El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley balear 4/2025, que regula los denominados «proyectos residenciales estratégicos». Esta normativa, que permite la construcción en suelo rústico, ha generado una notable controversia en la ciudadanía balear.
La acción judicial ha sido impulsada por diversas entidades ciudadanas y cuenta con el respaldo formal de más de cincuenta diputados de los grupos Socialista, Sumar/Més y Mixto (Podemos), quienes han trabajado con sus respectivos equipos jurídicos para presentar este desafío legal. La admisión a trámite abre un nuevo capítulo en la disputa urbanística en las Islas.
La Ley 4/2025, aprobada por el Parlamento balear, autoriza la edificación de viviendas en suelo rústico sin la necesidad de dotación de servicios previos en municipios con más de 20.000 habitantes. Asimismo, extiende esta posibilidad a suelo urbano y urbanizable en localidades con más de 10.000 habitantes. Estos proyectos tienen la capacidad de modificar las condiciones establecidas en los planeamientos municipales vigentes, incrementando la densidad residencial máxima y el coeficiente de edificabilidad. Esto podría, en la práctica, obviar la previsión de aparcamientos, dotaciones de abastecimiento y otros aspectos fundamentales del urbanismo.
«Si el recurso prospera y la ley es declarada inconstitucional, serán los consistorios quienes afrontarán las consecuencias de lo que hayan autorizado, debiendo hacer frente a las presiones y reclamaciones de los promotores»
Un aspecto particularmente controvertido de esta legislación es que las promociones urbanísticas que se acojan a ella se beneficiarán del «silencio positivo». Esto significa que, si la administración no responde en un plazo determinado, la solicitud se considera aprobada. Esta medida ha sido objeto de críticas por su potencial impacto en la transparencia y el control de los procesos urbanísticos.
El recurso de inconstitucionalidad, ahora bajo examen del Tribunal, se fundamenta en la defensa de los derechos fundamentales, la protección del territorio y el acceso a una vivienda digna. Se enmarca en un contexto de defensa de los derechos fundamentales. Los promotores del recurso argumentan que la norma presenta serias deficiencias desde una perspectiva territorial y jurídica.
En primer lugar, se señala que la ley vulnera el principio de seguridad jurídica y altera la jerarquía normativa. Se critica que aprovecha mecanismos de decreto y un régimen de excepción para modificar de manera súbita el planeamiento urbanístico y la clasificación del suelo rústico. En segundo lugar, el recurso sostiene que la normativa afecta la autonomía municipal e insular, al imponer mecanismos que desdibujan las competencias de consistorios y consells, favoreciendo intervenciones externas y proyectos «estratégicos» decididos a nivel autonómico.
«Amnistía encubierta»
Además, se argumenta que la Ley 4/2025 incumple la legislación básica estatal en materias de urbanismo, medio ambiente y protección del suelo rústico. La introducción de mecanismos de «silencio positivo» y regularizaciones exprés podría, según los recurrentes, menoscabar los procesos de participación ciudadana y control ambiental. Finalmente, el recurso denuncia que la ley rebaja la protección del suelo rústico y vehiculiza una «amnistía encubierta» para actividades y edificaciones que, en condiciones ordinarias, habrían sido declaradas ilegales, generando así una desigualdad entre la ciudadanía.
La admisión a trámite de este recurso se suma a otro ya en consideración del Tribunal Constitucional, presentado contra la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las Islas Baleares. Este hecho subraya una tendencia del Parlamento balear a generar textos legislativos que, de forma reiterada, inciden directamente sobre el suelo rústico.
Los ecologistas denuncian que «se están buscando constantemente nuevas fórmulas para trasladar la presión urbanística hacia el ámbito rural de las islas», según expresaron en un comunicado de prensa. «A menudo, estas intenciones se presentan bajo el pretexto de simplificar trámites administrativos –cuando, en realidad, se estaría premiando a infractores urbanísticos», apuntaron. Denuncian también que esta ley se promociona como una manera de «ayudar a los agricultores», a pesar de que la Ley Agraria modifica numerosos criterios urbanísticos. En el caso de la Ley 4/2025, la justificación de facilitar viviendas podría encubrir operaciones especulativas en suelo rústico.
Esta reciente admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional representa un paso significativo en la defensa del territorio y en la lucha contra la especulación urbanística en las islas. En este contexto, el GOB ha emitido una clara advertencia a los ayuntamientos: «Si el recurso prospera y la ley es declarada inconstitucional, serán los consistorios quienes afrontarán las consecuencias de lo que hayan autorizado, debiendo hacer frente a las presiones y reclamaciones de los promotores», adviertieron.
Ecologetas caviar de izquierdas que ya tienen sus pisos o incluso casas en rústico. Hipócritas que sólo piensan en amargar a los que no consiguen piso tasado