El auto de sobreseimiento provisional dictado el 20 de diciembre de 2024 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza fue claro y rotundo. «En la instrucción no se han revelado datos indiciarios de que el sr. Marí Torres, de manera intencional y consciente, dictara resolución alguna manifiestamente injusta o arbitraria». Y remachó: «no parece que este sea el caso» cuando analizó si los hechos encajaban en el delito de prevaricación administrativa.
Esa contundente conclusión no surgió de la nada. Fue el resultado de más de dos años de instrucción, decenas de testigos —técnicos, secretarios, funcionarios— y miles de folios. No hubo delito ni por el uso del procedimiento de emergencia durante la pandemia, ni por la actuación del presidente del Consell, Vicent Marí. Aquella resolución recordaba la doctrina consolidada del Tribunal Supremo: «No es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona». Y en este caso, arbitrariedad no se acreditó.
Tampoco la vio la Fiscalía. Tras analizar toda la causa, el Ministerio Público pidió confirmar el archivo provisional al no apreciar indicios suficientes de prevaricación, tráfico de influencias ni coacciones. De esta forma, el juez instructor y la Fiscalía coincidieron en el fondo.
Recursos
La Audiencia Provincial, cuyos autos han sido utilizados ahora para exigir la dimisión de Vicent Marí, no desmonta el razonamiento anterior. Lo confirma en lo esencial. Avala que el procedimiento de emergencia era jurídicamente defendible en el contexto de la pandemia y descarta que ese uso, por sí mismo, constituya delito.
La reapertura parcial ordenada por la Sala no es una condena anticipada ni una imputación de culpabilidad, sino una decisión estrictamente procesal: considera que aún pueden practicarse diligencias sobre la adjudicación concreta a Fuera Escena SL y sobre los hechos personales denunciados por la interventora. Nada más. No habla de dolo, ni de beneficio personal, ni de corrupción acreditada, como falsamente afirman los socialistas.
Hasta aquí, el plano jurídico. Abordemos el político. Y es aquí donde el PSOE decide cruzar una línea peligrosa: forzar el relato cuando la justicia no acompaña.
La reacción de la FSE-PSOE tras conocerse los autos es un ejemplo de manual. Hablan de «corrupción», de «envío a juicio» y exigen la dimisión inmediata de Vicent Marí. Todo ello ignorando deliberadamente tres hechos incómodos: que el caso fue archivado en primera instancia, que la Fiscalía respaldó ese archivo y que la Audiencia no avala el núcleo del relato socialista. Pero no estamos ante un error, sino ante una estrategia, la misma de siempre. Lo que el PSOE no logra en las urnas en Ibiza, donde ha sido derrotado reiteradamente, intenta conseguirlo por la vía judicial, obligando a dimitir a un adversario político aunque no haya condena, ni juicio, ni delito probado. Una maniobra burda, torticera, ejecutada además de la mano del querulante Francisco Vilás, cuyas motivaciones son sobradamente conocidas en la isla y cuya actividad judicial selectiva, por más que poco exitosa, habla por sí sola.
«El caso más grave»
En este contexto, resulta especialmente llamativa la afirmación de la portavoz socialista Elena López, cuando califica este asunto como «el caso más grave de corrupción de la historia del Consell d’Eivissa». Esa frase no solo es políticamente interesada: es históricamente falsa. Porque si Ibiza ha tenido un gran caso de corrupción política, ese fue el caso Ibiza Centro, que afectó directamente a dirigentes del PSOE ibicenco, fue investigado durante años por un juzgado de instrucción y marcó un antes y un después en la vida política de la isla. Negar esa realidad es un ejercicio de amnesia selectiva.
La doble vara de medir socialista se entiende mejor si se amplía el foco. El mismo día en que se conocen los autos de la Audiencia, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, recibe en La Moncloa a Oriol Junqueras, condenado en 2019 por el Tribunal Supremo a 13 años de prisión por sedición y malversación de caudales públicos. Tras casi cuatro años encarcelado, fue indultado y posteriormente amnistiado por una ley impulsada por el propio PSOE. Para unos, dimisión inmediata sin condena. Para otros, indulto, amnistía y alfombra roja pese a la condena firme. Y es que los socialistas ameritan una apreciación del delito muy peculiar, pues sólo ven los que ellos quieren y amnistían los que les interesa para alcanzar el poder.
Acoso y derribo
Al presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, le asiste la presunción de inocencia. Y hoy, los hechos son los que son: no hay condena, no hay juicio, no hay delito probado, y tanto el juez instructor como la Fiscalía lo dejaron por escrito. Pero al PSOE los autos de la Audiencia Provincial que obligan seguir con la instrucción e impiden cerrar el caso, le sirven para seguir con su estrategia de desgaste contra su principal e imbatible rival político.
Cuando la justicia no sirve al relato, algunos optan por atacar al acusado. Otros, simplemente, leen los autos. Y los autos, cuando se leen, hablan bastante claro. La interventora del Consell, Marian Tur, se opuso a una contratación de emergencia que era legal. Pero le da igual, porque de la mano del PSOE y de Vilás, su objetivo es sentar en el banquillo a Vicent Marí.
El abogado de la interventora, David Salvà, que pretendió convertir la causa en un circo de tres pistas, algo que deben ignorar las magistradas de Palma, vuelve a las andadas acusando al juez de una instrucción «desastrosa» y de «comportarse más como el abogado defensor de Vicent Marí que como un instructor de una investigación que tendría que dimitir si se cometieron hechos delictivos o no».
Ahora será ese juez el que deberá seguir con la investigación siguiendo las órdenes de la Audiencia Provincial. Pero no le conviene olvidar algo importante que a las magistradas de Palma, ajenas a la realidad política de Ibiza, se les ha pasado por alto. Quiénes son los acusadores y qué objetivos persiguen. Y la total falta de pruebas que sustentan sus incriminaciones contra el presidente elegido democráticamente el 28 de mayo de 2023. Cuando ya se le investigaba por ‘La Vida Islados’. Por mayoría absoluta. ¿Necesitan más pruebas de la actuación maquiavélica de los acusadores populares?
Mi difunto suegro me decía , tienes que votar a " Matute" si no vienen los comunistas.