El Ayuntamiento de Sant Antoni, a través de Bienestar Social, organizó este martes una jornada divulgativa centrada en las novedades legislativas introducidas por la Ley 8/2021 y en los recursos disponibles para las personas con discapacidad y sus familias.
El encuentro, que se celebró en el auditorio del Centro Cultural Cervantes, reunió a profesionales del ámbito jurídico y social, así como a representantes de asociaciones y fundaciones tutelares que trabajan de manera directa con este colectivo en la isla de Ibiza.
La sesión tuvo como eje principal la reforma de la legislación civil y procesal aprobada en 2021, que supuso un cambio de paradigma en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, «al eliminar la incapacitación judicial y sustituirla por un sistema de apoyos que respeta la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona afectada».
Objetivo
El objetivo de la charla, según indicó el concejal de Bienestar Social de Sant Anotoni, Jorge Nacher, fue ofrecer una explicación práctica de estas modificaciones legales y de cómo se aplican en el día a día, tanto desde el punto de vista judicial como desde la intervención de las entidades sociales.
«Estas charlas sirven para dar respuesta a las numerosas dudas que trasladan las familias con hijos o familiares con algún tipo de discapacidad», precisó, resaltando que entender bien lo que significa esta reforma legislativa es fundamental porque introduce muchas medidas nuevas que fomentan la seguridad jurídica y personal de estas personas. En este sentido, destacó la buena acogida que están teniendo este tipo de charlas entre asociaciones y padres.
La reforma sienta las bases de un nuevo sistema en el que predomina el respeto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
En esta ocasión, la jornada contó con la participación de María Victoria Torre, doctora en Derecho y jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza, quien abordó los aspectos clave de la Ley 8/2021 y su aplicación práctica.
Cabe recordar que esta reforma sienta las bases de un nuevo sistema en el que predomina el respeto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Capacidad jurídica
Al respecto, la ley proclama en su artículo 12 que las personas con discapacidad han de tener la misma capacidad jurídica que el resto de la población – en todos los aspectos de la vida – obligando a los Estados miembros a adoptar medidas para proporcionarles el apoyo necesario en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Foto: Jésica López
Un enfoque, indicaron, que supone un giro respecto al modelo anterior, basado en la sustitución de la voluntad de la persona por la de un tutor. Junto a la magistrada participaron representantes de la Fundación Aldaba y de la Fundación CIAN, dos entidades de referencia en la prestación de apoyos a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Por parte de Aldaba intervino la trabajadora social Susana Rodríguez, así como la letrada Ramona Bagú, mientras que CIAN estuvo representada por la trabajadora social Ana Moragues y el letrado Alberto Rosauro.
El edil Jorge Nacher explicó que la intención del Ayuntamiento de Sant Antoni es que, además de las entidades que ejercen funciones tutelares o de apoyo, participen también profesionales del ámbito judicial.
«Intentamos que, junto a las asociaciones, haya siempre un juez, un fiscal o un abogado que pueda complementar la información. Si hay algo que no está del todo claro o surgen dudas, es muy positivo que sea la propia jueza o juez quien pueda aclararlas directamente», apuntó Nacher, remarcando el valor de este contacto directo, poco habitual fuera del entorno estrictamente judicial.