La Associació de Colònies Felines d’Eivissa (ACFE) ha presentado recientemente un conjunto de alegaciones formales contra el Plan de Gestión Integral Felina (PGIF) de Santa Eulària. Según el grupo animalista, el borrador introduce «zonas de exclusión» y crea una dinámica de reubicación automática de colonias felinas que, afirman, «desnaturaliza» el marco legal estatal, incrementa la posibilidad de conflictos vecinales y provoca un elevado grado de sufrimiento animal evitable.
La normativa nacional vigente, en concreto la Ley 7/2023, determina que la retirada o desplazamiento de gatos comunitarios sólo podrá ser excepcional y motivada, siempre bajo supervisión veterinaria y condicionada a un informe preceptivo de la Comunidad Autónoma. Los animalistas advierten que la nueva norma prevé declarar áreas de «incompatibilidad» (Zonas A) y establecer una franja rígida de 500 metros (Zonas B) donde se legitiman expulsiones sistemáticas, sin justificación técnica individualizada ni participación efectiva de la administración autonómica, como exige la ley.
Alegaciones
La Asociación solicita, entre otros puntos, que se eliminen las declaraciones automáticas de incompatibilidad en Zonas A y que el método CER de alta intensidad (Captura, Esterilización y Retorno) sea la opción preeminente dentro de todo el municipio, permitiendo la retirada o reubicación únicamente bajo causas excepcionales y siempre con base en un informe técnico individual. Además, la organización aboga por suprimir la franja estándar de Zonas B o, en su defecto, delimitarla caso a caso, teniendo en cuenta factores como la conectividad real de hábitats, barreras físicas, densidad humana y presencia efectiva de especies sensibles.
Propuestas adicionales
Los animalistas reclaman la inclusión obligatoria de medidas preventivas previas (adaptación medioambiental, control de accesos y alimentación) antes de valorar cualquier retirada o reubicación de colonias felinas. Igualmente, la asociación insiste en la necesidad de emplear definiciones precisas alineadas con la legislación, evaluar la biodiversidad urbana con informes técnicos específicos y consultar obligatoriamente a las entidades de protección animal en la toma de decisiones. Entre otras peticiones destaca la propuesta de destinar mayores recursos presupuestarios al proceso de esterilización quirúrgica, establecer canales sólidos de denuncia y protección frente al maltrato, e impulsar la intervención municipal en situaciones de emergencia y rescate de animales.
Declaraciones
El portavoz de la Associació de Colònies Felines, Olivier Hassler, explica que "la Ley 7/2023 es clara: la retirada de gatos comunitarios no puede ser la respuesta estándar. Convertir zonas en ‘exclusión’ y empujar a reubicaciones automáticas contradice el espíritu de la norma y aumenta el sufrimiento".
En la misma línea, insiste: "Si se invoca biodiversidad, la ley exige informe preceptivo de la Comunidad Autónoma y una justificación técnica real. Pedimos un PGIF que priorice CER intensivo, prevención y decisiones caso por caso". La entidad solicita, además, que el Ayuntamiento de Santa Eulària convoque una mesa técnica de seguimiento con indicadores públicos —como censo actualizado, porcentaje de esterilización, incidencias e informes de progreso— para garantizar una gestión ética, legal y transparente de los gatos comunitarios en el municipio.
El que quiera gatos que los tenga en su casa, estoy hasta los huev.. de que me llenen de pelo y pulgas la terraza y entren gatos en la cocina y en la casa. Las colonias felinas en bosques y parques no son más que un montón de basura y mierda para que cuatro locas que se aburren tengan algo que hacer. Además se comen conejitos, pájaros y lagartijas.