Los autos de la Audiencia Provincial de Palma en los que ordena continuar con la investigación de la causa abierta contra el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, por la contratación de la campaña turística ‘La Vida Islados’ chocan frontalmente con el criterio de la Fiscalía.
La Fiscalía solicitó en febrero de 2025 a la Audiencia Provincial que confirmara íntegramente el archivo de la causa al considerar que no existían indicios suficientes de delito. El pronunciamiento del Ministerio Público se produjo tras los recursos de apelación presentados por un el empresario Francisco Vilás, por la interventora del Consell d’Eivissa, María Ana Díaz Tur, y por el PSOE contra el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, que acordó el sobreseimiento provisional en diciembre de 2024.
En extensos escritos remitidos a la Audiencia, la Fiscalía se opuso a todos los recursos y respaldó la decisión judicial, argumentando que la investigación, iniciada en 2022, había sido «larga, compleja y exhaustiva», con cerca de 1.700 actuaciones practicadas. A juicio de la Fiscalía de Ibiza, tras la instrucción no se acreditó la existencia de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias ni coacciones o acoso laboral que se atribuían al investigado, Vicent Marí.
En relación con la presunta prevaricación, la Fiscalía sostuvo que la contratación cuestionada se realizó mediante un procedimiento de emergencia en el contexto de la pandemia de la Covid-19, fue tramitada por los servicios técnicos del Consell, revisada por la secretaría y puesta en conocimiento del Pleno. Además, subraya que los decretos administrativos no fueron recurridos y devinieron firmes, y que los funcionarios que intervinieron en el expediente ya fueron investigados y sobreseídos, decisión confirmada por la propia Audiencia Provincial.
Respecto al supuesto tráfico de influencias, el Ministerio Público señaló que no se ha probado que el presidente impusiera la adjudicación a una empresa concreta ni que existiera trato de favor. Según la investigación, la elección de los profesionales implicados partió de propuestas del ámbito creativo y no de una decisión personal de Vicent Marí.
La Fiscalía también descartó en su momento la existencia de coacciones o acoso laboral contra la interventora del Consell d’Eivissa. El Ministerio Público destacó la ausencia de una relación causal entre la conducta denunciada y los informes médicos aportados, así como las numerosas declaraciones testificales de altos cargos y funcionarios que negaron haber presenciado presiones o comportamientos vejatorios.
Con todo ello, el Ministerio Público interesó que la Audiencia Provincial desestimara los recursos y confirmara el archivo de la causa, al considerar que la resolución impugnada es conforme a Derecho y que no procede la reapertura del procedimiento penal.
Sin embargo, la Audiencia ha estimado parcialmente los recursos de apelación presentados por el PSOE y la interventora del Consell d’Eivissa y Vicent Marí está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.
El abogado de la interventora del Consell, David Salvá, espera que el juez instructor dé traslado a todas las partes para que presenten sus escritos correspondientes antes de abrir juicio oral. En este sentido, Salvá ya ha avanzado que acusará a Vicent Marí de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, lesiones psicológicas y coacciones, por los que pedirá penas que suman más de dos años de cárcel.
XSupuestos,nada nuevo,por cierto,queda demostrado que cuando se le acaban los argumentos malmetedores,recurre al insulto directo,su especialidad,entre otras,por cierto,lo del chat,¿ lo olvidamos?. Siga,quedando en ridículo,y poniendo copias y pegas ,de lo que ya todos lo sabíamos. Y siga malmetiendo del Consell y Ayuntamientos, entre ellos el de Sta.Eulalia, pero lo suyo ,con la Administración Local,por su modo de ser y actuar,ya no tiene arreglo..... . Ud. ya me entiende.... .