El abogado Víctor Soriano, ampliamente conocido en Ibiza por haber asumido la defensa de un conocido futbolista en el sonado caso penal por las obras en su mansión de Es Cubells, se ha posicionado en pocos años como uno de los principales referentes legales en materia urbanística en la isla. Su despacho, Soriano i Piqueras, cuenta con una intensa presencia en las islas Pitiusas y es el principal referente en las operaciones más complejas de la isla. Soriano, que representa a un número significativo de propietarios de suelo en la isla blanca se ha mostrado crítico con el urbanismo de Ibiza y, en especial, con la situación en Sant Josep de Sa Talaia tras la suspensión de las normas subsidiarias de la localidad, una medida extrema adoptada por el Consell durante la tramitación del nuevo plan general, y la adopción de unas nuevas normas provisionales.
«Sant Josep de Sa Talaia tiene graves problemas urbanísticos pero la forma de resolverlas no es actuar contra la ley», ha afirmado a este diario el letrado, que apunta «hay límites que no se pueden cruzar, el Consell ha suspendido las normas subsidiarias de Sant Josep de forma arbitraria, sin una motivación, paralizando con ello decenas de proyectos cuyos propietarios tienen derechos adquiridos».
Uno de los aspectos que más inquietud genera es la degradación a suelo rústico de parcelas que hasta ahora se habían considerado urbanas. Para Soriano este cambio se plantea «de manera arbitraria, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo». El letrado pone como ejemplo la discriminación entre parcelas con idénticos servicios urbanísticos: «no se puede permitir que una parcela se mantenga como urbana y otra se reclasifique como rústica estando en la misma situación».
Pero Soriano, que ha participado entre otros proyectos en el equipo jurídico que asesoró en la implantación del hotel más lujoso de la isla, también se refirió al controvertido caso de Vista Alegre, donde el Ayuntamiento ha decidido no otorgar licencias. «Lo que ocurre en Vista Alegre es claramente ilegal: hay un bloqueo administrativo injustificado que vulnera derechos adquiridos y genera inseguridad jurídica. Estamos ya trabajando en varios recursos. El Ayuntamiento de Sant Josep está obligado a tramitar y otorgar esas licencias. Ocurro algo muy parecido en Es Cubells», afirma el abogado.
En cuanto a los procesos por presuntos delitos urbanísticos, Soriano, reconocido como uno de los mejores abogados de España en derecho penal urbanístico, no duda: «hay una actuación desproporcionada por parte de la Fiscalía que perjudica incluso a los juzgados de instrucción, llevando a causas penales meras irregularidades administrativas».