza el origen de los gatos abandonados, señalando que algunos provienen de centros de acogida liberados sin chip, otros de clínicas veterinarias, camadas de gatas silvestres o abandonos de particulares. Critican la oferta de crías en redes sociales «a cambio de un pequeño donativo», lo que interpretan como una «venta encubierta» que acaba en abandono de los no adoptados.
Los cazadores proponen políticas que reduzcan los «puntos ilegales de concentración» de gatos, al considerarlos focos de suciedad y enfermedades. Acusan a ciertas asociaciones animalistas de invadir propiedades privadas, coaccionar a funcionarios y ciudadanos y ofrecer una versión sesgada de los hechos. Aseguran que los protocolos CER (Captura, Esterilización y Retorno) son «ilegales en muchos de sus aspectos» y que «no hay ni una sola colonia felina legal» en Ibiza, lo que interpretan como un abandono de animales.
Responsabilidad de los alimentadores
Las entidades consideran que alimentar gatos en la vía pública es ilegal y que cualquier persona que lo haga debería asumir las obligaciones legales correspondientes: identificación, atención veterinaria y responsabilidad por daños o molestias. Afirman que las administraciones reciben «no pocas quejas» por los perjuicios generados y que quienes denuncian esta situación sufren «campañas de acoso y difamación».
A su juicio, la actual gestión es «nefasta» y ha provocado una población anormal y desproporcionada de gatos, favorecida por la sobrealimentación y el abandono. Recuerdan que en el pasado estos animales se mantenían solo para controlar roedores, en número limitado.
Reclaman la intervención «decidida y efectiva» de las autoridades para resolver un conflicto que afecta tanto a los animales como a los ciudadanos. Proponen reducir la natalidad mediante castración, una identificación masiva y la eliminación de los puntos de alimentación. Además, piden que los afectados comuniquen sus quejas a las administraciones para dejar constancia de que «la opinión animalista no es la única».
Reiteran que en Ibiza «no existe ni una sola colonia felina registrada legalmente» y advierten de que, si los gatos causan problemas en una propiedad, el responsable será el titular del terreno, ya que quienes los alimentan «en ningún caso darán la cara».
Biodiversidad
En el apartado de biodiversidad, las organizaciones destacan que los gatos, incluso castrados y bien alimentados, mantienen su instinto cazador y continúan afectando a especies autóctonas y endémicas. Recuerdan la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, cuyo artículo 80 tipifica como infracción «las sueltas no autorizadas en el medio natural de animales domésticos», y cuestionan con qué permisos se están liberando gatos en propiedades privadas.
Salud pública y seguridad vial
En cuanto a la salud pública y la seguridad vial, los cazadores subrayan que muchos municipios prohíben alimentar animales en la vía pública, pero los alimentadores colocan comida en propiedades privadas, generando olores, excrementos y presencia de pulgas. Consideran especialmente preocupante la situación en colegios, residencias y parques, donde la limpieza se ha convertido en una «indeseable rutina».
Alertan sobre los riesgos de la toxoplasmosis, que podría afectar de forma subclínica a parte de la población, y de otras enfermedades como tiña o sarna, recordando que la parasitosis puede causar graves problemas en mujeres embarazadas y riesgos neurológicos en niños.
Críticas al método CER
Respecto al método CER, sostienen que «nunca funcionará» tal como se aplica en Ibiza, pues solo sería viable en poblaciones cerradas con control estricto y sin incorporación de nuevos individuos. Denuncian que los actuales puntos de alimentación son «simples cebaderos» donde se mezclan gatos castrados y sin castrar, sin control ni trazabilidad, lo que perpetúa las colonias.
Acusan a las asociaciones de incumplir las mismas leyes que exigen al resto de ciudadanos y de aplicar la normativa «con extrema delicadeza» solo cuando les conviene. Finalmente, hacen un llamamiento a ecologistas, autoridades sanitarias, consistorios, el Consell de Eivissa y veterinarios para abordar «de manera decidida» el problema de los gatos ferales y adoptar medidas efectivas para «parar este despropósito».
XEs verdad que gatos y humanos llevamos miles de años de convivencia...sin embargo, nunca habíamos tenido antes en Ibiza una súper población de más de 10 mil gatos asilvestrados, y por más que deseemos que sean como nuestros HIJOS, en realidad son FELINOS, y al seguir su instinto FELINO (de depredador eficiente!), matan aves, insectos y reptiles endémicos. Las poblaciones descontroladas de gatos en Australia, México, Nueva Zelanda, en las Islas Canárias, tanto salvajes como domésticos en libertad, son una amenaza para la fauna local, y han llevado varias especies a la extinción.