La Justicia ha desestimado el recurso presentado por los consellers socialistas en el Consell d’Eivissa, por el que pedían la suspensión del acuerdo de pleno del día 28 de marzo de 2025 en relación a la aplicación de la Disposición adicional séptima de la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears, en el ámbito territorial de Ibiza, que regula el procedimiento de legalización extraordinario de edificaciones en suelo rústico.
Los socialistas, en su recurso, pedían la suspensión del acto impugnado como medida cautelar. Sin embargo, el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma desestima esta petición al señalar que para su adopción se requiere «como requisito indispensable, que la no suspensión del acto hiciese perder su finalidad al recurso al causar un perjuicio de imposible reparación o muy difícil».
En este sentido, la jueza Sonia Martín apunta en su auto del pasado 9 de enero que «nada se acredita en el presente caso; no se acredita qué perjuicio irreparable sufrirían los recurrentes más allá de la mera alegación de que, con carácter general, la no suspensión del acuerdo impugnado puede conllevar una dificultad de la ejecución de una eventual sentencia estimatoria en relación a terceros que han intervenido en este procedimiento ni son parte legítima por resultar hipotéticos». Por este motivo, en relación a la medida cautelar solicitada, «procede la desestimación de la misma», sentencia la jueza.
Esta es la segunda vez que la Justicia se pronuncia en este mismo sentido. En febrero de 2025, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma ya desestimó las medidas cautelares solicitadas por los socialistas ibicencos en la demanda presentada a principios de ese año contra el acuerdo de pleno del Consell d’Eivissa del 28 de junio de 2024, por el cual se aprobó la aplicación en la isla de la amnistía urbanística en suelo rústico prevista en la disposición adicional séptima del Decreto Ley 3/2024 del Govern balear, y que fue convalidado, con cambios, en diciembre de 2024.
En aquel caso la jueza Cristina Pancorbo desestimó la petición de suspensión del acuerdo de los socialistas ya que «no se ha acreditado por los recurrentes el periculum in mora» referentes a la inseguridad jurídica de los ciudadanos, es decir, el supuesto riesgo existente de no tomar las medidas cautelares que reclamaba el PSOE de Ibiza.
En su día, el PSOE también solicitó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. Sin embargo, el Gobierno dio el visto bueno a la legalización de viviendas y otras construcciones en suelo rústico después de que el Govern balear se comprometiera a no extender esta medida en suelo urbano o urbanizable, un acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta Bilateral entre ambos gobiernos.
Para el PP de Ibiza, con este acuerdo, el Gobierno de Pedro Sánchez «ha desautorizado a los socialistas ibicencos y su estrategia de judicialización de todo».
El PSOE, en los juzgados
La Justicia también archivó en febrero de 2025 la denuncia presentada por el conseller socialista Víctor Torres por considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar la comisión de un delito de malversación por parte del Partido Popular de Ibiza, el Consell d’Eivissa y la empresa pública FECOEV por la celebración de un mitin en el Recinto Ferial de Ibiza.
El 28 de abril de 2023, el Consell d’Eivissa organizó un acto institucional de entrega de honores y distinciones, abonando a FECOEV 58.179,46 euros. Al día siguiente, el Partido Popular de Ibiza celebró un mitin político en el mismo lugar, pagando solo 3.336,09 euros. El PSOE sostenía que el Partido Popular de Ibiza había recibido un trato de favor al pagar una cantidad significativamente inferior y que se había beneficiado de la infraestructura montada para el evento del día anterior.
Sin embargo, la investigación demostró que los servicios contratados fueron diferentes, que el Partido Popular pagó por los servicios utilizados y que no hubo irregularidades en la facturación, ya que las tarifas de alquiler del recinto para partidos políticos están reguladas, por lo que se aplicó un descuento del 90%, algo habitual para partidos, sindicatos y asociaciones sin ánimo de lucro.
El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha reaccionado esta semana a la decisión de la Audiencia de continuar con la investigación del caso ‘La Vida Islados’. «Pidiendo mi dimisión solo logran que yo me reafirme más y esté más tranquilo. Me sabe mal que el PSOE emplee la Justicia para hacer política», señaló Marí.