Los actos del 25N continuaron ayer en Ibiza con una jornada formativa en el Centro Cultural de Jesús sobre aspectos policiales y judiciales de la violencia de género. En este sentido, tanto la subinspectora de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía en Ibiza, Jimena López, como la jueza María de los Ángeles Casanovas, impartieron una jornada formativa dirigida, entre otros asistentes, a agentes de distintos cuerpos y personal técnico de instituciones.
Entre los datos que se analizaron, López destacó un indicador especialmente preocupante: seis de cada diez menores conoce a alguna persona que ha sido víctima de violencia de género. Además, según indicó, el 49 % de la población afirma conocer al menos un caso, lo que confirma que, pese a los avances legislativos y a la mayor sensibilización social, la violencia machista continúa muy presente en el entorno cotidiano.
A ello se suma otro dato alarmante: el 80 % de las víctimas nunca llega a presentar denuncia, un problema que obstaculiza la intervención policial y la detección temprana de situaciones de riesgo extremo. La subinspectora también subrayó durante su intervención la necesidad de reforzar los mecanismos de apoyo a las víctimas que, por miedo, dependencia económica o emocional, deciden no acudir a las autoridades. «Queremos llegar a las mujeres que no denuncian. El objetivo es que ninguna se quede fuera del sistema de protección», afirmó. Para ello, explicó, es fundamental el Protocolo Cero, aprobado por el Consejo de Ministros en 2021, que permite iniciar actuaciones policiales incluso sin la denuncia formal de la víctima cuando existan indicios suficientes de un delito.
Este protocolo se enmarca en el catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género. López recordó que el Código Penal recoge esta posibilidad: «Detener sin denuncia se puede hacer. La ley nos lo permite cuando hay evidencias de una situación de violencia». En estos casos, apuntó que la primera intervención policial se convierte en un factor clave e indicó que es esencial actuar en estas situaciones «en caliente», cuando la reacción inmediata puede salvar vidas.
Uno de los puntos que más recalcó la subinspectora es que la valoración inicial del riesgo debe ser rigurosa y estar basada en preguntas específicas: si la víctima sufre violencia cronificada, si el agresor tiene adicciones, si existe un trastorno diagnosticado o si hay convivencia pese a una separación formal. «Debido a la situación de vivienda en Ibiza, muchas mujeres tienen que convivir con su expareja tras la separación», advirtió López. También recordó la importancia de no juzgar a las víctimas por no denunciar: «Tenemos que ponernos en el lugar de esa mujer, no pensar qué haríamos nosotras».
La subinspectora insistió, además, en que es fundamental prestar atención a las lesiones: estadísticamente, agregó, muchas mujeres mueren por asfixia. Para proteger a los menores, defendió que siempre que sea posible se les mantenga en un entorno conocido antes de recurrir a centros de acogida, ya que «es una experiencia muy desagradable para ellos». Durante la jornada se recordó también el caso de Ana Orantes, asesinada en 1997 tras denunciar durante años malos tratos. Lo hizo en catorce ocasiones, pero la respuesta institucional fue insuficiente: «Le decían que era un asunto que debía arreglarse en casa», apuntó López.
Su asesinato, recordó, supuso un punto de inflexión: provocó una movilización social que obligó al Gobierno a empezar a legislar. «No sabemos cuántas mujeres fueron asesinadas antes. No se registraba», destacó e indicó que el caso de Orantes abrió el camino a la actual normativa, encabezada por la Ley Integral de 2004, y más tarde por convenios internacionales, que España ratificó ampliando el enfoque hacia todas las formas de violencia contra la mujer.